España cumplió el déficit en 2016 por el superávit de los pequeños municipios

Los ayuntamientos disponen de 20.000 millones de euros en depósitos que les impide gastar Hacienda

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Valderrebollo es un pequeño pueblo de Guadalajara de 28 habitantes. Sus vecinos están contados y hace unos años uno de ellos se cayó a una sepultura por los desperfectos del cementerio. Ante este suceso, el ayuntamiento decidió arreglar el camposanto utilizando el remanente que tenía ahorrado. Como relata su alcaldesa, María del Carmen Martínez, inmediatamente Hacienda les exigió un plan de ajuste ante esta inversión extraordinaria. «Funcionamos haciendo malabarismos y ajustándonos a lo que tenemos», afirma la regidora. Sus cuentas son impecables: gastan lo que ingresan y su remanente es de casi el doble de su presupuesto, ya que Hacienda no les deja gastar más. «Somos los pueblos pequeños los que más estamos sosteniendo las cuentas públicas», asevera la alcaldesa.

Habla por experiencia.

Como Valderrebollo, hay miles de ayuntamientos en España que guardan casi 20.000 millones de euros ahorrados en depósitos bancarios sin posibilidad de gastarlo por la vigilancia del Ministerio de Hacienda, que aplica la Ley de Estabilidad con rigor. La norma se aprobó en 2012 para asegurar el control y la sostenibilidad de las administraciones. Desde su aprobación las entidades locales han tenido superávit año a año. El año pasado cosecharon el mayor de su historia: más de 7.000 millones de euros, un 0,64% del PIB, frente al déficit del resto de las administraciones. Gracias a los ayuntamientos, España cumplió el objetivo de déficit del año pasado por primera vez en una década, pese a que ninguna de las administraciones alcanzó sus metas -salvo la Seguridad Social, que por otro lado registró el mayor déficit de su historia-. Los municipios tienen paralizados en bancos una cantidad similar al déficit de la Seguridad Social: 20.000 millones.

El origen de este superávit récord en 2016 se explica por la mejora de las corporaciones locales más pequeñas. Las ciudades con más de 250.000 habitantes empeoraron sus números y redujeron su superávit un 1,5% en 2016 hasta los 1.776 millones de euros. El impulso vino del resto de las corporaciones locales, que elevaron un 60% su superávit hasta los 5.594 millones de euros, 2.117 millones más que en 2015. Así, todo el aumento del superávit el año pasado, un 0,2% del PIB, provino de las entidades locales pequeñas y medianas.

Mientras las principales ciudades incumplieron la regla de gasto, que impide que el desembolso público crezca más que el PIB, los pequeños municipios tienen menos margen político para incumplir ante Hacienda. Algunas de las grandes ciudades se han enzarzado en conflictos públicos con el Ministerio dirigido por Cristóbal Montoro, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid, por el control de sus cuentas. El consistorio de Manuela Carmena redujo su superávit un 19,1% y vulneró en 233 millones de euros la regla de gasto el año pasado, por lo que ahora debe aplicar un recorte inminente en sus cuentas a petición de Hacienda. Pese a ello, la ciudad generó una séptima parte del superávit de todos los municipios en 2016: 1.115 millones de euros. Barcelona también redujo su superávit un 32,7% hasta los 113 millones e incumplió la regla de gasto. Entre las grandes ciudades, en 2016 Málaga, Sevilla, Ceuta y Zaragoza (en este caso, influido también porque en 2015 afloró gastos ocultos del tranvía de la ciudad y en 2016 volvió al superávit) han mejorado su situación. El resto de grandes ciudades por presupuesto empeoraron sus números.

«Hay ayuntamientos de Podemos que tienen superávit porque lo exige la ley, si fuera por ellos no lo harían», señaló el propio ministro Cristóbal Montoro. En este sentido, el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, admitió que el Estado incumplió su objetivo de déficit porque desde el Ministerio se contaba con que los ayuntamientos tendrían superávit para cubrirlo.

Contra la «ley Montoro»

Algo que ha venido sucediendo en los últimos años y que ha motivado las protestas de los ayuntamientos, que quieren gastar sus ingresos con más libertad. La Ley de Estabilidad fija que el superávit solo puede dedicarse a la amortización de deuda, al pago de facturas a proveedores y a inversiones sostenibles, es decir, que eleven el crecimiento en los próximos años. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha protestado ante el Gobierno por este corsé al gasto, y ha pedido poder reinvertir el superávit reformando la Ley de Estabilidad. De lo contrario, su presidente, Abel Caballero, ha anunciado movilizaciones de los alcaldes.

«No queremos ahorrar nosotros y que se lo gasten las comunidades», señaló en una entrevista hace unos meses con ABC. Caballero también pide que el Gobierno reforme los Presupuestos para que los consistorios puedan reinvertir ya el superávit de 2016 este año. Si las cuentas se aprueban en junio, los municipios no tendrán tiempo en seis meses de aprobar las inversiones correspondientes, por lo que el también alcalde de Vigo pide que este gasto compute en 2017, ya que en 2018 los municipios volverán a tener un superávit «de 7.000 millones».

Ingresos estables

Otra razón de que los municipios tengan superávit desde 2012 es que sus ingresos (vía impuestos como el IBI) han sido más estables. El presidente de la Autoridad Fiscal, José Luis Escrivá, resaltó el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados que, frente a los problemas de la Seguridad Social y las tensiones financieras de las comunidades ante el aumento del gasto sanitario, los ayuntamientos habían engordado en 3.500 millones el año pasado el remanente que tenían aparcado en depósitos bancarios y que ya llega a 20.000 millones. Hacienda no se los permite gastar y como siguen tenido superávit, cada año este importe no deja de crecer: desde que se aprobó la Ley de Estabilidad en 2012, los municipios han pasado de tener 10.700 millones en 2011 aparcados en bancos a duplicar este importe en cinco años.

Ello ha provocado también que las entidades locales redujeran su deuda en 12.000 millones desde 2012. El recorte fue de 2.559 millones hasta los 32.094 millones el año pasado. Así, los ayuntamientos consiguieron en 2016 que su deuda bajara del 3% del PIB, objetivo que la Ley de Estabilidad marcaba para 2020. Es la primera Administración que consigue cumplir esta meta.

La diferencia de recursos de los municipios frente a otras administraciones se abordará este año en la reforma de la financiación territorial. Mientras tanto, Valderrebollo seguirá uniéndose cada Navidad a otros pueblos para tener cabalgata de Reyes, y cuadrando así año a año sus cuentas.

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