El Ayuntamiento portuense suprime el seguro médico privado a 189 funcionarios

«Detrás de cada nombre hay un caso y una historia». Uno de los policías locales que se personó en el Pleno del pasado lunes lanzó este reproche al equipo de Gobierno antes de abandonar la sala, expulsado por la presidencia. El debate giraba entonces en torno a la supresión de un seguro médico privado contratado con Asisa, del que disponen 189 de los 750 funcionarios municipales y que cuesta al Ayuntamiento en torno a 380.000 euros al año, entre la asistencia sanitaria y las medicinas.

Hasta entonces, el Gobierno local había desistido de aplicar un Real Decreto de 1993 que daba la opción de pasar a los funcionarios a la Seguridad Social, y en cambio había optado por mantenerlos con la asistencia de empresas privadas, previa consulta y acuerdo con su plantilla, según el sindicato de la Policía. Algo que no se ha cumplido, ya que el punto fue a Pleno sin negociación con los representantes de los trabajadores. La edil de Economía y Hacienda, Leocadia Benavente, tachó de «privilegio» este seguro sanitario, y argumentó que el Consistorio paga un sobrecoste de 30.331 euros al mes, que es la diferencia con respecto a la Seguridad Social. El presidente de la Junta de Personal, José Antonio Caballero, señaló, entre otros aspectos, que como compensación económica a los costes derivados del seguro privado, el Ayuntamiento aplica desde 1993 los coeficientes reductores de la cotización. «Algo que no ha sido tenido en cuenta en la cuantificación económica de la medida. Es decir, ahora el Gobierno tendrá que dotar presupuestariamente el incremento que se produce en las cotizaciones a la seguridad social de estos empleados». Caballero reprochó al equipo de Gobierno haber mostrado «su verdadera cara». «Su carácter autoritario y caciquil, hasta el punto de haber aprobado la medida en un Pleno extraordinario sin haber previamente negociado con los representantes de los trabajadores».

De los 189 funcionarios afectados, aproximadamente unos sesenta son policías. Una veintena de ellos se personó el pasado lunes en el Pleno para protestar por la medida y sus comentarios hacia el Gobierno local caldearon el ambiente. La presidenta de la cámara, Leocadia Benavente -en ausencia del alcalde- terminó ordenando el desalojo de la sala. Desde la sección portuense de la Unión de Policías Locales y Bomberos de Andalucía criticaron que, precisamente en virtud del Plan de Ajuste, esta medida tendría que haberse aplicado a partir del uno de julio de 2015. Este colectivo, que representa a buena parte de los afectados por la decisión del Gobierno, argumenta que muchos de ellos, o de sus familias, arrastran dolencias graves desde hace años y vienen siendo tratados por los mismos médicos. Por ello, el paso a la Seguridad Social les acarreará unos cambios en la atención que consideran perjudiciales.