García Tejerina, esta semana en el Ministerio de Agricultura, junto a la estación de Atocha
García Tejerina, esta semana en el Ministerio de Agricultura, junto a la estación de Atocha - ALBERTO FERRERAS

«Estoy muy ilusionada con los retos que tengo como ministra de Agricultura»

Entrevista con Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

MADRIDActualizado:

La candidatura de Luis de Guindos a la vicepresidencia del BCE obligaría al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a reubicar a alguno de sus ministros para cubrir la cartera de Economía. Entre los candidatos, la titular de Agricultura descarta esa posibilidad porque quiere centrarse en usar sus «dotes de negociación» para afrontar el nuevo reparto de ayudas europeas, acordar el Pacto del Agua y mejorar en la eficiencia medioambiental..

—Su nombre aparece en todas las quinielas para suceder a Luis De Guindos. ¿Se ve en ese puesto?

—Él es un candidato excepcional para ocupar ese cargo en el BCE y cualquier otro de responsabilidad en el ámbito comunitario. Tiene un prestigio muy importante a nivel europeo, porque saben que parte de la recuperación milagrosa de España se debe en gran medida al ministro de Economía. Yo estoy tremendamente ilusionada como ministra de Agricultura para asumir los retos que este departamento me otorga.

—¿Sus afines destacan las dotes de negociadora que tiene en el ámbito de la UE, un aspecto clave para asumir la cartera de Economía?

—Esas mismas dotes son las que también hacen falta también para defender los intereses de los agricultores y los ganaderos en Bruselas. Mi vocación y experiencia las necesita el sector agrario porque estamos a las puertas de la negociación de un presupuesto comunitario donde España priorirazará la Política Agraria Común (PAC). La experiencia negociadora es un grado para cualquier política del Ejecutivo. Lo que celebro es que la gente lo tenga en cuenta conmigo porque al Gobierno no se viene a hacer curriculum sino a ponerlo al servicio del ciudadano.

—¿Son necesarios cambios en el Gobierno para lograr el «impulso» al que ha instado Rajoy?

—Primero están los intereses de España, después los del Gobierno y los del partido. Seguramente hay que dar un impulso porque hay muchas noticias positivas que se deben a la acción del Ejecutivo y, sin embargo, los ciudadanos no nos las atribuyen a nosotros. La aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña es el mejor ejemplo: fue una decisión del Gobierno, pero al presidente no se le reconoce toda la responsabilidad que asumió. He de recordar que en septiembre, antes del 1-O, PSOE y Ciudadanos decían ‘no’ al 155. Y ahora parece que el Gobierno no haya tenido nada que ver con esa aplicación. Por eso, creo que tenemos que cubrir los huecos informativos que hemos dejado de lado. Pero no podemos perder tampoco nuestra impronta: la eficacia en la gestión. Estamos aquí para transformar y mejorar la vida de los españoles, no para bailar al son de la demoscopia. Somos el Gobierno de la recuperación y del millón y medio de nuevos trabajos que se han creado estos últimos años.

—¿A estas alturas, ¿reconocen que han cometido errores?

—Seguro que sí. Porque entre la cantidad de decisiones que hemos adoptado es imposible pensar que en alguna no nos hayamos equivocado, por acción u omisión. También hay que pensar en el trabajo realizado en estos seis años para cambiar el país. En nada se parece la España de 2018 con la de 2011. Hoy nos dan dinero para financiarnos; hay más empleo; más mujeres que nunca trabajando; avanzamos, no todo lo rápido que desearíamos, en reducir la brecha salarial... Y aún no hemos cumplido todos los objetivos. Siempre tenemos que rendir más cuentas.

–¿También en materia de los casos de corrupción del PP?

—También, porque ha habido errores en materia de corrupción, sin ninguna duda. El problema es que, a lo mejor, no hemos explicado por qué hay ahora tantos casos juzgándose, aunque sean del pasado. Quizá sea porque nunca se han dado más facilidades a las instituciones para combatir la corrupción. Hemos legislado para ir contra los corruptos y hemos facilitado al sistema jurídico y de Fuerzas de Seguridad para que se combatan estos casos, aunque no sea esa la percepción.

–Uno de los retos que se le plantean en Bruselas es gestionar el nuevo presupuesto de la Política Agraria Común (PAC), ya sin contar con la aportación de Reino Unido. ¿Se verán afectados los fondos que actualmente recibe España?

—Pondremos toda nuestra vocación y experiencia al servicio de agricultores y ganaderos. Yo recuerdo las negociaciones de 2013, que fueron muy complicadas, pero en las que conseguimos ser, contra todo pronóstico, receptores netos. El Brexit supondrá 13.000 millones de euros menos al año, y las nuevas política de inmigración y seguridad se llevarán otra parte del presupuesto. La situación es difícil, pero ya hemos empezado a trabajar para tener el mejor resultado en la PAC.

–Un recorte de ayudas puede ser el germen del euroescepticismo...

—No lo creo. Todos sabemos lo importante que es la UE para España. Trabajamos por mejorar la PAC y para que el mercado común remunere mejor a agricultores y ganaderos, después de que en 2017 se batieran récords en valor de la producción, renta agraria y exportaciones.

–Al hilo del conflicto catalán, Agricultura restringió el crecimiento de la producción de cava en otras comunidades. ¿Fue una medida para evitar calmar los ánimos del proceso independentista?

