Los concellos realizarán un pago fijo por usuario en servicios sociales

La Xunta y la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) han estudiado este lunes la participación de los concellos en la financiación de los servicios sociales agrupados en la Axencia Galega de Servizos Sociais. El acuerdo entre ambas partes permitirá asegurar la financiación de los 300 centros agrupados en el organismo autonómico. La participación financiera de los ayuntamientos se vinculará al numero de personas que se beneficien del servicio. De esta forma, según explicó la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, habrá «una aportación económica cuantificada y cerrada» por «cada niño que esté en una escuela infantil y por cada persona mayor que esté en un centro de día», y que «además sea vecino del municipio», con el fin de «evitar cualquier duda y tener absolutamente todo claro».

Así, esta cifra deberá ser aportada por los propios ayuntamientos y será tomada como «base».

Según informó la Xunta, hasta el momento era el ayuntamiento donde se ubicaba el centro el encargado de financiar un porcentaje fijo del mantenimiento, independientemente de la procedencia de los usuarios, y con este acuerdo se da luz verde a una de las demandas de los propios concellos. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha asegurado que «la Axencia Galega integra a todos los municipios y clarifica los recursos». Rey Varela afirmó que en este «proyecto somos todos imprescindibles».

La reunión entre Xunta y ayuntamientos también sirvió para analizar la nueva Estrategia de Inclusión Social de Galicia 2014-2020, que cuenta con un presupuesto de 521 millones de euros y 300 medidas a realizar, en la que se han tenido en cuenta diversas reivindicaciones de la Fegamp. Así, se desarrollarán tres planes operativos bianuales (2015-2016, 2017-2018, y 2019-2020), mientras que el primer semestre de este año se espera que esté listo el referido a 2015 y 2016.

Entre las reivindicaciones, según ha subrayado el presidente de la Fegamp, se encuentra la «tramitación cada vez más rápida» de la contratación de personas perceptoras de la Risga, «eliminando trabas». De este modo, para este 2015 se contratarán a unas 1.200 personas, para lo cual se destinan unos 10 millones de euros.