AENA: Una segunda fase entre incógnitas

El presidente del operador aeroportuario defiende una mayor privatización para desarrollar su proyección mundial

Vídeo: José Manuel Vargas dimite por motivos personales ERNESTO AGUDO
Luis M. Ontoso

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En la que ya es su última intervención en la junta de accionistas de AENA, José Manuel Vargas puso el acento en el concepto de «cambio», pese a que el cómodo entorno económico del grupo en 2016 -beneficio de 1.164 millones- habría invitado en cualquier otra firma del Ibex 35 a la placidez, a la inmutabilidad: anuncio de reparto de dividendos, estimaciones para el presente año, muestras de agradecimiento a inversores y empleados y todos contentos con el preceptivo obsequio de recuerdo. No fue así la comparecencia del presidente del operador aeroportuario , en la que se intuyó cierta urgencia de transformación. Vargas llamó a «accionistas, con el Estado a la cabeza, directivos y trabajadores» a estar comprometidos con un viraje «necesario» sin el cual la «compañía queda limitada en sus posibilidades y recorrido».

El máximo responsable de AENA no mencionó los detalles de ese cambio esencial. Pero resultaba complicado desligar sus palabras de la reclamación efectuada públicamente por el máximo accionista privado de la compañía, el fondo TCI , que meses antes había buscado el apoyo de las principales formaciones políticas españolas (a excepción de Podemos, conscientes de la esterilidad de las negociaciones con la agrupación morada) para privatizar un porcentaje adicional del capital de AENA, hoy en un 49% en manos privadas.

Este movimiento habría supuesto, automáticamente, que el gestor español de los aeropuertos habría cedido su condición de empresa pública, al perder el Estado la mayoría en el capital . El fondo argumentaba que solo de este modo AENA podía optar a desarrollar su proyección internacional , con la compra de aeropuertos y participaciones. De hecho, señalaban, actualmente el sector vive un momento de gran actividad, en el que están brotando numerosas oportunidades de inversión, especialmente en Iberoamérica. Si AENA no aprovecha este «momentum» lo harán sus competidores, como ADP (Aéroports de Paris) o Fraport (Alemania).

Hasta la fecha AENA ha dado escasos pasos en su estrategia de expansión mundial. Todas las operaciones orientadas a este fin, como la adquisición del aeropuerto de Londres Luton en 2014, requieren la ratificación del Gobierno, lo que -según los detractores de este sistema- resta agilidad de decisión y sumerge las decisiones empresariales en el hervidero de la pugna política. En el caso español, esta ampliación del tramo privado se complica por la actual conyuntura parlamenteria. El Ejecutivo necesitaría alcanzar un acuerdo con el resto de formaciones, dado que carece de mayoría absoluta en la Cámara Baja.

Por ello, el presidente de AENA, que hoy se muestra públicamente favorable a la privatización completa, repite como un mantra la necesidad de consenso. «Hay que sacar a las empresas de la política» , dijo, «y algún día será posible» aumentar la participación privada en AENA.

De la Serna, quien al comienzo de la legislatura deslizó la posibilidad de sacar un nuevo paquete de capital al mercado, reconoció que ni el PSOE ni Ciudadanos ven bien una mayor privatización del gestor aeroportuario, con lo cual el Ejecutivo lo ha descartado por completo. «No lo haríamos así [sin consenso] ni con mayoría absoluta», recalcó el ministro.

Lo cierto es que Vargas cede el testigo en un momento en el que se antoja imposible la aplicación de la que se había marcado como «segunda fase» en su estrategia de gestión: superado el capítulo de la reestructuración de la compañía y taponadas las millonarias pérdidas anuales de caja, el equipo de dirección quería convertir la empresa en una «compañía global de gestión aeroportuaria». Crear una especie de Telefónica para el negocio de los aeropuertos. Vistas las dificultades, se trata de un proceso entre interrogantes.

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