La Fiscalía solicita la imputación del alcalde y de su antecesor

Las supuestas irregularidades en la prórroga de dos contratos que la empresa de Aguas, Apemsa, tenía con Aqualia es la razón por la cual la Fiscalía Provincial quiere imputar al actual alcalde, Alfonso Candón, y a su antecesor Enrique Moresco, además de al antiguo gerente de Apemsa y miembros del Consejo de Administración.

Los portavoces de la plataforma 'Apemsa no se vende' expusieron ayer la denuncia que presentaron en abril del 2013 y en donde la Fiscalía comunicó, el pasado miércoles, que ve indicios de delito de prevaricación y sin descartar el de malversación de caudales públicos. El fiscal establece en el informe, que pudo utilizarse la fórmula de la prórroga del contrato para la explotación, mantenimiento y conservación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), firmado en junio de 1991, y la limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado, estaciones de bombeo y estaciones depuradoras de aguas residuales, suscrita en julio de 1989, entre Apemsa y la adjudicataria Aqualia, con la intención de adjudicar a dicha empresa contratos de obras y servicios sin concurso ni licitación pública. En relación a esto, en el informe de la Fiscalía se explica que el hecho de que las partes pacten en los contratos unas prórrogas nuevas o distintas a las inicialmente previstas no puede entenderse como ilegales, siempre que el plazo total del contrato no exceda el máximo permitido, que en este caso es de 99 años, aunque matiza que «no sólo se procede a la prórroga sucesiva de los contratos de mantenimiento o de explotación de la EDAR, sino que además se va modificando o alterando el contenido de los mismos», así que, en este sentido, el fiscal afirma que se estaría encubriendo un contrato distinto por lo que «legalmente se debería haber iniciado todo el proceso de tramitación para la contratación de tales servicios u obras, dando la oportunidad a otras empresas de presentar sus ofertas conforme a los principios de publicidad y transparencia, libertad de acceso y no discriminación». Según explicaron los portavoces de la plataforma el volumen de las obras llegarían a una cuantía de 32 millones de euros.

Los detalles de los contratos

Hay que remontarse hasta 2010, cuando se celebran dos Consejos de Administración de Apemsa, el 20 de agosto y el 13 de diciembre, en ellos se aprueba la renovación del contrato que se hace efectiva el 3 de enero del 2011. En dicho consejo, según explica el informe del fiscal, el gerente de Apemsa, Juan Campos «propone las prórrogas y defiende insistentemente la legalidad de las mismas», que fueron votadas a favor por Enrique Moresco, Daniel Pérez, Carlos Montero, Alfonso Candón y José Manuel Cauqui. La Fiscalía ha solicitado que se cite a todos ellos para declarar en calidad de imputados, asimismo también se ha requerido la declaración en calidad de testigo de José Joaquín Herrero, subdirector financiero de Apemsa, y de Manuel Amaya, redactor del informe técnico sobre la necesidad de realizar las obras.

Según se describe en el informe de la Fiscalía Provincial, en la renovación del contrato de la limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado, estaciones de bombeo y estaciones depuradoras de aguas residuales se incorpora el mantenimiento y explotación de la EDAR de los Centros Penitenciarios cuyo importe sería de 72.408 euros, algo bastante superior a lo que establece la ley con la adjudicación directa que establece que no se pueden superar los 18.000 euros.

Con respecto al otro contrato, la explotación, mantenimiento y conservación de la EDAR se explica en el informe que «el argumento fundamental de la prórroga es la necesidad de la construcción de un tanque de regulación-anticontaminación de 9.000 metros cúbicos», una obra por importe de más de cuatro millones de euros. En relación a esto, el portavoz de la plataforma, Luis Hiniesta, afirmó que la empresa municipal no tenía dinero para acometer estas actuaciones, «por eso el interés de que lo hiciera Aqualia a cambio de poder hacer más obras y seis años de contrato, pero ignoró que la Junta de Andalucía había dado luz verde para acometer los trabajos de mejora deduciendo importes del canon, lo que permitía reducir más de 5 millones de euros». Además, Hiniesta afirmó que la plataforma está pensando en presentarse como acusación particular en el momento que el juez lo admita a trámite y aclaró que continuarían con los procesos. «Con la denuncia presentada por la Fiscalía coge relevancia todo lo que hemos defendido durante tres años, desde que se creó este colectivo ciudadano», señaló.

Otro de los portavoces del colectivo, Juan Clavero, se mostró satisfecho «porque la justicia está empezando a funcionar» y recordó que no es la única denuncia interpuesta por el grupo a la empresa mixta Apemsa. «Existe otra en la que acusamos a Aqualia de falsear las analíticas y los volúmenes depurados, una cosa que también avisamos al Ayuntamiento, y que pronto podremos conocer más información ya que el fiscal abrió diligencias sobre el caso», subrayó Clavero.

Reacción del alcalde

Desde el Ayuntamiento no se ha realizado ninguna declaración al respecto, aunque el pasado viernes el alcalde, Alfonso Candón, sí respondió a esta cuestión para mostrar su desconocimiento ante las posibles causas. «No lo sabemos, sólo lo que hemos leído en los medios de una manera muy abstracta, ya que mezclan muchas cosas», señaló. El regidor ya hizo referencia al Consejo de Administración que se celebró en 2010 y dijo que «allí se mostraron todos los informes jurídicos, técnicos y administrativos favorables a la prórroga de la depuradora». Aunque en aquella ocasión reiteró su desconocimiento sobre las posibles razones y se mostró tranquilo. «Cuando tengan que notificarlo al Ayuntamiento lo harán, seguiremos trabajando, avanzando y desarrollando la ciudad», concluyó.