El Monasterio cierra sin compromiso para recolocar a los trabajadores

El hotel Monasterio de San Miguel ya está cerrado a cal y canto. Su propietario, BBVA Renting, ha expulsado así a su inquilino, Hoteles Jale, que acumulaba una importante deuda por no pagar el alquiler desde febrero de 2008. El Expediente de Regulación de Empleo que afecta a ochenta trabajadores no ha sido aceptado por la Inspección de Trabajo a causa de un defecto de forma y Jale se ha comprometido a pagarles 'vacaciones' hasta que sus despidos se resuelvan. La plantilla, que mantendrá protestas diarias en la puerta del hotel, espera ahora que BBVA acceda a negociar con ellos su recolocación cuando un nuevo inversor se haga cargo del hotel.

El comité de empresa está citado hoy con el administrador del hotel, el grupo Urbas, para negociar los términos del ERE. Sus aspiraciones pasan por obtener una indemnización de 45 días por año en lugar de los 20 que ofrece la empresa. El presidente del comité, Feliciano Domínguez, pondrá sobre la mesa que se cierre un compromiso para que la plantilla sea subrogada. «Lo que queremos es una salida. mantener nuestros puestos de trabajo y que el hotel, que es un emblema de la ciudad y cuenta con una clientela muy fiel, siga funcionando».

El desalojo del Monasterio fue rápido, teniendo en cuenta que los trabajadores, ataviados con camisetas de Hoteles Jale, no opusieron resistencia ante la Policía toda vez que decidieron salir de forma voluntaria. Pero se vivieron varios instantes de tensión con la llegada de los representantes de BBVA Renting. El ambiente comenzó a caldearse en torno a las 10.15 de la mañana cuando la Policía Nacional hizo acto de presencia. La calle Larga quedó cortada al tráfico desde el cruce con Chanca hasta la plaza de los Jazmines. Los miembros del Foro y los trabajadores que se encontraban fuera comenzaron a lanzar consignas gritando «no nos moverán» y pidiendo «una solución». También hubo palabras contra López Esteras y las entidades financieras. Pasados unos minutos, al menos cinco agentes de la Policía cerraron el paso por la puerta principal del hotel en medio de los gritos de los presentes, pero los medios de comunicación pudieron acceder por una lateral.

Dentro, los aproximadamente ochenta trabajadores -algunos acompañados por sus familiares-, además de varios delegados sindicales de Comisiones Obreras, esperaban el término de la reunión entre los miembros del comité de empresa, los administradores del hotel -grupo Urbas- y representantes del BBVA. En un ambiente de tristeza y desolación, los corrillos trataban de consolarse con palabras de ánimo. Pero según Domínguez, los representantes de la entidad financiera les expusieron únicamente la necesidad de desalojar el edificio. Nada se habló sobre los posibles interesados en gestionar el hotel, a pesar de que, según las fuentes, existen al menos uno con el que el trato está prácticamente cerrado. Así lo volvió a confirmar el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento portuense, Diego Muñoz, que fue el único miembro del equipo de Gobierno, junto con el diputado nacional Alfonso Candón, que se presentó en el hotel.

Una vez conocido el resultado de la reunión, la plantilla fue poco a poco abandonando el vestíbulo, mientras los agentes policiales fueron revisando habitaciones y cerrando dependencias. Poco después se celebró una asamblea en el auditorio, en la que el comité, el secretario local de CC OO, José Rodríguez, y el abogado del sindicato, les dieron cuenta de la situación.

Lo que de momento no se ha aclarado es qué sucederá con el mobiliario del hotel, propiedad de Jale pero embargado en su mayoría por la Seguridad Social. López Esteras ya ha comunicado su insolvencia para asumir el desalojo.