—El trato para el cava va en la línea del resto dado a otras superficies de viñedo. Actuamos, según lo que dicte la Denominación de Origen. La Comunidad Valenciana y Extremadura pueden aumentar su producción de cava, porque no todo se elabora después allí. Pero la razón última de la decisión que tomamos es la misma que se aplica a cualquier otro sector en su defensa: un crecimiento ordenado de la producción. Sin esta medida, en un año podríamos duplicar, en el caso extremo, esa producción, y no hay mercado para absorberlo. Si queremos que el cava siga teniendo valor y prestigio, y que los viticultores sigan teniendo buenas rentas, es necesario acordar un crecimiento ordenado. Que nadie busque otra justificación.

–Ante el cierre de centrales de carbón, usted priorizó el medio ambiente a los efectos que pudiera tener en el precio de la luz. ¿Mantiene esa discrepancia con Energía?

— No hay ninguna discrepancia. Nosotros asumimos unos compromisos medioambientales, que hoy cumplimos en un 10% por encima de lo establecido. Estos compromisos ponen unas condiciones al mix de producción energética. Pero Energía no cuestiona esta realidad. Una vez que se cumplen las exigencias medioambientales, y recuerdo que España va por delante de sus obligaciones y por delante de países a quien le gusta poner de ejemplo como Francia y Alemania, entonces tenemos margen para buscar un mejor precio con la decisión sobre estas centrales. Porque entendemos que el precio también es importante y buscar un mejor recibo significa atender a las familias, que en ocasiones les cuesta pagar el recibo, y la competitividad de las empresas frente al exterior.

– ¿El Gobierno es partidario de realizar más trasvases?

— Nuestra voluntad de que no haya enfrentamientos está por encima de todo. Tenemos un objetivo de que todas las comunidades estén mejor con un pacto que sin él. Probablemente no se resolverá todo. Hemos avanzado muchísimo en materia de planificación y política de agua durante la pasada legislatura, pero ahora es importante abordar determinadas infraestructuras y decisiones que han de tener vocación de permanencia y por eso es necesario este acuerdo. En un país como España es muy importante saber que no se puede decir no a ninguna fuente de agua y da lo mismo hablar de desalación, reutilización o de trasvases.

-¿En España se derrocha agua? ¿Hay conciencia para su ahorro?

-Ha llovido mucho y ver las imágenes de la nieve caída nos hace más difícil comunicar a los ciudadanos que España todavía sigue teniendo un problema de sequía importante. Podemos ahorrar más agua y todavía debemos tener una mayor conciencia. Y la debemos tener en situación de sequía y aunque no la hubiera. El agua que no gastemos es la que vamos a tener a nuestra disposición si hay sequía. Por lo tanto es necesaria una cultura de eficiencia de agua. Necesitamos una gran concienciación por parte de todos, porque cada gota cuenta con sequía y sin sequía. Lo importante es que cada uno, en la medida de sus posibilidades, haga un esfuerzo de solidaridad y de responsabilidad.

-¿Qué supone en este momento el Pacto Nacional por el Agua?

-Es la continuación de lo que hay que hacer después de lo muchísimo que hemos hecho durante la legislatura pasada, pero parece que ahora comenzamos a acordarnos del agua. Durante 2017 hemos convocado 125 reuniones en materia de agua y después de este largo proceso de escucha hemos identificado los cuatro ejes del Plan Nacional por el Agua. La atención de las demandas que pasan por infraestructuras, por completar la eficiencia, por acabar con la modernización de los regadíos, por tener todas las redes de distribución en el mejor estado para evitar pérdidas, por seguir cuidando nuestro medio ambiente. Hay que hacer caudales ecológicos, que tienen que ser revisados y ampliados en número, hay que seguir con la depuración del agua y hay que abordar la gestión del agua para espacios naturales emblemáticos que dependen de una gestión integrada del agua como ocurre en el Mar Menor, como en el Delta del Ebro, como en Doñana… todas las comunidades autónomas nos han identificado alguna zona. También son muy importantes los planes del riesgo de gestión de inundaciones.

-¿Tiene España tan mala calidad del aire como denuncian desde Bruselas?

-España no tiene un problema de calidad del aire. La calidad del aire ha mejorado. En 2010 había ocho infracciones, hoy hay cinco. Pero sí hay dos problemas importantes en emisiones, Madrid y Barcelona. El problema es medioambiental, pero lo que es más preocupante es de salud pública. Son millones de españoles los afectados.

-¿Se ha presentado a la Comisión toda documentación, incluidas las últimas medidas anunciadas por el Ayuntamiento de Madrid?

-En enero remitimos a la comisión el Plan Nacional de Calidad del Aire, aprobado en diciembre. Este plan se hace para ayudar a los ayuntamientos a cumplir con sus atribuciones como administración. Son ellos los que gobiernan la calidad del aire y deben adoptar las medidas que crean más eficaces y que menos incomoden a los ciudadanos. Lo que se le llevó a la Comisión fue la información que hasta esa fecha nos habían aportado ayuntamientos y comunidades autónomas. Ahora hay algún anuncio adicional de los ayuntamientos y hay que decir que los hemos ido conociendo por la prensa. Hoy (por este viernes) por la tarde hemos terminado de recabar la información y remitir a la Comisión todo lo que nos han dado las administraciones. Mientras la secretaria de Estado estaba defendiendo en Bruselas las medidas presentadas por los ayuntamientos, lo ayuntamientos (Madrid) estaban anunciando otras medidas que nosotros no conocíamos.