Retos tecnológicos para el nuevo Gobierno

J.M.SÁNCHEZ

07/06/2018
Actualizado 10/06/2018 a las 16:34h.

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Los avances tecnológicos han trastocado en muy poco tiempo las estructuras básicas de todos los sectores industriales y la sociedad en su conjunto. Un rodillo que toma velocidad con un gran impulso, sobre todo, en un año muy trascendente para España, en donde la subasta de redes móviles 5G se producirá en breve. Una de las medidas que deberá afrontar el nuevo Gobierno formado por el presidente Pedro Sánchez .

Y unos de los primeros cambios introducidos en su gabinete ministerial ha sido asociar las competencias sobre telecomunicaciones y Sociedad de la Información a la cartera de la nueva ministra de Economía , Nadia Calviño , de perfil liberal y reformista que se ha curtido en el Parlamento Europeo. Una funcionaria respetada en Bruselas que estará acompañada de los nombramientos de la La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital . Un cargo que, hasta ahora, desempeñaba Álvaro Nadal como ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital. Así consta en el Boletín Oficial del Estado ( PDF ).

El nuevo Gobierno socialista se enfrenta a un momento crucial, previsto de importantes inversiones y apoyos en sectores estratégicos y con una serie de medidas ya iniciadas como la subasta de las redes 5G. Un proceso de cambio que deberá llevar a España a colocarse en la parrilla de salida de los países más avanzados de su entorno. Lo previsto inicialmente es que se subasten 200 MHz en la banda de frecuencias de 3,6-3,8 GHz, banda prioritaria para el desarrollo de esta tecnología en Europa. El precio de salida de la subasta es de 100 millones de euros (2,5 millones de euros por cada uno de los 40 bloques de frecuencias). Las concesiones tendrán una duración de 20 años.

De ahí que los operadores interesados deben presentar sus solicitudes hasta el 29 de junio, una fecha cercana que deberá dar paso a una siguiente fase en donde se iniciarán las rondas y pujas en julio. Según reclaman en un comunicado desde la patronal del sector tecnológico DigitalES, esta subasta «está alineada en calendario y requisitos con los planes marcados desde Bruselas y es crítico que España no se separe tras lo cambios de Gobierno, manteniendo los plazos y condiciones previstos».

También están convocadas unas subvenciones (por valor de 20 millones de euros) para impulsar el desarrollo de dos proyectos piloto 5G. Iniciativas privadas que, según recuerdan desde las «telecos», deberán apoyar los despliegues de las primeras redes 5G, experimentar con las técnicas de gestión de red que permite la tecnología 5G y desarrollar casos de uso, con la implicación de todos los agentes. «Estas ayudas permitirán situar a España entre los países más avanzados en el desarrollo de esta nueva tecnología. Es crucial dar continuidad a los trabajos ya iniciados». Algo en lo que coincide la Asociación de Internautas , que insta a España a «pisar el acelerador» para que los operadores puedan desplegar cuanto antes la red de quinta generación. «Mientras que otros países ya han asignado frecuencias en distintas bandas, en España todavía se está pendiente de la primera subasta», reclama.

Este es, sin duda, otro importante reto y una oportunidad. Según datos que maneja el Gobierno, cada día se generan en el mundo 6 megabytes de datos por persona. La tecnología y los servicios relacionados con el Big Data representan un valor global de 15.226 millones de euros (2015), con una tasa de crecimiento anual del 40%. Y en ese nuevo escenario el desafío es grande dado el enorme potencial de esta tendencia para el desarrollo de diferentes sectores de actividad como la agricultura, el transporte, la salud, así como meter una velocidad más de cara a acercarse al concepto de «ciudades inteligentes».

Es importante este aspecto, según Borja Adsuara , jurista experto en derecho digital, de cara a impulsar entre otras cosas el Mercado Único Digital, espacio «dospuntocero» en donde el comercio electrónico debe ocupar una posición más importante en el marco del nuevo ecosistema de distribución de productos. Sin embargo, existen todavía lagunas legales para llevar a cabo la innovación en este sector tales como la política de derechos de autor o el derecho a la competencia. «El mayor reto que tiene el ministerio de Economía, Empresa y Agenda Digital es impulsar la economía española hacia la economía digital y la Economía de los Datos, que no es otra cosa que la economía del siglo XXI», sugiere este experto.

Desde DigitalES reclaman un ecosistema basado en «mismos servicios mismas reglas». algo con lo que recuerdan que el gobierno anterior anunció un impuesto para gravar a las empresas tecnológicas después de que la Unión Europea planteara un impuesto del 3% sobre la facturación por ciertos servicios digitales de las empresas que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de 50 millones. «Habrá que ver si el gobierno de Sánchez mantiene o no esta intención, y en cualquier caso cómo pretende abordar la propuesta de la UE, precedente del que España no debería separarse a la hora de plantear una fiscalidad justa que no grave a las empresas que ya están pagando impuestos en España», subrayan desde la patronal.

