Las empresas adelantan los ajustes por miedo a los cambios laborales

Grandes y pequeñas empresas comienzan a mover ficha. La incertidumbre generada tras las elecciones del pasado 20 de diciembre y el anunció de derogar la reforma laboral realizado por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pesado para que las compañías que tenían planes a medio plazo para adelgazar sus plantillas quieran adelantar las restructuraciones en previsión de un endurecimiento de la normativa, según confirmaron a ABC los principales despachos de abogados laboralistas de España, que ya trabajan en algunas de estas regulaciones de empleo.

Aseguran estas fuentes que es el miedo a que en un futuro se eliminen de la normativa las opciones que hoy posibilitan que el despido sea el último recurso, lo que ha empujado a estas empresas a dar el paso.

Y explican que son compañías de todos los sectores, salvo el financiero, más pendiente, aseguran, de las reformas que pudieran llegar para realizar nuevos despidos si se diera el caso.

Las probabilidades de que la reforma aprobada en 2012 por el Gobierno de Rajoy sea modificada son tan amplias que, incluso, aunque gobernara el Partido Popular, necesitaría de apoyos para hacerlo. El PSOE, en línea con Podemos, ha anunciado que liquidaría la reforma y Ciudadanos defiende cambios de calado en la ley. En concreto, la generalización del llamado contrato único con indemnización creciente en función de la antigüedad, una fórmula que, esconde, en la práctica, una abaratamiento de las extinciones. Las reglas de juego ya no están claras y las empresas, sobre todo las grandes, ya recortan sus plantillas.

Los datos sobre expedientes de regulación de empleo (ERE) son reflejo de lo que está ocurriendo desde que se conoció el resultado de los comicios de finales de 2015. Entre enero y noviembre de ese año los diez grandes ERE planteados por empresas de más de 250 trabajadores afectaron a más de 6.400 trabajadores. Y desde noviembre hasta hoy los planteados ya afectan a más de 2.500 trabajadores. Es decir, que en poco más de dos meses se han presentado extinciones que suponen casi el 40% de todos los procesos planteados en once meses del año pasado. A ese periodo de 2015 corresponden regulaciones como las planteadas por Caixabank (700 bajas voluntarias), Iberia (1.427), Eulen (362), Indra (1.720 bajas) o Repsol (1.500).

Las extinciones que ahora se plantean salpican a todos los sectores. Telecomunicaciones, alimentación, financiero, tabaquero, construcción... El paso lo han dado Orange (550 trabajadores), Abertis (471 trabajadores), Bimbo (34), Sacyr (420), EVO (135) y Delphi (550), entre otros.

Caída de la confianza

Lorenzo Amor, presidente ATA, aseguró a ABC que «la situación se deteriora y ya hay signos de que la incertidumbre y el inmovilismo político nos está pasando factura». Recordó que la confianza de los consumidores registró en enero su mayor caída desde 2012, de ocho puntos, destacó que la afiliación se redujo en el mes más que en los dos últimos años (-204.403) y que se perdieron casi la mitad de los autónomos ganados en 2015.

Y según Amor, «hay menos emprendedores y menos contratos a la vista». Explica que el barómetro que elabora la organización que dirige refleja que los autónomos que no sabían si iban a contratar o no en 2016 ha crecido en 24 puntos. «Cada oficina de ATA recibía todos los días 3 o 4 visitas para asesoramiento. En el último mes y medio, solo entra el cartero», apunta.

El temor de las empresas es volver a la situación anterior a la reforma laboral, el escenario a la medida de partido de Pablo Iglesias que ha planteado Sánchez. Deshacer el camino andado es el objetivo, con medidas como la supresión de la prioridad del convenio de empresa sobre los convenios de ámbito superior, y el mantenimiento de la «ultraactividad» (el tiempo de vigencia una vez que han caducado) durante el periodo de renegociación, así como fijar un periodo máximo (12-18 meses) a partir del cual, y previo acuerdo interconfederal, se remitirían las discrepancias a un árbitro.

Más poder sindical

La propuesta socialista quiere acabar con la opción que tienen ahora las empresas de modificar de forma unilateral las condiciones de trabajo, lo que ha permitido frenar la sangría de despidos durante la crisis. También quiere suprimir los «descuelgues», además de devolver protagonismo a los sindicatos en la negociación colectiva. Y aúnque no pretende devolver el despido improcedente a los 45 días por año (la reforma del PP rebajo hasta 33 días a contar desde 2012) si quieren recuperar la «proporcionalidad» de las causas en los despidos colectivos. 

Sobre despido también se ha posicionado Ciudadanos. Quiere poner en marcha un seguro contra el despido con aportaciones empresariales a una cuenta individual de cada trabajador de un 1% de su salario» (una fórmula similar a la conocida mochila austriaca), que se sumaría a las indemnizaciones por despido que corresponden al contrato único que proponen.

Ciudadanos plantea también un «bonus-malus», para que las empresas que abusen del exceso de la rotación laboral tengan que pagar más cotizaciones a la Seguridad Social y las que no se basen en la rotación puedan pagar menos cotizaciones , con el objetivo de reducir la temporalidad.