El PP teme que el Centro de Técnicas Industriales sea «un nuevo fraude»

La disolución del Centro de Técnicas Industriales (CTI) de San Fernando ya estaba rodeado de polémica y ahora el diputado autonómico del PP de Cádiz Rafael Ruiz Canto da una vuelta de tuerca más al cuestionar de nuevo los motivos que llevaron a la Junta de Andalucía a cerrar de «manera unilateral» este equipamiento de formación en enero de 2014. Unas dudas que el 'popular' sustenta «al darse a conocer supuestas irregularidades en la gestión del mismo y sospechas de fraude en la formación».

La Administración regional decidió llevarse este ciclo formativo a otros institutos de la provincia y cerrar las instalaciones ubicadas en Fadricas supuestamente por cuestiones económicas. El Ayuntamiento de San Fernando ya mostró sus dudas y su preocupación ante la forma de actuar de la Junta, que aprobó su salida y dejó al Consistorio al frente del Consorcio, pero sin competencias para la toma de decisiones. Las facturas pendientes de proveedores comenzaron a llegar y los importes asustan. Hace meses se anunció un importe de 50.000 euros. A esto había que sumar los 300.000 euros que se adeudan del pago de la nave y que el alquiler mensual del recinto son de 20.000 euros. Ante esta situación, el Ayuntamiento decidió la salida del ente del que dependía el CTI y además se autorizó a que los servicios jurídicos estudiaran acciones legales contra la Junta al entender que la forma de actuar de la Administración regional es un «fraude de ley».

Por todo ello, el dirigente popular se cuestionó la razón de esta forma de actuar y sobre todo «qué tiene que esconder el Gobierno andaluz para haber procedido al cierre unilateral de dicho centro, sin dar explicaciones, sin auditoría ni liquidación».

Ruiz Canto mostró su temor a que éste sea «un escándalo más en la interminable lista del Gobierno andaluz», a quien acusa de «pretender ocultar un nuevo fraude amparándolo en un ejercicio de ahorro administrativo». En este sentido, recordó al Gobierno andaluz formado por el PSOE e IU que se coge antes «a un mentiroso que a un cojo» al entender que hay «gato encerrado» en la «premura» con la que el Gobierno andaluz cerró este centro.

Las dudas sobre la intervención de la Junta en este asunto se sustentan además en la «decisión de eliminar el centro, sin contar con el Ayuntamiento de San Fernando como miembro del consorcio, y negándose a presentar una auditoría externa y sin liquidar», lo que el miembro del Partido Popular achacó a que el Gobierno andaluz «quería evitar dar explicaciones».

Al respecto, señaló que el Consistorio isleño «ha presentado una demanda judicial contra la Junta por este motivo» y agregó que el Tribunal de Cuentas «ya está investigando el asunto».