Las farmacias critican los continuos cambios en el precio de los genéricos

«Pedimos estabilidad, que nos dejen respirar un tiempo», comenta Carlos Miralles, dueño de la farmacia situada en la calle Honda. Esta es la premisa que une a los farmacéuticos en contra de las constantes variaciones de precio en los genéricos que sufren desde hace ya «cerca de 12 años».

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) exige desde el 1 de junio que las farmacias dispensen el medicamento más barato cuando el médico recete un genérico y no una marca concreta. Hasta hace bien poco las farmacias ofrecían la posibilidad, cuando no tenían el más barato, de asumir la parte del precio que no pagaba el SAS y que el paciente se llevara uno de marca. Esto se acabó, el SAS no paga a las boticas nada del medicamento, si no es el genérico que recetó el médico. La intención de la Junta es que solo tengan salida los medicamentos más económicos y obligar a que los laboratorios compitan por ofrecer mejores precios.

Las más perjudicados son las personas mayores que una vez acostumbradas a un medicamento tienen que cambiarlo debido a la disminución de precio de los genéricos. «No les hace mucha gracia», manifiesta Miralles.

Desde el año 2001 las partes en conflicto -farmacias y sistema público- habían acordado que darían preferencia a la dispensación de medicamentos genéricos. Este convenio se formalizó con la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Hace ya más de cinco años.

Esta norma articuló un recurso para los casos en que por causa de desabastecimiento, si la farmacia no tuviese el más barato, pudiera dispensar otro de las mismas características asumiendo la propiedad de la botica el coste de la demasía. Así, si un médico recetaba un genérico que costaba al público 1,5 euros y la botica no lo tenía podía vender otro más caro, por ejemplo de 2,5 euros, y se hacía cargo de ese euro de diferencia. El paciente no salía perjudicado. Y la farmacia tampoco, porque los grandes laboratorios ofrecen descuentos por grandes compras. Esto, que era una excepción a la norma, se convirtió en lo habitual. A veces por exigencia de los propios pacientes, por su presentación, por que tenga más dosis de principio activo, o por simple costumbre.

El conflicto

Este endurecimiento de la norma, cinco años después de su aprobación, es la consecuencia del último desencuentro entre las boticas y el SAS. En 2010 las farmacias sufrieron dos grandes rebajas en sus márgenes de beneficio. La primera fue la bajada de precios de los genéricos por parte de la Administración en un 30%. Y en la segunda se recortaron los márgenes de beneficio: en un 20% para los pañales, en un 7,5% otros productos sanitarios y los medicamentos novedosos. El 1 de marzo de este año la Junta rebajó otra vez los beneficios de las boticas. De esta forma, la facturación de las farmacias andaluzas descendió un 18% desde abril de 2010 hasta el mismo mes de 2011. Con este panorama, la Junta quiso negociar el Plan de Estabilidad, que los propietarios de farmacia entendieron como un nuevo recorte. Siete provincias andaluzas se negaron a firmarlo, excepto Cádiz, cuyo colegio respaldó la propuesta. Esto ocurrió hace unos meses y ahora llega el endurecimiento de la norma de los genéricos.

«Llueve sobre mojado, estamos sufriendo continúas idas y venidas que no favorece ni a nosotros ni a los usuarios», expresa Antonio Vázquez, propietario de la farmacia situada en la calle José Cádiz Salvatierra. «Queremos que se pare un poco el carro. En los últimos meses muchos establecimientos estamos notando pérdidas», apostilla.

Lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la prescripción por principio activo desde hace más de 25 años. En países como Francia, Gran Bretaña o Estados Unidos este sistema ya está implantado. En España, las comunidades autónomas pioneras en este proyecto son Andalucía y Castilla y León.

Con esta modificación se pretende asegurar la independencia del profesional, situando al médico al margen de la competencia entre los distintos laboratorios farmacéuticos evitando la posibilidad de una promoción inadecuada y generando un ahorro en el gasto farmacéutico. El objetivo es ahorrar hasta 2.000 millones de euros.