Así pretende Hacienda saber qué grandes empresas tienen filiales en paraísos fiscales

Dentro de su estrategia frente a las mayores compañías del país, la Agencia Tributaria ha acordado con las grandes empresas aumentar la información que recoge el Código de Buenas Prácticas Tributarias. Este protocolo ya existía y las empresas se pueden acoger de manera voluntaria, pero el Fisco amplía los datos que las compañías que lo firmen deben proporcionar. La Agencia conocerá sus filiales en paraísos fiscales y tendrá el compromiso de que no utilizan estructuras opacas con «finalidades tributarias».

Ello incluye procedimientos de ingeniería fiscal que, pese a ser legales, buscan evitar el pago de impuestos. El modelo de este código es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que pretende aumentar la colaboración de las multinacionales con las autoridades tributarias de cada país de forma voluntaria.

Precisamente, la OCDE también ha puesto en marcha el plan BEPS contra la evasión y elusión fiscal de las multinacionales. Entre los grandes grupos destacan las tecnológicas, que tienen un capítulo aparte dentro de la hoja de ruta de la OCDE.

Incentivo reputacional

El Código de Buenas Prácticas también incluirá el respeto de los principios de este plan de la OCDE. El Foro de Grandes Empresas, compuesto por 27 grandes firmas, votó por unanimidad ampliar la información y ámbitos del código, que ahora cuenta con más de 80 compañías. Ahora el Fisco iniciará contactos para que estas compañías se adhieran y proporcionen la información.

El objetivo es que a medio plazo lo hagan todas las participantes hasta ahora. Hacienda pretende que la adhesión al código suponga un incentivo reputacional para las compañías. De hecho, el organismo se ha planteado otorgar un sello de calidad para aumentar el atractivo del protocolo, si bien lo va a aparcar por el momento.

Alivio de trámites

Las empresas que se unan al código estarán más vigiladas y evaluadas por Hacienda, aunque a cambio aliviarán sus trámites ya que reducirá la conflictividad con la Agencia Tributaria al homogeneizar procedimientos y aumentar la información mutua. De esta forma, también se quiere garantizar una mayor seguridad jurídica para las compañías, que conocerán mejor cuáles son los criterios de Hacienda a la hora de pagar sus impuestos.

A esta iniciativa se unirá el próximo año la obligación para las multinacionales que facturen más de 750 millones de euros de comunicar los impuestos que paga en cada país. Estas empresas también deberán informar de su número de empleados, actividad y beneficios en las jurisdicciones que está presente a la Agencia Tributaria.

Eso sí, si un consejo de administración se acoge al Código de Buenas Prácticas y después resulta que la información proporcionada era falsa, las consecuencias serán mayores que si no hubiera firmado el protocolo.