Aunque desde el pasado 25 de mayo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD o GDPR, por sus siglas en inglés) es de obligado cumplimiento, España debe tramitar el anteproyecto de ley que modificará la actual Ley Orgánica de Protección de Datos, que se encuentra en la fase de debate parlamentario tras la asombrosa cantidad de enmiendas presentadas y que están siendo discutidas entre los grupos políticos. Una de ellas, del PSOE en la que se reclaman que la obligatoriedad de no destruir los correos electrónicos enviados desde las cuentas institucionales.

Para DigitalES, «supone un reto para la prestación de los servicios digitales tanto privados como públicos» y «es necesario que la nueva ley española se adapte lo máximo posible al reglamento europeo, pero sin establecer claras diferencias o imponer nuevas obligaciones y cargas que dejen a las empresas españolas en desventaja competitiva con respecto al resto de países europeos ». Por su parte, desde la Asociación de Internautas creen «necesaria» una ley orgánica sobre interceptación de las comunicaciones electrónicas que establezca garantías para que «el poder judicial vele y asegure la privacidad y la intimidad de las comunicaciones electrónicas y telefónicas de la ciudadanía».

Educación, formación y apoyo a diferentes tecnologías potenciales como la inteligencia artificial deben ser otras de las claves del nuevo Gobierno. La transformación digital está afectando a todos los sectores productivos. En la legislatura de Mariano Rajoy se puso en marcha una iniciativa, un comité de sabios, que se iban a centrar en recabar necesidades y propuestas relativas a los avances en robótica e inteligencia artificial.

Algo que, en realidad, ya llegaba tarde por el impulso que ha tomado esta tecnología a nivel internacional. Son muchos países, entre los que no se encuentra España, que han tomado la delantera en su desarrollo. Un negocio millonario que puede aplicarse a numerosos sectores como el Turismo, la Educación o la Justicia. Tampoco es momento de bajar la guardia en todo lo que se enfoca en lo que se ha venido a llamar Industria 4.0. De ahí que desde las «telecos» crean que «la industria necesita desarrollar su máximo potencial» en este aspecto. «Es necesario que este Gobierno continúe avanzando en el esfuerzo por apoyar la incorporación de conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas a la digitalización de los procesos y a la creación de productos y servicios tecnológicamente avanzados en las empresas industriales», valoran.

La sociedad comienza a ser digital, los ciudadanos a utilizar sistemas y servicios digitales. Pero ese trasvase hacia la llamada eAdminstración -Administración electrónica- aún no ha hecho explosión en la vida pública. El reto lograr una comunicación eficaz entre ciudadanos, empresas y la Administración Pública. Y parte de la incorporación de la tecnologías de la información y comunicaciones en las administraciones públicas, tanto desde un punto de vista intraorganizativo (transformar las oficinas tradicionales, convirtiendo los procesos en papel, en procesos electrónicos con el fin de crear una oficina sin papeles) como desde una perspectiva de las relaciones externas (habilitar la vía electrónica como un nuevo medio para la relación con el ciudadano y empresas).

Otro de los aspectos que tendrá que dirimir y meter la mano el nuevo Gobierno es en materia de emprendimiento y apoyo de las pymes con base tecnológica. Hay numerosas medidas propuestas para reforzar este sector, que van desde las trabas burocráticas, financiación pública, la cuota de autónomos y captación de talento internacional. Desde Adigital, Asociación Española de la Economía Digital, consideran «muy positivo» el hecho de situar la Secretaría de Estado en Agenda Digital en Economía, aunque lamentan que no tenga el suficiente protagonismo.

Para su presidente, José Luis Zimmerman , es importante poner el foco en algunos aspectos que están lastrando la captura de la oportunidad digital, tales como la capacitación de las pymes. «Tenemos un problema de digitalización del tejido empresarial, que hace necesario impulsar el emprendimiento de base tecnológica. No tanto el nacimiento de empresas, sino el crecimiento », manifiesta.

Zimmerman, en ese sentido, también considera importante darle un «impulso al inversión y emprendimiento, dado que tenemos un problema de escala para poder competir», pero más allá es fundamental «atraer y captar talento que lidere esa transformación», algo que -dice- es «imposible sin una legislación inteligente». «Iniciativas como la "tasa Google" se debe reformular, porque consideramos que España no debe convertirse en una especie de Irlanda pero al revés porque tiene unas consecuencias importantes y supone un freno de los nuevos modelos de negocio. Es un tema que hay que abordar con urgencia», señala.

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