Una crisis que evidencia, de nuevo, los límites de los auditores

La petición de preconcurso de acreedores por parte de Abengoa sorprendió a los miles de accionistas, bonistas e inversores que habían confiado en la situación financiera de la compañía, pese a que desde finales de 2014 la compañía realizó movimientos que, cuando menos, arrojaron incertidumbre sobre su liquidez. En noviembre de ese año tuvo que reformular sus cuentas y afloró la emisión de un bono para financiar proyectos de energías renovables en Iberoamérica de más de 500 millones.

Estas obligaciones provocaron el primer seísmo en la empresa andaluza: unos días antes la agencia Fitch había denunciado en un informe que el nivel de endeudamiento real de la energética duplicaba al reconocido oficialmente, ya que estos títulos, catalogados como «deuda sin recurso» y, por tanto, no reconocidos como deuda avalada por la sociedad matriz, sí debían estar «de facto» garantizados por la compañía y sus filiales.

Abengoa argumentó que se trataba simplemente de un «malentendido». Y Deloitte, auditor de la compañía desde 2012, respaldó la posición de la firma entonces presidida por Felipe Benjumea y señaló que tras la revisión no se observaban indicios de vulneración de las normas internacionales de contabilidad.

De hecho, desde entonces, en los informes financieros anuales e intermedios no existe ninguna advertencia sobre la situación precaria de liquidez de la compañía hasta el pasado 13 de noviembre, cuando en una nota adjunta en los resultados trimestrales el socio de Deloitte Manuel Arranz reconocía que «los problemas para acceder tanto a los mercados de deuda como a las renovaciones de algunas de las líneas de circulante» indicaban «la existencia de una incertidumbre que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la sociedad para continuar como empresa en funcionamiento».

Conviene matizar que en las querellas que se han presentado contra los administradores de Abengoa no se denuncia el falseamiento de las cuentas. Y, por tanto, como recordó el pasado martes el abogado Javier Cremades, secretario general de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), no se ha cuestionado la veracidad de los estados contables. La demandas -como la civil presentada por Aemec- se fundamentan en que los directivos difundían una imagen de la compañía que -apuntan los denunciantes- no se ajustaba al estado real de sus balances.

La Aemec también criticó el papel de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que, pese a que la cascada de informaciones sobre la compañía provocaron un fuerte retroceso en Bolsa de las acciones de tipo A y B durante estos últimos 12 meses (las de segundo tipo se han desplomado más de un 80% en el último año) sólo exigió información adicional en dos ocasiones: sobre sus cuentas anuales y la desinversión en su filial estadounidense Abengoa Yield. ¿Por qué -al igual que sucedió con casos recientes como Bankia o Gowex- el supervisor fue incapaz de anticipar la debacle? La presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, se ha limitado a trasladar su confianza en que Abengoa supere el preconcurso.