Josefa, «la abuela de Fuerteventura», entrará en prisión salvo «solución de última hora»

Josefa Hernández, «la abuela de Fuerteventura», pasará este lunes a ser una interna más de la prisión de Tahíche, en Lanzarote, si nada lo remedia antes. Así se cumpliría su voluntad, aunque no la de las decenas de miles de personas que han ido aumentando su apoyo en los últimos días en las redes sociales (ya rozan las 33.000 firmas) y que esta tarde lo harán en las calles de las capitales canarias con manifestaciones públicas. Quieren que el Gobierno le conceda el indulto, tras haber recibido una condena de seis meses de prisión por no haber derribado su casa, construida en un espacio protegido en Betancuria (Fuerteventura).

Sus últimos días han pasado entre la protesta —inició una huelga de hambre frente a la Delegación insular del Gobierno— y los problemas de salud.

Anoche su familia se preparaba para que durmiera en casa, tras haberla llevado al hospital porque había tenido un pico de tensión y un aumento del azúcar en sangre.

Sedada, se embarcará en el ferry de Naviera Armas que sale de Corralejo a las diez de la mañana hacia Playa Blanca, en Lanzarote, para desde ahí dirigirse a la prisión de Tahíche, según relatan a este periódico fuentes de la familia.

La acompañarán los familiares y algunas personas de su entorno, además de representantes públicos, como el consejero insular Andrés Briansó, que ha prestado su ayuda a la familia.

El presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, Marcial Morales, tiene intenciones de acompañar también a Josefa, que a sus 63 años tiene a cinco familiares a su cargo: su hija Cristina, con un 39% de discapacidad, sus tres nietos y su hijo Raimundo, parado de larga duración. Morales no entiende cómo se ha llegado a este punto.

«Se trata de una gran injusticia cometida en sede judicial. Su único delito es ser pobre», afirma. El dirigente político cree que se podrá evitar «a última hora» que Josefa entre en prisión, a pesar de que ella «muestra una enorme dignidad en todo momento y está dispuesta a ir a la cárcel pese a todo», dice.

Para el presidente insular, se trata de una medida «desproporcionada y que responde a razones que a cualquier persona normal no entendería», ya que casos como este «tendrían que avergonzar a la administración de justicia».

La mujer ya ha pagado una multa de 700 euros por su casa en terreno protegido y se ha comprometido a tirarla abajo una vez que consiga una vivienda donde pueda vivir con su familia.