La visita de Estado de Macri, un borrón y cuenta nueva definitivo

Aquella visita de Néstor Kirchner a Madrid, en julio del 2003, se esperaba con entusiasmo. Era un gran acontecimiento después de la hecatombe que hundió a Argentina en la mayor depresión de su historia reciente. El flamante presidente apenas llevaba un par de meses en la Casa Rosada. Había asumido después de un año largo en el que Eduardo Duhalde, con Roberto Lavagna, su ministro de Economía, había comenzado a colocar los cimientos de una recuperación que empezaba a tener signos vitales.

El Gobierno de José María Aznar quería ayudar y evitar roces con las empresas, especialmente, con las privatizadas de servicios públicos que tenían sus tarifas congeladas tras “el crack” del 2001/2002. La primera reunión de Néstor Kirchner con la cúpula de la CEO, contra todo pronóstico, fue un desastre o, con la ventaja que da el tiempo pasado, el preludio de la seguidilla de problemas que, -con su esposa en el poder-, iban a tensar, como nunca, la cuerda de las relaciones bilaterales.

“Usted nos ha puesto a parir a todos”, le reprochó Jose María Cuevas, por entonces presidente de la CEOE a Kirchner. El “pingüino”, como se conocería popularmente al difunto ex presidente, había arremetido contra las firmas españolas y con ironía les había advertido: “¿Acaso fueron a la Argentina en la década de los 90 a hacer beneficencia?”. El mensaje de Kirchner a los ejecutivos y banqueros presentes sonaba muy parecido a la letra y a la música que interpretaría, en clave mucho más dramática, posteriormente Cristina Fernández y, con especial virulencia, su ministro de Economía, Axel Kicillof.

Aznar y Kirchner, pese a las declaraciones o interpretaciones posteriores, parecieron entenderse. De hecho, en privado, el argentino alabó al español. Dicho todo lo anterior, fue inflexible con la recomposición de la mayoría de las tarifas. Su vicepresidente, Daniel Scioli, sufrió un severo correctivo –le retiró la palabra varios días- por declarar públicamente que en algún momento había que solucionar aquellos problemas con las empresas españolas.

Kirchner, en sus cuatro años largos de Gobierno, estatizó, entre otras, Aguas de Barcelona. Su mujer, Cristina Fernández, se ocuparía de hacer lo propio en el 2008 con Aerolíneas Argentinas y, ya viuda, en 2012 con la mayoría de las acciones de Repsol en Ypf. En el primer caso, envió un proyecto de ley al Congreso que dio luz verde a la reestatización y compensó a la empresa con un peso (menos de un euro). La decisión tomó por sorpresa al Gobierno español y a la compañía que en ese momento, ironías del destino, presidía Gerardo Díaz Ferrán. “La medida fue un abuso, un atropello y una ruptura unilateral de contrato. Nosotros habíamos firmado un compromiso de compra con el Gobierno en el mes de mayo. El embajador de España, Rafael Estrella, estuvo presente en el acto con el ministro de Planificación, Julio De Vido”, recordaría Jorge Molina, subgerente de AA por entonces.

La escena tendría una réplica, con tintes cinematográficos, con el caso Repsol-Ypf. La compañía que todavía preside Antonio Brufau había pasado por el aro de la “argentinización” kirchnerista. Eso significaba incorporar un socio local. El elegido fue Enrique Eskenazi, ex banquero de Santa Cruz, la provincia donde Kirchner gobernó como feudo propio mas de diez años. El “socio” se hizo con el 25 por ciento de las acciones que pagó, en su mayoría, con los futuros beneficios de esas mismas acciones. El negocio era insólito. Con aquella decisión, confiaban en Repsol, “nos dejarán en paz”. Se equivocaron.

El descubrimiento del yacimiento de Vaca Muerta, uno de los mayores del mundo, provocó el cambio. Brufau dejó de ser el empresario favorito de la presidenta argentina y frente a la amenaza de otra reestatización, el Gobierno de Mariano Rajoy mandó a negociar a principios del 2012 a José Manuel Soria y a José Manuel García Margallo. Ambos se fueron satisfechos de Buenos Aires. Creyeron en la palabra dada y el compromiso de tregua hasta elaborar, en comisiones respectivas, informes sobre la situación real de la compañía petrolera que empezaba a hacer aguas.

A los ministros, prácticamente, no les dio tiempo a superar “el jet lag”. La viuda de Néstor Kirchner, el 16 de abril, intervino -y luego expropió- “la joya de la corona” como se conoce históricamente a Ypf. Un contingente de agentes desembarcó en la sede de la empresa. Los ejecutivos españoles y la cúpula de la firma fueron desalojados de sus despachos y del edificio. La empresa les mandaría a Uruguay por temor a su detención. En los día posteriores el piso que alquilaba Brufau en Buenos Aires fue registrado sin autorización por un inspector camuflado. La Unión Europea respaldó a España y Argentina comenzaría su largo peregrinaje por el desierto internacional al que Mauricio Macri puso, en menos de un año, fin.

En este marco, las burlas públicas de Cristina Fernández sobre “el pelao”, en referencia a Luis de Guindos, los anuncios de campaña (con fotos de las banderas de España y de la UE y leyendas despectivas) haciendo escarnio de la crisis española, la corrupción, el caso Rodrigo Rato y los mensajes más ó menos explícitos contra España (además de prohibir la importación de jamones y otros productos) terminaron de quebrar la relación. Eso, sin contar las dificultades de Endesa, Gas Natural Fenosa, Pescanova, Abertis, Telefónica, Dragados y otras firmas españolas que, en conjunto, llegaron a tener una inversión acumulado de más de 50.000 millones de euros. En la actualidad, el "stock" es de unos trece mil millones y los puestos de trabajo que generan ascienden a 93.000.

En ese contexto, las amenazas del Gobierno argentino con Kicillof a la cabeza de no pagar nada por la expropiación del 51 por ciento de las acciones arrebatadas a Repsol de Ypf, se convirtieron en un acuerdo muy favorable para los españoles. La multinacional logró más de cinco mil millones de dólares mediante un abanico de bonos de los que supo, oportunamente y con rentabilidad, desprenderse. Un dato ilustra cómo veía Mauricio Macri aquel proceso, su partido fue el único que votó en bloque en contra de la expropiación.

El actual Gobierno da aquellos episodios por zanjados. Ahora, busca recuperar aquellos "niveles de inversión", como observó la canciller, Susana Malcorra.. Como los empresarios, ambos Gobiernos saben que hace falta tiempo y tener garantías de la expresión favorita de los inversionistas: Seguridad jurídica.