La odisea de recuperar una vivienda realquilada

Comienza julio. Comienzan sus vacaciones. Busca una vivienda vacacional donde disfrutarlas. Entra en una conocida plataforma, busca una ciudad de destino y descubre, para su sorpresa, que entre los inmuebles ofrecidos se encuentra... su propio piso.

No sería el primero al que le pasa. En las últimas semanas, varios propietarios han recriminado a Airbnb que su vivienda estuviera colgada en la plataforma sin su consentimiento. La fórmula es siempre la misma, el inquilino del inmueble esquiva los controles de la web y realquila el piso sin consentimiento del arrendador. El último caso es probablemente el más sangrante: un piso de Barcelona que se realquilaba para catorce personas.

«Nadie te ayuda, ni Airbnb, ni el ayuntamiento. Parece que solo nos dan una mano si salimos en los medios de comunicación», ha asegurado a la emisora RAC-1 Alexis Gullón.

El caso se ha cerrado rápidamente porque al inquilino «no le interesaba» que le denunciaran.

Montserrat Pérez, otra propietaria que denunció esta ilegalidad la semana pasada, tuvo directamente que alquilar su propio piso para recuperarlo. De hecho, lo «ocupó» hasta que se personó un inspector del Ayuntamiento de Barcelona para evitar que alguien lo alquilara.

«La legislación española realiza una sobreprotección indiscriminada del arrendatario. Esto puede llegar a destrozar al propietario. Normalmente estas personas tienen un conocimiento de la legislación impresionante. Lo mejor, no dejar nunca vacío el inmueble», señala Rafael Roca, socio fundador del despacho Roca & Asociados. El abogado señala que cuando, por ejemplo, se produce una ocupación es el dueño el que debe demostrar con documentos que se ha producido una ilegalidad.

«La justicia va lenta y mal. Si el inquilino que ha realquilado el piso decide 'quedarse' el proceso puede demorarse entre tres y cuatro meses y a ello se suma que muchos jueces se niegan a autorizar un desahucio», añade Roca. En su opinión, estos conflictos también tienen connotaciones políticas: «Un desalojo no ofrece una buena imagen para Ayuntamientos como el de Madrid o el de Barcelona».

300 casos

Los casos de realquileres en Airbnb no han llegado tan lejos. Por el momento. El experto advierte que esta práctica está más extendida de lo que se cree en España. «Las plataformas parten de una base de cumplimiento porque en Estados Unidos ocurre un caso similar y al día siguiente te ponen delante de un juez. En España es distinto. Si esta empresa hubiera nacido aquí, hubiera fracasado en dos días», asegura Roca. El consistorio de Barcelona ya tiene registrados más de 300 casos similares.

La propia plataforma parece sorprendida por estas prácticas. Airbnb ha declinado hacer declaraciones a ABC y se remite a los comunicados que ha publicado respecto a este asuntos. En ellos, defiende que durante los últimos «seis meses» ha intentado marcar con el Ayuntamiento de Barcelona «reglas claras que diferencien entre barceloneses de clase media que comparten sus hogares y operadores profesionales que se dedican como negocio».

«En Barcelona, las leyes que se aplican al home sharing se escribieron para grandes empresas, mucho antes de que Airbnb existiese. Estas leyes protegen a las grandes empresas y excluyen a las familias de clase media de poder beneficiarse de los visitantes. Este es un problema que queremos ayudar a solucionar», añade la empresa.

Desde la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) aseguran por su parte que estas empresas tienen controles apra evitar los «malos usos». Eso sí, reconocen que, aunque existe «voluntad de colaborar», el aspecto del realquiler es «más complicado».