La juez evita dilucidar si el gobierno de Santisteve ha incurrido en desobediencia

La jueza que vio cómo quedaba en papel mojado su auto ordenando que se paralizara el borrado del nombre de Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ha pasado por alto el posible ilícito de desobediencia judicial en que pudo haber incurrido el gobierno municipal dirigido por el alcalde Pedro Santisteve, de ZEC, la coalición liderada por Podemos e IU en la capital aragonesa.

La magistrada, titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Zaragoza, Concepción Gimeno, dictó ese auto de medidas cautelarísimas el jueves pasado. Pero el gobierno municipal tardó horas en cumplirlo de forma efectiva, las suficientes hasta que hizo desaparecer el nombre «Príncipe Felipe» del emblemático pabellón de los deportes de la capital aragonesa.

Ese auto de medidas cautelarísimas lo dictó la juez tras atender el recurso presentado por el PP contra el cambio de nombre de dicho pabellón, decidido unilateralmente por el gobierno municipal en contra de la mayoría del Pleno –las dos terceras partes de los ediles se oponen–.

El PP entiende que se han dado irregularidades suficientes como para anular ese cambio de denominación. El pabellón se ha llamado «Príncipe Felipe» desde que se inauguró, hace 25 años.

La juez entendió que había argumentos suficientes como para admitir a trámite el recurso judicial. Y, mientras se dilucida el fondo del caso, ordenó cautelarmente que paralizaran de inmediato los trabajos de borrado del nombre en la fachada del pabellón, unas obras que el gobierno municipal encargó a una empresa privada por más de 7.000 euros.

El PP considera que el gobierno de Santisteve dilató intencionadamente el cumplimiento de esa orden cautelarísima dictada por la juez, a fin de consumar –como ocurrió– el borrado del nombre. Y entiende que puede ser constitutivo de un ilícito de desobediencia que, según las circunstancias que hubieran concurrido, podría conllevar responsabilidades penales.

Ayer lunes, la juez reunió a las partes –PP y gobierno municipal– para escuchar sus argumentos y decidir si mantenía o no esa medida cautelarísima de paralización del cambio de nombre. Durante la vista, el abogado del PP, Clemente Sánchez Garnica, trató de introducir el supuesto de desobediencia judicial en que había incurrido el equipo de Santisteve. Sin embargo, la juez zanjó rotundamente la cuestión impidiendo que el letrado expusiera este asunto y se limitó a instarle a que, si lo consideraba oportuno, presentara un escrito en el futuro.

Fuentes del PP están planteándose hacerlo, lo que podría motivar la apertura de una pieza judicial separada para dilucidar un posible ilícito de desobediencia contra el gobierno municipal de ZEC.

Mientras tanto, lo más inmediato es conocer si la juez entiende procedente o no mantener la suspensión del cambio de nombre del pabellón, hasta tanto se resuelva el contencioso judicial abierto sobre la legalidad de este trámite decidido unilateralmente por el gobierno de Zaragoza.

De mantenerse la cautela, quedaría en suspenso el cambio efectivo de nombre del pabellón hasta tanto se resuelva el fondo del asunto en los tribunales. Y esto podría tardar años en obtener sentencia firme.