Gómez Besteiro elude dar explicaciones y remite a Pilar de Lara

El secretario general del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, remitió a la juez Pilar de Lara para dar explicaciones sobre el registro de la Diputación. Según manifestó el líder socialista «la investigación está bajo secreto sumarial y no voy a ser yo quien se salte esa sagrada norma». En todo caso «la Diputación colabora en el pasado, en el presente y en el futuro y cuando tengamos información la trasladaremos». Además, añadió que «si supiera algo no podría comunicarlo, porque es algo que me traslada la señora juez».

El presidente provincial eludía así en la capital gallega, a donde acudió para participar en la entrega de los «Premios Violeta» de Juventudes Socialistas de España, dar las explicaciones que desde Lugo estaban exigiendo los populares, para sentenciar con un «no me voy a adelantar sobre este asunto».

Horas antes, la portavoz del PP en Lugo comparecía en rueda de prensa y llamaba la atención sobre la doble vara de medir del presidente provincial, quien «exige al resto de partidos lo que no aplica en su propia casa». Recordaba Elena Candia cómo Besteiro ha pasado de puntillas sobre varias de las investigaciones llevadas a cabo en la Diputación en los últimos años, extremo que tildó de «inédito» en España.

En línea con lo manifestado este sábado por su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, quien señaló durante un acto en Verín que en política «hay que dar explicaciones todos los días, y cuando hay alguna duda hay que salir a darlas», Candia instó a Besteiro a que dé la cara. Considera la representante popular, ante la «gravedad» de los últimos hechos, en clara referencia al registro llevado a cabo en las dependencias provinciales, que el socialista debe comparecer en el próximo pleno —así se lo exigirá el PP— para aclarar lo acontecido este viernes. Agentes de la UDEF registraron y requisaron expedientes de hasta seis departamentos, algunos ligados al área de Presidencia, durante más de once horas a petición de la juez Pilar de Lara, instructora de la «Pokemon».

La popular se hizo eco de lo publicado en los medios de comunicación para afirmar que la investigación persigue presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, exacciones ilegales (cuando la autoridad o un funcionario exige pagos indebidos o mayores de lo estipulado) y prevaricaciones.

Otras investigaciones

En este sentido, Candia recordó que no es la primera vez que su formación denuncia prácticas que podrían derivar en un ilícito penal. Es el caso de la gestión del programa «Km0», en relación a una posible malversación de fondos públicos, al que De Lara ha echado el ojo; su política de personal, pues el PP llegó a detectar varias «maniobras políticas para perpetuar en el puesto de trabajo a los comisarios de Besteiro»; o las subvenciones concedidas al C.B. Breogán y a la Fundación Balogal (5,1 millones desde 2008).

A mayores, pesan denuncias sobre presuntos casos de acoso al personal del servicio de Protocolo, también bajo la lupa judicial, y que motivan «la existencia de dudas», según la popular lucense, quien añade que han registrado preguntas en el pleno provincial sobre el importe total de las facturas emitidas por las empresas Markova-Tic y Dioptra. En un registro paralelo en el Ayuntamiento de Lugo, la Policía Judicial solicitó las facturas de pago del Concello a estas dos sociedades, propiedad del padre de la que fuera jefa de gabinete del alcalde Xosé López Orozco (PSdeG).

«Este tipo de investigaciones no son nuevas en la Diputación de Lugo», indicó Candia, para referirse también a la piscina de Monterroso, donde se detectaron pagos de 323.937,37 euros a la adjudicataria por trabajos que no se realizaron; o las presuntas irregularidades en la carretera Alto do Valiño-Valdeporrás, que investiga la Fiscalía.

Y mientras todo esto sucede, lamenta la portavoz popular, «Besteiro asegura que sólo tomará medidas ante hechos probados». Precisamente, sobre la posibilidad de que esta investigación acabe salpicando al líder del PSdeG, se le preguntó al portavoz socialista en el Parlamento, José Luis Méndez Romeu, quien defendió el funcionamiento transparente de la institución y trasladó el mensaje de «colaboración con la Justicia».