BALEARESLos propietarios de pisos podrán alquilarlos a turistas por un máximo de 60 días al año

El Parlamento balear ha aprobado este martes, en un pleno extraordinario, diversas modificaciones en la actual Ley de Turismo, que fue puesta en marcha en la pasada legislatura por el Ejecutivo que presidió el popular José Ramón Bauzá. La mayor parte de los cambios aprobados hoy han contado con el apoyo del PSOE, la coalición econacionalista MÉS —por Mallorca y por Menorca— y Podemos, que son las formaciones que en la presente legislatura dan su respaldo al Gobierno regional que preside la socialista Francina Armengol. Por su parte, el PP, Ciudadanos y Proposta per les Illes (PI) han votado en contra de la mayoría de los citados cambios.

Una de las principales modificaciones de la Ley de Turismo implica que los propietarios de pisos podrán alquilarlos a turistas por un máximo de 60 días al año, siempre y cuando el piso que se alquile sea la vivienda habitual del propietario del inmueble.

En los días previos al pleno de este martes, Podemos había planteado que Ibiza y Palma fuesen declaradas zonas de «emergencia habitacional», algo a lo que se han opuesto el PSOE y MÉS, al considerar que esa situación la debía definir la Ley de Vivienda. La posibilidad de poder alquilar pisos más allá de la tipología específica aprobada hoy —la de la vivienda habitual por un espacio de 60 días— queda en el aire.

El vicepresidente del Ejecutivo autonómico y consejero de Turismo, el econacionalista Biel Barceló, ha anunciado, en ese sentido, que a partir de ahora habrá una moratoria de hasta un año por lo que se refiere a la concesión de nuevas autorizaciones para alquileres turísticos tanto en pisos —plurifamiliares— como en casas —unifamiliares—, para permitir que los consejos insulares y los ayuntamientos puedan determinar en qué zonas se autorizarán nuevos alquileres turísticos y en cuáles no. Según el vicepresidente, por primera vez se ha fijado ahora un techo real de plazas turísticas y se ha puesto también orden en el denominado alquiler turístico.

Barceló también ha indicado que, en un futuro, los propietarios de pisos que alquilen sus viviendas a turistas sin la preceptiva autorización podrán ser sancionados con multas que oscilarán entre los 20.000 y los 40.000 euros. En caso de que el arrendamiento irregular sea llevado a cabo por plataformas especializadas o agencias, las sanciones para ambas se situarán entre los 40.000 y los 400.000 euros.

La renovada Ley de Turismo habilitará, asimismo, herramientas para que las administraciones competentes en materia de ordenación turística puedan actuar contra la oferta ilegal. En ese contexto, se endurecerá la actual normativa contra la actividad clandestina, el intrusismo y la competencia desleal.