Dancausa reactiva el «plan Cañada Real»

La Mesa de Coordinación de la Cañada Real Galiana volverá a reunirse el próximo 15 de julio para revisar los problemas y actuaciones sociales, urbanísticas y de seguridad realizadas en el considerado mayor asentamiento ilegal de Europa, en el que residen casi 8.000 personas. Un encuentro que hacía más de un año que no se producía y que estará marcado por el cambio de rumbo político en dos de los municipios involucrados: Madrid (Manuela Carmena) y Coslada (el socialista Ángel Viveros). Para ello, la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, ha remitido una carta a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes (PP), a la alcaldesa Carmena, al cosladeño y al de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura (IU).

La cita, que debía haberse celebrado el mes pasado, se pospuso para que pudieran estar formados los nuevos gobiernos surgidos tras las elecciones.

Ahora, todas las partes analizarán las actuaciones sociales, de seguridad y urbanísticas destinadas a realizar una estrategia conjunta que se engloban en un acuerdo marco o plan, rubricado el 30 de abril de 2014 por todas las administraciones implicadas, salvo el Ayuntamiento de Rivas. José Masa (IU), el entonces regidor, decidió no seguir la hoja de ruta marcada. Reivindicaba que lo más «urgente era poner en marcha el plan social» y criticaba al acuerdo por «dejar muchos cabos sueltos y ser electoralista». Lo mismo hizo después su sucesor, Pedro del Cura.

Falta por ver si ahora este mantendrá la misma postura, al igual que la posición que adoptará la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena de Ahora Madrid, que se estrenará en la reunión. Al acto se sumarán el jefe superior de Policía, Alfonso José Fernández Díez, y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Santiago Caballero.

Por aire y por tierra

Todos ellos serán los interlocutores encargados de proseguir el ambicioso proyecto elaborado por los gobernantes de la anterior legislatura, encaminado a legalizar el enorme enclave de 14,4 kilómetros de longitud, que cuenta con medio siglo de vida.

Se trata de una antigua vía pecuaria que la Comunidad desafectó en virtud de la Ley 2/2011 de 15 de marzo, cuando arrancó este proceso. Se divide en seis sectores, donde residen 7.725 habitantes censados en 2.272 viviendas y 183 naves. Abarca tres municipios: Madrid, Rivas y Coslada.

El objetivo del protocolo, que se rubricó el 9 de abril de 2012, es consolidar o legalizar la mayoría de las propiedades de los censados, salvo las infraviviendas (se preven realojos) y, menos aún, las construcciones vinculadas al tráfico de drogas. Además, pretende mejorar las condiciones de vida de sus habitantes con actuaciones para fomentar el empleo, la integración social, la escolarización, la salubridad y la sanidad, con la lucha contra la droga, un mal enquistado. Dancausa, antes de la cita, quiso conocer la Cañada. Y lo hizo por aire y por tierra el pasado 9 de junio. En la primera parte del recorrido se subió a un helicóptero que partió de la base de Cuatro Vientos y observó desde las alturas la diversidad de construcciones que alberga.

La delegada estuvo acompañada por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y por el jefe superior de Madrid. Después, el grupo se desplazó hasta el complejo policial de Moratalaz, desde donde iniciaron la segunda parte de la visita, acompañado por efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) o «antidisturbios». Acudieron a la zona más problemática del asentamiento: Valdemingómez, la más castigada por los «señores de la droga», frecuentado a diario por toxicómanos, algunos de los cuales llevan años sin salir de allí.

Mapa delincuencial

En el trayecto, Dancausa se bajó del vehículo y charló con algunos residentes del asentamiento. Tanto ella como sus acompañantes pudieron observar las hogueras en bidones que indican que ahí se vende droga, a los machacas, los esclavos de los traficantes y a las decenas de coches que transitan por un camino repleto de baches en busca de la mercancía, que muchos utilizan para consumir en su interior.

En el ámbito de seguridad, todas las partes (salvo Rivas) suscribieron un protocolo el 6 de febrero de 2013 para erradicar la criminalidad en Valdemingómez. Uno de sus ejes fue elaborar un mapa delincuencial, así como apostar por la vigilancia policial las 24 horas. En el último año se han realizado 14 operaciones contra el tráfico de drogas y se ha detenido a 72 personas. En materia social, la Comunidad adjudicó un millón de euros: 600.000 procedentes de fondos del Estado y el resto, de un convenio con la Caixa. En el Área Urbanística, lo que preocupa a los residentes es el precio del suelo que tendrán que pagar para legalizar su situación (se dijo que inferior al del mercado), un asunto por concretar.