Europa pone coto a la ingeniería fiscal de las multinacionales

Europa nunca se ha distinguido por su rapidez en tomar decisiones en ningún orden, sino más bien por todo lo contrario, pero en el caso de la armonización fiscal el retraso es especialmente sangrante. La realidad es que la fiscalidad no es una competencia transferida a la Unión Europea, sino que hay un compromiso de armonización fiscal, lo que supone que en Bruselas se acuerdan una especie de tipos mínimos impositivos y luego cada país establece los suyos siempre superiores a los mínimos fijados, como pasa por ejemplo con el IVA.

En el caso del impuesto de sociedades que pagan las empresas el asunto es tan complejo que la realidad es que los países compiten entre sí por llevarse los suculentos tributos que pagan las multinacionales, vamos, la antitesis del espíritu europeo.

La Comisión Europea lleva años intentando aunar voluntades para que los países que ofrecen a las empresas importantes rebajas fiscales renuncien a seguir haciéndolo. Misión imposible. Irlanda, por ejemplo, el país que tiene el tipo del impuesto de sociedades más bajo, el 12,5%, ha hecho de este asunto un "casus belli" con el argumento de que cada país tiene que jugar sus cartas para ofrecer las ventajas competitivas que tiene y que, en su caso, han decidido que son los bajos impuestos.

Y para muestra del poder de atractivo que Irlanda tiene para las multinacionales es que cuando decidió bajar el tipo de sociedades hasta el 12,5% se triplicó su recaudación. Éxito total que no queda ahí porque, en una nueva vuelta de tuerca, el Gobierno del país conocido como "el tigre celta" ha aprobado una nueva rebaja del mencionado tipo al 6,5% para los beneficios de las empresas procedentes de las patentes y la propiedad intelectual. Suma y sigue.

En este punto hay que recordar que otros países como Reino Unido, Luxemburgo y Holanda ya tienen establecidos unos gravámenes inferiores al tipo general.

En este contexto Bruselas ha decidido cambiar el tercio y, ya que no ha logrado aunar las voluntades políticas de los países para frenar la competencia desleal que se hacen entre sí, atacar por otro lado. Esta misma semana la Comisión Europea ha decidido exigir a Bélgica que recupere cerca de 700 millones de euros en ayudas públicas ilegales concedidas a 35 multinacionales durante los últimos diez años, a través de un sistema que permitió a estas empresas deducirse de la base del impuesto de sociedades los denominados "beneficios excesivos", aquéllos que supuestamente resultan de las ventajas que supone formar parte de un grupo multinacional.

Este tipo de deducciones fiscales supera generalmente el 50% y a veces alcanza el 90% de los beneficios afectados por la decisión anticipada, y ha permitido a las multinacionales pagar una cantidad de impuestos "netamente inferior" en Bélgica, según las conclusiones de la Comisión.

«Only in Belgium»

La publicidad es muy práctica para ver el mensaje que quiere dar el anunciante y, en este caso, el Gobierno de Bélgica denominó a este sistema de rebaja de impuestos para las empresas de una manera un tanto llamativa. "Only in Belgium", en referencia a lo único de este sistema que se ofreció a multinacionales, pero no a sociedades independientes presentes únicamente en Bélgica. Esta decisión de Bruselas afecta al menos a 35 multinacionales, aunque se investigaron cerca de 60 sociedades cuyo nombre no ha sido revelado por motivos de confidencialidad. En su día la prensa belga publicó que entre las empresas investigadas estaban la cervecera AB InBev y British American Tobacco.

El argumentario de la Comisión Europea es que "los países cuentan con numerosos medios legales para incentivar las inversiones en su territorio, por lo que no tienen que dar ventajas ilegales a determinadas grandes empresas que dañan gravemente" la competencia leal en la UE".

Desde el despacho de abogados español Briz, especializado en temas mercantiles, se asegura que "el asunto de las ayudas de Estado es un tema complejo que no debe generalizarse ya que no todo ahorro impositivo constituye una ayuda estatal, como se comprobó en España con ocasión del tratamiento fiscal del fondo de comercio financiero y más recientemente con la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea sobre el "tax lease" del sector naval español".

El mencionado expediente contra Bélgica forma parte de la campaña que lanzó el Ejecutivo comunitario para acabar con las prácticas de ingeniería fiscal a las que recurren las multinacionales para minimizar el pago de impuestos en Europa.

Esta compleja tarea de lucha contra los artificios fiscales de las multinacionales no solo la lleva a cabo la Comisión Europea. El Parlamento Europeo lleva mucho tiempo intentando frenar este tipo de prácticas, sobre todo a raíz del escándalo conocido como "LuxLeaks", destapado a finales de 2014, y por el que casi 350 multinacionales (Pepsi, Ikea, AIG, Fiat, Amazon, JP Morgan, Heinz, Burberry, PIMCO o Deutsche Bank, entre otras) firmaron acuerdos secretos con Luxemburgo para rebajar sus impuestos. El asunto supuso un escándalo político de primer orden porque afectó directamente a Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, que era primer ministro y ministro de Finanzas de Luxemburgo en los años en que se firmaron los acuerdos, entre 2002 y 2010. Más de lo mismo.

