El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, en su comparecencia ante el Congreso
El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, en su comparecencia ante el Congreso - JAIME GARCÍA
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA CRISIS BANCARIA

El Banco de España admite ya que fue un error no nacionalizar el Popular en 2012

El gobernador defiende en el Congreso de los Diputados que el supervisor concedió al banco toda la liquidez que pudo, pero el banco no pudo presentar suficientes garantías

MADRIDActualizado:

La versión oficial a la que se siguen aferrando las autoridades nacionales y europeas es que el Popular quebró por una aguda crisis de fuga de depósitos. Ahora bien, también se empieza a admitir que esa crisis de liquidez ocultaba una delicada situación de solvencia que la entidad arrastraba desde hace año. El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha admitido este martes en el Congreso de los Diputados que el banco fue pasando los distintos test de estrés de forna no precisamente brillante, que ya hace años se apreciaron problemas de morosidad y falta de provisiones y que quizá fue un error no obligarle a solicitar el resto en 2012 junto a Bankia, lo que hubiese implicado su nacionalización.

"Nos pareció que si podíamos quitar peso a la ayuda europea era mejor, es lo que yo pensé. Después uno se pregunta si realmente la decisión fue buena o mala, y quizá fue mala. Parecía que tenía capacidad para seguir adelante por sí mismo, resolver su problema por su cuenta. Quizá fue una mala decisión, pero eso lo vemos ahora. En todo caso es una duda legítima", ha dicho Linde durante su segunda comparecencia ante la comisión de investigación de la crisis financiera. El gobernador ha detallado que con esa decisión se rebaló la factura del rescate. No pocas voces se preguntan ahora por qué el Gobierno y el supervisor no forzaron a la entidad a pedir ayudas públicas entonces, lo que a su vez le habría permitido sanearse dejando sus activos en la Sareb.

El propio Linde ha recordado en este sentido que cuando la consultora Oliver Wyman examinó a toda la banca española en 2012 de cara a determinar las necesidades del rescate del sistema financiero español, se detectó a la entidad entonces presidida por Ángel Ron unas necesidades de capital de 3.200 millones de euros que se comprometió a cubrir con una ampliación de capital. Lo hizo y a cambio, además, se le exigieron desinversiones con plusvalías por 500 millones de euros y un plan de saneamiento de activos por 12.800 millones en tres años, según ha desvelado Linde, quien ha dicho que desde entonces el banco fue vigilado de cerca por los supervisores.

El BCE obligó al Popular a ampliar capital

"Los test de estrés de 2014 los pasó, pero por debajo de las medias española y europea", ha dicho Linde, quien ha informado de que en 2015 el Banco de España y el BCE comenzaron a apreciar deterioros en la cartera crediticia y de activos adjudicados, y en 2016 constataron que el Popular tenía un problema de insuficiencia de provisiones y por tanto menos coberturas frente a posibles pérdidas que sus competidores europeos. Así las cosas, Linde ha desvelado que el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) que preside la francesa Danièle Nouy presionó o aconsejó al consejo de administración del Popular para que ampliase capital –algo que la dirección del Popular negó siempre–, lo que dio lugar a la ampliación de 2.500 millones de euros de la primavera de 2016. El folleto de esa ampliación, que atrapó a pequeños inversores, incluía una estimación de más de 2.000 de pérdidas ese año, que luego se incrementaron notablemente. "Evidentemente se quedó corto", ha reconocido Linde.

Eso desató una crisis de liquidez en forma de depósitos que acab precipitando la resolución del banco y su venta exprés al Santander. Al respecto, el gobernador ha negado que no se le prestase toda la ayuda posible en forma de liquidez hasta el último momento. "El Banco de España le concedió todo lo que podía dar en función de las garantías que presentó", ha dicho Linde.

"Se le dio toda la liquidez que se pudo"

El máximo responsable del supervisor nacional ha recordado que la crisis de liquidez del Popular se agravó a principios de 2017, cinco meses antes de su intervención, y que el 5 de junio de ese año la dirección de la entidad solicitó al Banco de España una línea de liquidez de urgencia (ELA), que se le concedió conforme a las reglas europeas, que exigen que a cambio del banco presente unas garantías. Como la situación se agravó en las siguientes horas, la institución dirigida por Linde solicitó al Banco Central Europeo (BCE) ampliar esa línea, pues al superar los 2.000 millones de euros requería ya el visto bueno de Fráncfort. El supervisor comunitario accedió a ampliarla, pero no se llegó a conceder porque el Popular no pudo presentar las garantías necesarias.

"El Banco de España actúo dentro de la legalidad más estricta", ha defendido Linde antes aquellos diputados que reprochan que si el Popular quebró por una cuestión de liquidez se le debería haber sostenido con dinero de urgencia. Lo cierto es que el gobernador ha apuntado a esa crisis de liquidez como causa última de la resolución del Popular, ahora bien, Linde ha relatado que el que fuera sexto banco del país despertaba dudas sobre su solvencia desde hace años.

Guerra con los inspectores

Esta nueva comparecencia del gobernador ante la comisión de la crisis bancaria en el Congreso fue solicitada por los grupos parlamentarios tanto a raíz de la crisis del Popular como de la respuesta escrita que hizo la cúpula del Banco de España a las críticas de parte de su cuerpo de inspectores a la máxima dirección de la institución. La comparecencia de Linde el pasado verano ante el Congreso para presentar el informe de 257 páginas en que el Banco de España hace una fría y aséptica descripción de la crisis bancaria en España dio inicio a esta comisión. Entonces el gobernador admitió que el supervisor pudo hacer más para evitar la debacle del sector bancario, que erró al no prevenir la intensidad de la recesión, pero justificó que si el banco central nacional no hizo más es porque no tenía las suficientes herramientas legales.

"Lo que ocurrió se pudo evitar", declararon sin embargo en esa misma comisión ya en otoño los portavoces de la Asociación de Inspectores y Auditores Informáticos del Banco de España (IEB), que culparon a la cúpula del organismo de no desplegar todas las medidas posibles, permitir las fracasadas fusiones frías y silenciar las advertencias concretas de los inspectores sobre las entidades con problemas, entre otras críticas. El consejo de gobierno del Banco de España salió al paso de esas palabras con una carta a la Cámara baja en la que rechazaron esas críticas, que calificaron de "inaceptables".

Linde no ha entrado este martes a valorar las críticas de los inspectores, y se ha limitado a defender que la posición de los órganos de gobierno del Banco de España manifestada en esa carta "describe bien lo que piensa el consejo de gobierno, el comité ejecutivo y muchas personas" de la institución. Ahora bien, ha negado que, como insinúan los inspectores, los nuevos sistemas de acceso a la carrera que se han introducido tras la puesta en marcha de la unión bancaria no valoren los conocimientos y premien "el amiguismo". "Es falso, son infundios. Es algo distinto, sí, pero igual de duro y rigurosos", ha dicho tajante.