«Me llevé doce garrafas a casa por lo que nos pudiese pasar»

La prohibición de beber agua del grifo en buena parte de la comarca de Ferrol anunciada este jueves debido a una reacción química en el proceso de depuración ha generado una polémica que ha trascendido los límites de la alerta sanitaria y entrado en el terreno político. Más de 150.000 personas se han visto afectadas por los problemas en el suministro en la ciudad y las localidades de los alrededores y hacia última hora de la tarde de ayer se iniciaban los repartos de agua embotellada organizados por los ayuntamientos.

Con la ciudad dividida entre los todavía recelosos por la situación generada el día anterior y los que ya daban el asunto por zanjado, el único consenso entre los ferrolanos pivota alrededor de la idea de que lo peor ya ha pasado.

Uno de los principales problemas que señalan los vecinos fue la falta de información oficial desde los primeros momentos, acentuada en el hecho de que no fuese el Ayuntamiento de la ciudad el referente en la comunicación de la crisis.

«Nos llegaron los bandos de Fene y Mugardos (dos localidades vecinas) antes que el de Ferrol, pero a esa hora ya estaban circulando los whatsapps», apunta Carmen, mientras sale de un supermercado con dos garrafas en un carro. «Ayer me llevé una docena y agua con gas por lo que pudiese pasar», apostilla sonriendo al recordar la situación, dado el rumor que llegó a circular de que el agua no era apta ni para el baño. A su lado otra mujer, que se presenta como profesional del sector sanitario, llama a la calma y a recuperar la normalidad lo antes posible.

Existencias agotadas

Pero Carmen no fue la única que hizo ayer acopio de toda el agua embotellada a su alcance. Muchos habitantes de la comarca hicieron lo propio, hasta el punto de que mediada la tarde del jueves era ya complicado hacerse con una garrafa en ciertos sitios. «A las 8 no había ninguna tienda donde comprar una botella en el centro de Ferrol», señala otra mujer, que advierte de la incertidumbre generada, porque «siempre se ha dicho que el agua de aquí es de las mejores de Galicia». Con todo, ayer el problema del desabastecimiento en los comercios ya se había solucionado y los encargados de los supermercados ya comentaban informalmente que «las ventas están por encima de lo normal, pero ni se acercan a lo que pasó el jueves».

En el extremo opuesto a los alarmados se encontraba Marcos, gerente de un bar ferrolano que ironiza con que «llevamos haciendo café todo el día con agua de la traída y a los clientes no les importa. Ya han avisado de que no hay riesgo para la salud».

En el proceso de tranquilización de la ciudadanía tuvo un papel crucial la empresa mixta encargada del tratamiento del agua de la zona, Emafesa. Su gestor, Alejandro Pisa, explicó ayer a ABC los pormenores de la crisis de los últimos días. «Nadie que haya bebido antes de la prohibición para el consumo tiene de qué preocuparse», sentencia. Argumenta que, para producir algún perjuicio para la salud de las personas, debería haber una concentración química mucho mayor de la que se está dando en estos momentos y un consumo continuado durante tres o cuatro décadas.

En el mismo sentido, matiza que es la primera vez en los 14 años de gestión de la empresa que sucede un problema de esta índole, pero opta por ver la lectura positiva de la cuestión. «El hecho de que podamos detectar situaciones como esta es una buena noticia, porque demuestra que podemos velar mejor por la salud pública», zanja tras relativizar la alarma social generada.

Batalla política

La crisis generada por la contaminación del agua en la comarca se ha llevado también al territorio de la refriega política entre las administraciones, concretamente entre la autonómica y los municipios. El Ayuntamiento de Ferrol acusó a la Xunta de Galicia de retrasarse en la comunicación de las irregularidades y el incremento del nivel del compuesto químico. «¿Cuál fue la cadena para que los alcaldes no tuviésemos noticias?», se preguntó Jorge Suárez, regidor ferrolano de la Marea de la ciudad, que mostró su intención de pedir explicaciones a la empresa, que él mismo preside en virtud de su cargo como máximo mandatario municipal. De hecho, reincidió en el argumento señalando que «de haber conocido el riesgo con anterioridad, se hubiesen podido tomar medidas preventivas para lograr una solución».

La respuesta del Ejecutivo gallego no se hizo esperar, y la jefa territorial de Sanidad, Cristina Pérez Fernández, explicó que «la primera comunicación» con los municipios se produjo el día 13 de julio, tres días antes de que se hiciese efectiva la prohibición. La jornada siguiente –el 14–, la Xunta mandó un fax oficial, al que ha tenido acceso ABC, en el que se alertaba de la situación respondido el 15 esgrimiendo los «parámetros regulares» de unos análisis del día 6. El día 16 Pérez llamó personalmente al alcalde ferrolano, que dijo sentirse «sorprendido» por la situación pese a que la comunicación llegó en forma a las oficinas de la ciudad.