Estudian la forma de que la familia marroquí declare por el desfalco

La mujer y suegra de Clemente Ruiz, ex jefe de caja imputado por la supuesta desaparición de 7,8 millones de euros, tendrían que haber declarado ayer en el Juzgado de Instrucción Número 2 de San Fernando para determinar su implicación en lo ocurrido, ya que la investigación se centra en este ex funcionario y su entorno. Sin embargo, tuvo que ser suspendida sin fecha a petición de una de las partes, al no haberse notificado la citación formalmente. De esta manera se retrasa de nuevo un proceso judicial que se abrió en abril de 2009 con la denuncia interpuesta por el interventor y la tesorera, en la que se señalaba a Clemente Ruiz y su compañera laboral, María José Lebrero, como los principales responsables de este suceso.

Aunque se ha retrasado es ineludible que tanto la mujer como la suegra de Clemente Ruiz pasen por la sede judicial. Más complicado es conseguir que lo hagan el resto de nuevos imputados, hasta un total de ocho, pertenecientes a una familia de origen marroquí muy cercana al ex funcionario. Todos se encuentran en su país de origen y se está estudiando la forma de que también puedan declarar en el proceso. Aún no se ha resuelto cómo se va a hacer, ya que en primer lugar deben localizarlos para hacerle la notificación formal. Para ello precisan de la colaboración de las autoridades marroquíes y lo más probable es que también se solicite su declaración por videoconferencia. Aunque es algo que no se ha determinado aún. Lo que está claro es que será más complicado y por ello todavía se desconoce fecha.

Sería uno de los últimos pasos para proceder al juicio penal. Hay que recordar que el juicio contable por el robo en la Caja de San Fernando se celebró a mediados de octubre de 2013, considerando el Tribunal de Cuentas que los hechos eran constitutivos de un delito de alcance en los fondos públicos.

En su sentencia, estimó parcialmente la demanda interpuesta por el Ayuntamiento y declaró responsables directos a Ruiz y Lebrero, a quienes condenaba a pagar al Consistorio 7,6 millones de euros más intereses legales. Asimismo, declaraba la responsabilidad contable subsidiaria de los ex alcaldes andalucistas Antonio Moreno y Manuel María de Bernardo, condenando a cada uno de ellos al pago de 29.350 euros más intereses.