Los propietarios sacan pecho

En la ciudad hay una sensación extraña, un regusto agridulce por un acuerdo inesperado, que muchos daban ya por imposible, pero que la cercanía de la convocatoria electoral ha agilizado.

Si a alguien convence el convenio entre el Ayuntamiento de Chiclana y la Plataforma de Afectados por la Regularización es precisamente a este colectivo.

En representación de 27 asociaciones de vecinos y comunidades de propietarios, el portavoz de la Plataforma, Joaquín González, aseguraba en un comunicado que este movimiento «ha sido siempre un movimiento cívico, vecinal y que por encima de toda ideología pone exclusivamente el interés general de los vecinos».

Lo cierto es que desde marzo del pasado año cuando el Pleno aprobó las ordenanzas que rigen actualmente el proceso para dar legalidad y servicios a más de 15.000 casas en Chiclana, su trabajo ha sido duro.

Con dos multitudinarias manifestaciones que dejaron en la calle la impresión de que se podía conseguir un cambio de postura sobre los costes y las formas de la regularización, la Plataforma se ha terminado saliendo con la suya.

Ayer reconocían haber negociado durante seis meses con la Gerencia de Urbanismo sin llegar a un entendimiento, «por los excesivos costes y cargas que se imputaban a los propietarios».

Meses después ese acuerdo sí ha sido posible. El Consistorio, de la mano del alcalde, José María Román, ha entrado por el aro en siete de las diez medidas planteadas en el famoso Decálogo que ya habían asumido el PP o Unidos por Chiclana, formaciones que optan a la alcaldía en próximo 22 de mayo.

Tras el Pleno Extraordinario, todo se ha convertido en oficial. Las trastienda del convenio es clara. La Plataforma se muestra satisfecha de haber podido mejorar «técnicamente» las ordenanzas.

Ellos han dejado en suspensión provisional durante dos meses los dos recursos contenciosos presentados ante el TSJA contra este texto legal. Pero antes de seis meses deberá firmarse un convenio con la GMU que modificará sustancialmente el proceso de legalización, y que podría hacer que se redujeran hasta un 40% los costes del mismo para los propietarios, dado que se reducirán las cargas estipuladas en las diferentes Áreas de Gestión.

La Plataforma considera primordial que se incluyera en los pagos el aprovechamiento de los carriles que son de propiedad, así como realizar una valoración pormenorizada y previa a los estudios de cargas de cada AGB, o la reducción del tamaño máximo de parcelas para poder legalizar.

La aplicación del canon o que los locales comerciales tengan una participación en el proceso similar al de las viviendas, son otros de los logros que, a priori, se incluirán en el futuro documento. Aunque sea por una vez, los propietarios ganan a la banca, en este caso, Urbanismo.