La Generalitat defiende que los gastos de Barberá están fiscalizados y son legales

La consellera portavoz, María José Catalá, ha afirmado hoy que los gastos de representación realizados en la última legislatura por el Ayuntamiento de Valenciaestán "fiscalizados", por lo que hay "seguridad total" en la ausencia de responsabilidad judicial.

Catalá ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en referencia a la información publicada por Compromís en la web ritaleaks.compromis.net.

"No valoramos las facturas de otras Administraciones; la alcaldesa ya se ha pronunciado al respecto, se trata de gastos fiscalizados. Todas las explicaciones se han dado", ha añadido.

Preguntada por la política de gastos de representación del Consell ha explicado: "Todo el mundo la conoce, se sabe que viajamos en clase turista, en compañías de bajo coste y que existen limitaciones en gastos de desplazamientos", aunque ha evitado referirse de forma explícita al límite de 20 euros por menú para altos cargos que impuso el president Fabra en noviembre de 2011.

"Esas limitaciones son públicas, no es necesario reiterarlo, son de sobra conocidas", ha respondido.

Respecto a Compromís, ha considerado que su iniciativa de hacer públicas las facturas de gastos de Alcaldía durante esta legislatura forma parte de una "campaña sucia", porque los responsables de esta coalición consultaron las facturas el pasado mes de noviembre y las hacen públicas ahora "con una clara intención política".

"A las elecciones hay que llegar con propuestas, no con este tipo de iniciativas. No nos inquieta porque se evidencia el compromiso de la transparencia en todas las Administraciones del PP. Si las facturas son públicas es porque el gestor quiere hacerlas públicas. Están intervenidas y fiscalizadas", ha insistido Catalá.

Sobre el supuesto caso de corrupción que ha denunciado EU en la Diputación de Valencia, la consellera ha afirmado que la corporación provincial "ha puesto de manifiesto su compromiso con la transparencia con la aprobación de una comisión de investigación".

"Queremos llegar hasta el final de este asunto, que se diriman responsabilidades, que no se siembre duda sobre personas que han gestionado honestamente", ha concluido.