La juez de la «operación Zeta» reclama los cursos de formación desde el 2000

Los ecos de la «operación Zeta» siguen resonando en las paredes del Parlamento gallego. Lo hacen a modo de «déjà vu» en cada pleno quincenal desde hace tres sesiones, bien sea a modo de pregunta o en forma de interpelación, para añadir más datos a una trama, de por sí, ya abultada. Pese a ello, la juez que investiga un presunto fraude en cursos de formación continúa recabando información. Tras ampliar la semana pasada la lista de imputados, ahora reclama a la Xunta todos los datos referentes a las ayudas adjudicadas a la formación desde el 2000. Es decir, las concedidas durante los últimos cinco años del gobierno Fraga, la etapa del bipartito (2005-2009) y los años posteriores, ya con Alberto Núñez Feijóo al frente de San Caetano.

Fue precisamente este último el encargado de revelar ayer el requerimiento del juzgado en medio de la sesión de control en el Parlamento. El presidente del Ejecutivo autonómico se enfrentó a su segunda réplica ante el socialista José Luis Méndez Romeu con «dos novedades». La primera, la «notificación que recibimos del juzgado» para remitir la información correspondiente a los cursos de formación en los últimos catorce años y, la segunda, los «65 millones de euros» en ayudas a este destino que el gobierno de socialistas y nacionalistas concedió «en funciones», esto es, tras perder las elecciones de marzo de 2009.

Las referencias al bipartito no hicieron más que caldear un ambiente tenso, lleno de insistencias de los diferentes portavoces de la oposición —salvo Carmen Iglesias, que optó por preguntar sobre las dificultades de los niños en el rural— para forzar una comparecencia de Feijóo en la Cámara centrada en la trama y en la «presunta financiación irregular de su formación», concretó el portavoz del PSdeG. El titular autonómico no se negó a comparecer; es más, amagó con hacerlo, aunque sin determinar ni cuándo ni cómo. Eso sí, no ofrecerá explicaciones al estilo «made in Lugo», basado en un discurso sin preguntas.

Los registros en la Diputación de Lugo, y la posterior disertación de José Ramón Gómez Besteiro este martes, fueron un recurrente para el líder popular tanto en su réplica a Romeu como en la del portavoz del BNG (su formación cogobierna en el ente provincial), quien puso fecha a su comparecencia: «En el próximo pleno». Francisco Jorquera repitió el esquema de su homólogo socialista para negar que el bipartito concediese en funciones, verter más dudas sobre la financiación del PP y volver a mencionar la relación del supuesto «conseguidor», Pachi Lucas, con la trama investigada.

Quintas se enzarza con Mato

Las desconfianzas del nacionalista, plasmadas en cuatro preguntas, tan sólo obtuvieron una respuesta: «Rotundamente no», zanjó Feijóo a todas ellas. El «no» también lo utilizó con la coportavoz de AGE, Yolanda Díaz, quien lo interrogó sobre un posible cese de la conselleira de Traballo por su gestión de los cursos de formación. «Tenga la inmensa seguridad de que no la voy a cesar en ningún caso», señaló el presidente autonómico.

Precisamente, Beatriz Mato volvió a responder pocas horas después sobre el mismo tema, «la operación Zeta». Esta vez mediante una interpelación de la diputada socialista María Quintas, que se refirió al «sumario» tantas veces como definió de «incompetente» a la conselleira. Con irritación evidente por el agravio, la responsable del departamento de Traballo desmenuzó, por años, el importe de las ayudas concedidas a cuatro empresas vinculadas con Gerardo Crespo, en el epicentro de la trama: Gecreri, Fundefo, AED y Azetanet. En total, 10,3 millones de euros: seis entregados por el bipartito y los otros cuatro, por el actual.

Yendo a lo concreto, Mato tachó de «exagerado» lo ocurrido en 2007, ya que se «multiplicaron por tres las ayudas» otorgadas a dichas empresas, y volvió a reivindicar que la Xunta de la que forma parte fue la primera en inspeccionar los programas integrados de empleo. Quintas la tachó de «mentirosa», además de «incompetente porque pasea en bolso y tacones por la Consellería» —algo que después retiró—, y dejó el campo a medio plantar para su compañera de filas.

Marisol Soneira se empecinó en conocer si Pachi Lucas «pernoctó» en Monte Pío, desligando ese hecho de la «vida privada del presidente». Pero el «olor a rancio» y de «salsa rosa» de la pregunta no gustó al vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, porque no aporta nada más allá que el «retrato» del PSOE. «¿Qué le parecería que nosotros le hubiésemos hecho esta pregunta a Touriño?», dejó caer.