Los delitos ambientales amenazan la paz y la seguridad

La Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) han estudiado cerca de 70 países para elaborar un nuevo informe conjunto, «El medio ambiente, la paz y la seguridad», publicado recientemente.

El informe se centra en los vínculos entre los delitos ambientales a escala mundial, que representan entre 91 y 258 mil millones de dólares anuales, y otras actividades criminales como el crimen organizado y el terrorismo.

Más de 60% de los países encuestados afirmó que estaban presenciando nuevos delitos ambientales o modus operandi, señal de una creciente sofisticación y adaptación por parte de los grupos del crimen organizado transnacional.

Además, el 84% informó de una convergencia con otros delitos graves como la corrupción (42%), la falsificación (39%), el tráfico de drogas (36%), los delitos informáticos (23%) y los delitos financieros (17%).

«El alcance del delito ambiental es transnacional y su naturaleza es insidiosa. Despoja a los gobiernos de ingresos muy necesarios, a las personas de sus medios de vida y a las sociedades de paz y seguridad. La comunidad internacional debe apoyar un enfoque integral que sume acciones a la retórica, que implemente las políticas y aplique la ley», manifestó Jürgen Stock, secretario general de INTERPOL.

El informe reveló que algunos grupos armados no estatales y algunos grupos terroristas y redes criminales financian sus actividades mediante la explotación de los recursos naturales en las zonas en conflicto y que esto plantea una seria amenaza para la paz y la seguridad. Se estima que al menos 40% de los conflictos internos tiene alguna relación con los recursos naturales.

En algunos casos las poblaciones de bajos ingresos ven en el delito ambiental una alternativa a la pobreza. Los grupos criminales explotan sus necesidades y los utilizan para emprender actividades ilegales de caza, tala, pesca o minería.

El informe recomienda, entre otras cosas, un enfoque multidisciplinario para luchar contra el delito ambiental; un mayor intercambio de información entre los distintos sectores; prestar mayor atención a la aplicación de las políticas ambientales; y fortalecer el apoyo financiero, incluso mediante la asistencia oficial para el desarrollo.