La Xunta reduce a la mitad desde 2012 la carga impositiva sobre la vivienda

El Consello de la Xunta celebrado ayer tuvo como una de sus medidas de principal calado el anuncio de una nueva rebaja en las valoraciones de los inmuebles urbanos que aliviará la carga fiscal que los gallegos tendrán que soportar al adquirir una vivienda, ya sea en régimen de compraventa o por sucesión y donación. Esta reducción, que será del 15% del valor marcado, entrará en vigor en la segunda mitad del presente año 2015. La caída de los valores medios de este tipo de inmuebles repercutirá en las bases impositivas de los principales tributos que recauda la Comunidad: el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y el Impuesto de sucesiones y donaciones. Este hecho, destacó Feijóo, provoca que con esa sola medida caigan las tasas «tanto en las transmisiones intervivos como mortis causa».

No es la primera vez que la Xunta toma esta decisión. De hecho, Feijóo destacó que desde 2012 «los gallegos pagarán un 50% menos por la compra de una vivienda» una vez entre en vigor la aprobada. Hasta en cuatro ocasiones desde esa fecha antes de la de ayer el Ejecutivo gallego rebajó los valores, pues empezó en julio de ese año con un 7%; lo repitió el mismo mes del año siguiente hasta un 12% más en los ayuntamientos más dinámicos en los precios de mercado; reincidió con otro 2% antes de finalizar 2013, y acabó 2014 con una reducción del 12%.

Complementariamente, el titular del Gobierno autonómico anunció que pretende avanzar en la simplificación del procedimiento para valorar las viviendas, de modo que se adapte a cada caso concreto. Para conseguir este objetivo, apuntó a que se introduce un nuevo método basado en coeficientes sobre valores catastrales y actualizaciones con la evolución del mercadoen cada concello. Para Núñez Feijóo, este modelo garantiza el conocimiento por parte del contribuyente de sus obligaciones tributarias «con transparencia y objetividad».

Bancos contra desahucios

La vivienda fue uno de los principales temas de la reunión del Gobierno gallego. Si bien la anterior medida estaba destinada a «quienes pueden permitirse una vivienda», Feijóo presentó otra de las partes de la profundización en su programa antidesahucios. Además de la ya anunciada ampliación de los programas para tal fin y la creación del registro de viviendas vacías de las entidades financieras, este jueves hacía público que las mismas organizaciones llegarán a acuerdos con la administración autonómica para paralizar estos desalojos.

Los objetivos primordiales de estas negociaciones han sido que las entidades acepten que las familias en riesgo de desahucio por impago de su hipotecas puedan permanecer preferentemente en la misma vivienda bajo un régimen de alquiler social menor de 75 euros durante un período de un año prorrogable hasta tres. De este modo, cuando se vaya a producir un desalojo, el banco deberá notificarlo a la Xunta y comprometerse a paralizarlo hasta que se alcance una solución entre la administración y la familia.

Por otra parte, en caso de desahucios por impago del alquiler, las entidades pondrán a disposición de la Xunta una parte de su parque de viviendas vacías para realojar a estas familias también con un alquiler social de hasta 125 euros que se cerrará según las posibilidades de cada una de las familias. Pese a que todavía no se conoce el total de empresas que se adherirán al acuerdo y que se conocerán en los próximos días, Feijóo dijo confiar en que sean «todas las que tienen implantación en Galicia» y ya avanzó que entre ellas estarán algunas como Abanca, la Caixar Rural Galega o el Banco Sabadell Gallego.

El titular autonómico aseguró que desde el principio de la legislatura se están llevando a cabo medidas para frenar los desahucios en la Comunidad, por eso «se encuentra en la banda de ejecuciones en España, muy por debajo de la media estatal». Con todo, Feijóo quiso hacer hincapié en que las medidas tomadas en los últimos tiempos son una muestra de su compromiso con que «ninguna familia gallega pierda su casa por razones económicas».