El Gobierno de Perú no acepta la renuncia de la vicepresidenta Mercedes Aráoz

Alega que la presentó ante un Congreso que «no existe» tras su disolución este lunes

Mercedes Aráoz, hablando durante una entrevista en el Centro Internacional de Prensa en la ciudad de Lima EFE

Pao Ugaz

La vicepresidenta de Perú, Mercedes Rosalba Aráoz , renunció el martes, a través de Twitter, a su cargo alegando que se había «roto el orden constitucional de Perú». Sucedía horas después de que el presidente Martín Vizcarrar disolviera el Parlamento y convocara elecciones elegislativas. Es por ello que el Gobierno de Perú consideró hoy que la renuncia de Aráoz no era efectiva porque la presentó ante un Congreso que «no existe», afirmó el primer ministro peruano, Vicente Zeballos . «Desde una perspectiva política y constitucional, ella sigue siendo vicepresidenta de Perú», remarcó Zeballos en la emisora RPP Noticias al comentar la renuncia «irrevocable».

Zeballos enfatizó, en ese sentido, que «ella renunció ante el presidente del Congreso, y el Congreso no existe, ha quedado disuelto» en uso de las prerrogativas constitucionales que tiene el presidente. «Lo que está en ejercicio es la Comisión Permanente, ella sigue siendo primera vicepresidenta en estos momentos», ratificó.

El primer ministro manifestó, además, la «disposición» de Vizcarra para mantener una buena relación y entablar conversaciones con «mayor fluidez» con Aráoz, a pesar de que esta asumió durante la confusa jornada del lunes el cargo de «presidenta en funciones» que le otorgó una facción del Congreso que rechaza haber sido disuelto, informa Efe.

Odebrecht

Las inacabables revelaciones de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht desde el 2001 hasta el 2017, es una de las razones principales para que el presidente Martin Vizcarra haya decidido disolver el Congreso en Perú, debido a que desde esa institución se bloqueó sus iniciativas anticorrupción una y otra vez.

«El enfrentamiento entre el presidente Vizcarra y el Congreso tiene como origen en las revelaciones del caso Lavajato y Lavajuez, lo que llevó al mandatario a plantear cambios en las reglas políticas, llevar adelante un referéndum para establecer condiciones mínimas para el cambio, y en todos esos pedidos el Congreso no le hizo caso», señaló al ABC, el abogado y analista político, Ivan Lanegra.

Desde que se iniciaron las revelaciones del caso «Lavajato» desde Brasil que coincidieron con las revelaciones del caso «Lavajuez» y la red de corrupción en la Corte Suprema peruana y la Fiscalía, se inició el procesamiento de los expresidentes Alejandro Toledo (preso en EE.UU.); Alan García (quien se suicidó antes de ser detenido en Lima); Ollanta Humala (preso por nueve meses en Lima); Pedro Pablo Kuczynski (con arresto domiciliario y forzado a renunciar a la presidencia) y la excandidata presidencial, Keiko Sofía Fujimori, (presa desde octubre pasado).

Tanto Keiko Sofía Fujimori como el fallecido Alan García tienen una bancada de legisladores que es mayoría en el Congreso y que bloqueó mas de una vez las iniciativas anticorrupción del Gobierno, como por ejemplo, impedir que se despida al exfiscal de la nación, Pedro Chavarry, quien formaba parte de la red de «cuellos blancos».

Según la Constitución de 1993, si el Congreso rechaza dos cuestiones de confianza del presidente, éste tiene la facultad de disolver el Congreso y convocar a elecciones.

Entre hoy y mañana, se espera que desde Curitiba en Brasil, ex Superintendente de Odebrecht, Jorge Barata revele mas «codinomes» de políticos sobornados para otorgarles obras a la todopoderosa constructora. En esta ocasión, toca la sección de legisladores a quienes Odebrecht les ayudo para hacer sus campañas políticas, tema que causará mas de un remezón.

El único país donde se han desarrollado más las pesquisas del caso «Lavajato» fuera de Brasil, es Perú y una clara muestra de ello es el acuerdo de colaboración entre la constructora Odebrecht y el Estado peruano refrendado por el poder judicial. Este acuerdo obliga a la empresa a colaborar con información de sus servidores informáticos desde el año 1990 hasta la actualidad y que todos sus funcionarios declaren todo lo que conocen de la clase política del país andino.

¿Golpe de Estado?

Para el abogado, Juan de la Puente , la respuesta es no y se basa en el articulo 45 de la Constitución peruano que señala que «un golpe de estado se produce cuando alguien se arroga el poder para si, y el presidente esta convocando elecciones y no está tomando ningún poder para si, ha dispuesto una de una medida prevista en nuestro orden interno para que haya elecciones y se renueve la representación en el Congreso».

«Es por eso que hoy el Jurado Nacional de Elecciones hace una interpretación constitucional y valida el acto, convoca el proceso para enero del 2020 porque considera que no hay golpe de estado»; agregó De la puente.

- ¿Cómo explicar que esta medida extrema del presidente Vizcarra no configura un golpe de estado?

Lanegra responde: «El gobierno del presidente Vizcarra ha disuelto el Congreso apelando a una atribución prevista en la Constitución. El gobierno actua siguiendo las disposiciones previstas en la carta magna, habiendo convocado inmediatamente a elecciones parlamentarias, y reconoce la permanencia de la comisión permanente del Congreso»; al tiempo que agrega que «las demás instituciones del Estado funcionan normalmente y las libertades se están ejerciendo sin restricción. Por todo ello, podemos hablar de una crisis política, pero no de un golpe de Estado».

«Somos un régimen presidencial anómalo. La disolución es una figura de los regímenes parlamentarios. Y la otra cosa es que el Perú es desde el virreinato el país de la formalidad sin realidad. Las formas son muy importantes, pero siempre deben estar al servicio de los fines públicos que contienen», añadió Lanegra.

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