Cristobal Montoro, ministro de Hacienda, en el Congreso de los Diputados
Cristobal Montoro, ministro de Hacienda, en el Congreso de los Diputados - efe

Las pensiones subirán un 0,25% en 2016, el mínimo que fija la ley

Pese a las elecciones y la recuperación, la norma aprobada para sostener el sistema impide alzas mayores

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El Ministerio de Hacienda trabaja a toda máquina para cuadrar las cuentas públicas de 2016, que se aprobarán en el Consejo de Ministros el día 31 de este mes. Tarea nada fácil teniendo en cuenta que los compromisos con Bruselas de reducción del déficit público obligarán al Gobierno a recortar los números rojos del Estado en 6.000 millones de euros este año y en 7.000 millones el próximo. Y este ajuste debe ser compatible con los guiños electorales que prepara el Ejecutivo a funcionarios, autónomos parados y familias, después de adelantar al 1 de julio la rebaja del IRPF prevista para 2016.

Como ya informó ABC, el equipo económico trabaja en la «agenda social» que permita a Mariano Rajoy repetir como presidente del Gobierno una segunda legislatura.

Medidas sociales para que los ciudadanos perciban lo que el Ejecutivo considera su principal activo: la recuperación económica.

De momento, si hay una cifra que el Ejecutivo tiene clara es la de la subida de las pensiones para el año que viene. Se elevarán un 0,25%, el mínimo que fija la ley. A algunos miembros del Gobierno y dirigentes del PP les hubiera gustado aplicar una cifra un poco más elevada en un año de recuperación y de comicios generales, pero este gesto iría en contra de una de las máximas que inspiró la reforma de pensiones: evitar tentaciones electorales, a la vez que contribuir a la sostenibilidad de la Seguridad Social.

Desde 2014 se aplica el denominado Índice de Revalorización, un complejo indicador que tiene en cuenta factores como la cuantía de la pensión media por el efecto sustitución (diferencia entre las pensiones que causan baja y las nuevas), el número de pensiones, los ingresos y el gasto en pensiones, que se encamina irremediablemente hacia los 9.000 millones mensuales, un récord. Y aunque las expectativas económicas siguen mejorando -la economía crecerá un 3,3% hasta final de año y se crearán 602.000 empleos-, el déficit previsto para la Seguridad Social, más de 6.000 millones de euros este año, hacen imposible que la aplicación de la fórmula conlleve una subida superior a la mínima que fija la nueva normativa, el 0,25%. Esta fórmula tiene dos límites: esa revalorización mínima garantizada del 0,25% anual y una subida máxima del IPC más 0,5% que se aplicará en épocas de bonanza.

Para una pensión de 1.000 euros -la cuantía media de las prestaciones por jubilación- el incremento será de 2,5 euros mensuales. Y para la pensión mínima de jubilación, de 600 euros, el alza será de 1,5 euros. Los pensionistas tampoco tendrán la paga para compensar la desviación del IPC, que solía ser habitual en los años previos a la crisis. La nueva ley no prevé la compensación por la desviación de precios pero, si hubiera seguido vigente la anterior regulación, los pensionistas no hubieran tenido derecho a esta paga, ya que hasta hace un mes la inflación buceaba en tasas negativas.

Los jubilados ganan terreno

El Ministerio de Empleo argumenta que pese a estos mínimos incrementos de las prestaciones públicas aplicados en los dos últimos ejercicios, los pensionistas están ganando poder adquisitivo. Entre 2013 y 2014 la ganancia acumulada alcanzó un total de 2.085 millones. El primer ejercicio las pensiones superiores a 1.000 euros se revalorizaron un 2%. Las inferiores a esta cantidad subieron un 1% y el año pasado ya comenzó a aplicarse el alza del 0,25%. En ambos casos, por encima de los precios.

Ese umbral mínimo de subida garantiza que las pensiones nunca se recorten en términos nominales, aunque sí podrán hacerlo en términos reales. Si la inflación sube por encima del 0,25%, las prestaciones públicas perderán poder adquisitivo durante los tiempos de mayores dificultades de la Seguridad Social, pero, como contraprestación, el sistema estará más saneado y sostenible. Gracias al «suelo» que fija la reforma, se evitó, por ejemplo, que en 2014 las pensiones bajaran si se hubiese aplicado de forma automática el nuevo índice, teniendo en cuenta que la Seguridad Social estaba en déficit y la inflación terminó el ejercicio en negativo.

El año que viene las pensiones volverán a ser la mayor partida de los Presupuestos Generales del Estado. Sólo las contributivas superarán los 115.700 millones de euros que absorbieron este ejercicio. Es una partida en constante aumento año tras año. Cada ejercicio se incorporan nuevos pensionistas y con prestaciones cada vez mayores -en 2014 la pensión media superó el umbral de los 1.000 euros mensuales-, lo que provoca que el gasto no mengüe en cada ejercicio.

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