Algunas compañías consiguieron, incluso, pagar impuestos de sociedades de tan sólo el 1% sobre los beneficios que llevaron a Luxemburgo. Una prueba más de esta argucia, que es legal pero de dudosa moralidad, es que una sola dirección de la capital del país, el número 5 de la calle Guillaume Kroll, es la sede fiscal de 1.600 compañías, según los documentos revelados.

La Comisión Europea ha estimado que la ingeniería fiscal de las multinacionales, que les permite a algunas reducir los impuestos que pagan a casi cero, le cuesta a las arcas públicas europeas alrededor de 1,1 billón de euros, prácticamente el Producto Interior Bruto (PIB) anual de España.

España debe ser proactiva

Mientras tanto, la situación en España, desde el punto de vista de los expertos de Briz, es que "el Gobierno debería articular un sistema fiscal competitivo que atraiga inversión y empleo. El país dede tener una actitud proactiva en el terreno fiscal, más allá de que desde Europa se pueda llegar a aprobar una base imponible consolidada común o la fijación de tipos mínimos a nivel europeo".

Otras fuentes expertas en tributación empresarial internacional aseguran que "lo que ocurre en la Administración tributaria española es que es muy activa en materia de inspecciones pero no tanto en la fase anterior, o lo que es lo mismo, le faltan medios materiales y humanos con conocimientos específicos de la fiscalidad internacional, a diferencia de lo que pasa en otros países que no tienen unos tipos especialmente bajo en los tributos, como es el caso de Holanda, pero donde la Administración es muy certera en el sentido de la aplicación de las normas tributarias, y eso da mucha confianza a las empresas. En España a veces se produce un exceso de judicialización de las disputas tributarias entre empresas y Hacienda".

En cuanto al éxodo de empresas que han trasladado parte de su producción a Irlanda en busca de su optimización fiscal, tal y como ha hecho la española Grifols, los expertos creen que "en un mundo global no es muy apropiado hablar de un traslado de sede, sino que las empresas españolas se han internacionalizado mucho en estos años de crisis y buscan optimizar sus finanzas, lo que es completamente normal".

Pfizer y Allergan

La competencia fiscal entre países es algo tan cotidiano que sido objeto hasta de debate en el Congreso de Estados Unidos a raíz de la fusión entre Pfizer y Allergan. En esta operación de fusión, la empresa más pequeña, Allergan, compraba la más grande simplemente porque la sede de la primera está en Irlanda, lo que se traduce en un importante ahorro de impuestos. El escándalo político que generó esta noticia obligó a que se debatiera en el Congreso norteamericano, donde se ultima endurecer la legislación para evitar este tipo de prácticas.

En el caso de la legislación tributaria española Briz considera que "se ha aprobado una modificación legislativa a nivel doméstico, muy dudosa desde el plano técnico-legal, que atribuye a la Administración —a modo de tribunal inquisitorial— poderes exorbitantes para definir la ingeniería que es susceptible de constituir una infracción, vulnerando algunos de los principios legales más básicos y contribuyendo a la inseguridad jurídica y mayor conflictividad, lo que obligará a las empresas a dedicar mucha atención y recursos a este asunto".

Desde la Secretaría de Estado de Hacienda se asegura que "España está plenamente integrada en los proyectos internacionales existentes para impulsar el intercambio de información tributaria, elevar la transparencia fiscal y evitar todo tipo de planificación fiscal agresiva por parte de las multinacionales".

Desde 2012 el Gobierno ha ido anticipando medidas contra la erosión de la bases imponibles por la vía de la deducción de intereses, aspecto que se mantuvo en la reforma fical que entró en vigor en enero de 2015. Además en la reciente reforma del Impuesto de Sociedades se incluyeron también una serie de aspectos para limitar las planificaciones fiscales agresivas como la prohibición de deducir los gastos derivados de instrumentos financieros cuando el destinatario de los rendimientos en otro país no tributa por ellos (los denominados híbridos).

A lo anterior se le ha añadido la clausula país por país, en vigor desde este mes, por la que las grandes empresas con un volumen superior a 750 millones de euros e implantación en trasnacional estarán obligadas a suministrar información a Hacienda de forma desagregada sobre el volumen de ingresos y pago de impuestos en donde estén implantadas. El primer año en que se podrá procesar e intercambiar información es 2017, pero con datos referentes ya a 2016. Además, España ha firmado en acuerdos bilaterales para evitar la doble imposición y el intercambio de información tributaria con el fin de impulsar las inversiones extranjeras y mejorar la lucha contra el fraude fiscal. Toda una batería de medidas con el único propósito de luchar contra la planificación fiscal agresiva de las empresas.