El Ayuntamiento frena el desahucio de 220 familias residentes en pisos de la EMVS

Manuela Carmena ha informado que los 220 vecinos pertenecientes a la plataforma «Yo no me voy», residentes en viviendas de protección de la calle Embajadores, 46; San Cayetano 8 y 10; Carrera de San Francisco, 16 y Madera 24 y 26, no serán desahuciados.

Los residentes en cinco bloques de viviendas de la EMVS han conseguido evitar su retirada y recuperar los contratos sociales en las viviendas que iban a ser vendidas a un «fondo buitre».

Según ha destacado la regidora, la política del Ayuntamiento se basa en la idea de que el derecho a la vivienda es «un pilar fundamental en la vida de las personas».

Carmena ha transmitido tranquilidad a los titulares de los 2.086 contratos restantes afectados por la intención de la anterior Corporación de vender sus viviendas públicas, por las que pagan un alquiler social, a «fondos buitre».

«Hay muchos vecinos desorientados», ha lamentado la primera edil, después de asegurarles que «sus pisos no se van a vender».

«Se nos ponen los pelos como escarpias al ver la agilidad de los nuevos mandatarios», ha confesado el presidente de «Yo no me voy», Alberto Romeral.

Carmena, que ha destacado que además de estas 220 familias hay más de 2.086 afectadas por el mismo decreto de 1986 y respecto de las cuales la anterior EMVS intentó desalojarles, ha reiterado que «la política del Ayuntamiento es de hacer posibles alquileres sociales» y que para ello está «reorganizando todo el parque de viviendas» públicas de la capital.

La alcaldesa ha destacado también los «rendimientos muy importantes» de la Oficina de mediación Hipotecaria «paralizando muchos desahucios que se hubiesen llevado a cabo».

Romeral ha explicado que el anterior gobierno de Madrid vendió cinco edificios con sus viviendas a la firma Renta Corporación y que muchos vecinos decidieron «plantar cara» en un proceso en el que ha habido «acoso, malas palabras y malos modos».

El abogado de la Asociación «Yo no me Voy», Endica Zulueta, ha dicho que se trata de contratos de alquiler de vivienda social que se renuevan cada dos años si cumplen unas determinadas condiciones económicas, cosa que los titulares han cumplido desde hace 30 años.

Sin embargo, en 2012, -según el abogado- «de la noche a la mañana, la anterior administración decidió dar por terminados los contratos con la intención de vender cinco edificios de viviendas a la sociedad Renta Corporación por 12 millones de euros».

El abogado ha destacado cómo los afectados, «que vieron cómo no iban a conseguir gran cosa actuando solos, se asociaron y se enfrentaron a la administración con decenas de demandas judiciales».

«La Empresa Municipal de la Vivienda ha cambiado de política con el nuevo Ayuntamiento y esto supone que los vecinos ahora pueden estar tranquilos en sus inmuebles», ha dicho Zulueta.