Zimbabue nacionalizará sus minas de diamante

El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, ha asegurado que su Gobierno tomará el control de todas las operaciones de diamantes ya que «los mineros han robado la riqueza del país».

El anuncio del mandatario se produce solo una semana después de que el Ministerio del Minas ordenara a todas las empresas detener la producción, así como abandonar los campos de Marange (al este del país), al confirmar que no habían renovado sus licencias.

En 2013, un informe parlamentario sobre la industria del diamante en Zimbabue denunciaba la desaparición de las cuentas públicas de millones de dólares en ingresos, así como la militarización de las minas del país.

Solo días después de hacerse público, el diputado Edward Chindori-Chininga, al mando de la comisión encargada del estudio, fallecía en un extraño accidente de tráfico (imágenes posteriores del vehículo mostraban que el parabrisas estaba intacto y los «airbags» no se habían desplegado).

Chininga había sido ministro de Minas entre 2000 y 2004.

En el documento, se recogía cómo, por ejemplo, la compañía Mbada Diamonds aseguraba haber pagado al Gobierno de Harare al menos 293 millones de dólares desde 2009, incluyendo 117 millones entre 2011 y 2012. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas tan solo cuantificaba en 41 millones de dólares los ingresos logrados por el Gobierno de Harare en en el último año.

Por aquellas fechas, la organización Partnership Africa Canada denunciaba que, desde 2008, el Gobierno de Zimbabue se había apropiado de forma ilegal de diamantes valorados en 2.000 millones de dólares procedentes del yacimiento de Marange, en el mayor saqueo que ha visto el mundo«desde los tiempos de Cecil Rhodes» (1853-1902). El contrabando se realizaba fundamentalmente a tres niveles: «a pequeña escala artesanal (tal y como ha existido durante años), a un nivel intermedio que implica la colusión de militares, políticos y contrabandistas independientes; y a un tercer nivel que implica una manipulación muy sofisticada de precios de las gemas a comercializar».

El certificado Kimberley

En 2003, bajo el amparo de Naciones Unidas y la industria del sector, se puso en marcha el Kimberley Process Certification Scheme (KPCS), un sistema diseñado para dotar a los consumidores de plenas garantías de que los diamantes que adquieren no financian conflictos armados en el continente africano. Pese a ello, las miserias encubiertas del grupo regulador en torno a estas piedras, que representan tan sólo el 4 por ciento del total del mercado (0,1 por ciento, según la industria), continúan.

Se trata, en primer lugar, de un sistema 100 por ciento subjetivo. A finales de 2011, el Kimberley Process (quien apenas basa su control en un par de visitas guiadas al año) legalizó el comercio de diamantes procedentes de Zimbabue. Y ello, a pesar de las continuas denuncias sobre el trabajo forzoso de niños y las matanzas cometidas en las minas del país.

En diciembre de 2010, por ejemplo, Grace Mugabe, esposa del presidente zimbabuense, demandaría al principal diario del país, «The Standard», tras la publicación de un cable de Wikileaks en el que se le acusa de haberse adjudicado decenas de millones de dólares con la venta ilegal de diamantes de los yacimientos de Marange.

En él, diplomáticos estadounidenses citaban a un ejecutivo minero británico afirmando que personas cercanas a Mugabe, incluyendo a su esposa Grace, habían «estado extrayendo enormes beneficios» de la mina de Chiadzwa, en la parte oriental del país.

Solo un año después, Human Rights Watch denunciaba la participación de las fuerzas armadas en el trabajo forzoso de niños en estas minas. De igual modo, y según la organización, a finales de 2008 fuerzas de seguridad gubernamentales asesinaron a más de 200 personas en una violenta toma de estos campos.