Aragón gastará casi 100 millones de euros al año para garantizar un sueldo mínimo a todos los ciudadanos

Escasas horas después de que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, prometiera –si llega al Gobierno de España– una renta mínima de por vida a personas sin ingresos, el Ejecutivo aragonés del socialista Javier Lambán ha anuncaido la puesta en marcha del procedimiento para implantar en esta región la «renta social básica». Le costará a Aragón casi 100 millones de euros al año.

Empieza a prepararse el proyecto de ley, que no se sabe cuando se sustanciará y, por tanto, cuándo entrará en vigor este sueldo mínimo garantizado para toda la población. Pero se da por seguro que llegará cuanto antes, con la «máxima urgencia», según ha dicho la consejera aragonesa de Derechos Sociales, María Victoria Broto.

Sigue el modelo apuntado por Sánchez, pero la iniciativa de los socialistas aragoneses ya le llevaba ventaja: la habían incluido en el programa electoral de las autonómicas del 25 de mayo, y la convirtieron en compromiso de gobierno al pactar con Podemosla investidura de Lambán como presidente de la Comunidad.

Esta «renta social básica» no solo se contempla para personas sin ingresos sino para aquellas que, teniéndolos, no lleguen a lo que se considerará mínimo para «vivir dignamente». Así lo explicó ayer la consejera Broto.

Ese futuro complemento salarial con cargo a las arcas del Gobierno aragonés será de importe variable, según las condiciones económicas de cada beneficiario y, en su caso, de su unidad familiar. Lo que garantiza es que, se trabaje o no, se tengan ingresos o no, Aragón marcará por ley los ingresos personales mínimos y la Administración regional podrá la parte que le haga falta para que todo ciudadano llegue a ellos cada mes.

A falta de un cálculo exacto, el Gobierno aragonés calcula que esto puede conllevar un gasto público extra de unos 60 millones anuales. El Gobierno aragonés dedica ahora 30 millones de euros al año para pagar el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI). Éste, previsiblemente, quedará englobado en la futura «renta social básica», y el gasto estimado total ascenderá a entre 80 y 90 millones de euros al año.