Una de las viviendas de la localidad afectadas por las órdenes de derribo. :: R.R.
Chiclana

Las casas ilegales, otra vez en el limbo

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Mejor no pensar las cosas en caliente. Por lo menos ayuda el jarro de agua fría que aunque esperado ha sido un duro golpe para el urbanismo de la ciudad y especialmente para las 15.000 casas que se encuentran en el proceso de regularización. El fallo del Tribunal Supremo por el que se declara nulo el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, deja en el limbo de nuevo a todas esas casas puesto que lo más probable es que se derogue la ordenanza que precisamente rige el proceso de regularización de las viviendas.

Un grave problema cuya solución tendrá que volver que llegar tras remar contra viento y marea. Al menos los propietarios ya son conscientes de ello e incluso el Partido Vecinal Regionalista (PVRE) que precisamente aglutina a los vecinos que tienen este problema. De hecho, desde la formación ya se apunta cuál será uno de los principales problemas que puede acarrear la decisión del Supremo, el aumento en el precio de la regularización de las propiedades.

Un aumento que vendrá acompañado de un retraso en los plazos dados para que el proceso se lleve a cabo, o mejor dicho el retraso que se producirá a consecuencia de la sentencia encarecerá los precios acordados de la regularización. «Lógicamente se anula todo lo que dependía de este plan y entre ello se encuentra las ordenanzas por la que se rige el proceso de regularización. Somos conscientes que esto va a significar un retraso y posiblemente a encarecer las acometidas que necesitan muchas zonas de servicios mínimos como el agua, el alcantarillado o la luz», expuso Miguel Pérez Sastre, uno de los responsables de la formación.

Lo que desde el partido también se quiere dejar claro es que tampoco es necesaria una paralización del proceso de regularización ya que considera que las normas subsidiarias, por las que a partir de ahora volverá a regirse la ciudad, dejan margen para que se pueda hacer al menos una reestructuración concreta de las zonas sobre todo de aquellas como es el caso de la Rana Verde. «Lo que está claro que a partir de ahora hay que hablar de núcleos de población de forma separada para tratar su regularización y que se puede llevar a cabo por el margen que dejan las normas subsidiarias. Hay que estudiar caso por caso y buscar soluciones, pues lo que no se puede esperar es que todo se quede en un limbo mientras no se hace el nuevo PGOU».

Sobre todo si se tiene en cuenta que el nuevo documento no estará listo al menos hasta el año 2013, demasiado tiempo para no conseguir ningún avance en un proceso del que dependen unas 15.000 familias en Chiclana. Por eso desde el PRVE se propone analizar de forma fría lo sucedido y en vez de dar un mensaje tremendista ponerse manos a la obra en buscar soluciones que permitan que se sigan dando pasos adelante.

Y es que otra cosa que se tiene clara desde el partido es que tampoco se puede acelerar la creación de un nuevo PGOU que herede los fallos del anterior por la premura. Sino que ahora es tiempo de analizar y existe la posibilidad de crear un documento consensuado que recoja las necesidades de una ciudad como Chiclana. «Es cierto que la ciudad necesita un Plan General y que no puede vivir con unas normas subsidiarias que son una fotografía fija para el municipio, pero tampoco podemos hacer las coas a la ligera sin consideraciones y sin un debate, sobre todo porque cuando pase a exposición pública se puede encontrar con miles de documentos en contra y alegaciones. Lo mejor es que todos los partidos tengan voz en este proceso y se llegue a un acuerdo».

En definitiva, la sentencia del Supremo hace que prácticamente el camino de la regularización de viviendas vuelva a la casilla de salida desde donde deberá partir para tomar un nuevo rumbo si no quiere estar años paralizados. Al menos es la intención del nuevo partido creado precisamente para buscar soluciones a este conflicto que se prolonga en el tiempo y que ha recibido un nuevo varapalo.