El último dictador de Europa, acosado por la calle y por Moscú

El régimen acaudillado por Alexánder Lukashenko, el último dictador de Europa, hace tiempo que da muestras de agotamiento. Está incluso bajo amenaza la existencia de Estado bielorruso en su actual versión, que sigue siendo arcaica y refractaria a las reformas. De forma inesperada para todos, el país está ahora siendo sacudido por una ola de protestas, pero no de la maltrecha y perseguida oposición política, sino de quienes son considerados por ley «parásitos sociales».

En Bielorrusia ha funcionado una ley inspirada en la legislación soviética, que entonces luchaba contra quienes no trabajaban y se las ingeniaban para vivir a costa de los demás, del Estado concretamente, abusando de sus ayudas y subsidios.

La versión actual de aquella norma, en una sociedad que hace tiempo que dejó de disfrutar de aquellos «beneficios del comunismo», consiste en un impuesto introducido en 2005 para gravar a quienes trabajen menos de 183 días al año.

La tasa correspondiente a 2015 fue de 360 rublos bielorrusos (177 euros) y la de 2016 subió a 420 rublos (206 euros).

«Cuando estás en el paro o tienes un trabajo precario a tiempo parcial con un sueldo bajísimo, no estás para tener que pagar encima un impuesto injusto y vejatorio. Teniendo en cuenta además que cada vez es más difícil encontrar empleo y que buscarlo implica gastos de transporte y teléfono», declaró hace una semana Svetlana, una mujer de unos 40 años, ante las cámaras de la televisión rusa durante una manifestación en la localidad bielorrusa de Brest.

Las protestas comenzaron a principios del mes pasado y se extendieron por todo el país. Minsk, la capital bielorrusa, fue escenario de una concentración con más de cinco mil personas, la más numerosa desde diciembre de 2010, cuando la oposición sacó a su gente a la calle para protestar contra la «fraudulenta» reelección de Lukashenko.

Se da la circunstancia de que los congregados ahora nada o poco tienen que ver con las organizaciones opositoras. Parece tratarse de un movimiento espontáneo, pero han conseguido que el régimen recule. El presidente bielorruso ha suspendido la aplicación de la medida durante un año para debatirla mejor y revisarla. Lo anunció el pasado día 9 y ha prometido hasta devolver el impuesto de 2016 a los que ya lo pagaron, si el interesado logra un empleo permanente en 2017. De hecho, la tasa no la paga casi nadie, tan sólo un 10% de los 470.000 registrados como «parásitos sociales».

Pero las movilizaciones continúan y ya se han empezado a escuchar gritos pidiendo la dimisión de Lukashenko. Se han practicado detenciones. El jefe del Estado sostiene que lo que se pretendía no era recaudar sino «apelar a la conciencia moral de quienes pueden y deben trabajar».

Años de estancamiento

A falta de reformas estructurales, la economía bielorrusa lleva años estancada, se encuentra en recesión y hay serias dificultades para devolver la abultada deuda contraída. El paro aumenta y los salarios se reducen.

Lukashenko, un antiguo director de Koljoz (cooperativa agraria soviética), instauró al llegar al poder, en 1994, un modelo económico basado en el sistema de planificación propio de la era comunista y utilizó el señuelo del acercamiento a Moscú, para obtener carburantes baratos procedentes de la vecina Rusia y créditos. El esquema económico incluye la exportación a numerosas regiones rusas de artículos de consumo de dudosa calidad aunque de bajo precio.

Bielorrusia y Rusia estatuyeron lo que denominan un «Estado Unitario», aunque en la práctica no es más que un proyecto que no termina de culminarse. Eso sí, con la Unión Europea como referente, crearon un espacio económico común y eliminaron los controles fronterizos y aduaneros. Pero todo esto se está desmoronando. Rusia vigila de nuevo su frontera con Bielorrusia y ha establecido un embargo a algunos de sus productos, a la carne por ejemplo. Moscú además se niega en redondo a bajar el precio del petróleo a Minsk, como pide Lukashenko.

Las relaciones entre ambos países atraviesan un momento difícil, agravado además por el hecho de que Bielorrusia sigue sin reconocer la anexión de Crimea. Todo se estropeó cuando el Kremlin empezó a presionar para que Lukashenko privatizara las principales empresas estatales de país en favor de corporaciones rusas y éste se negó bajo el pretexto de que no quería perder soberanía. Ha pesado también el cambio favorable de la política de Minsk hacia Occidente. Bielorrusia ha abierto sus fronteras sin visado a los ciudadanos de la UE, Estados Unidos, Canadá y Japón, entre otros países, para estancias de no más de cinco días con el objetivo de promover los negocios y el turismo. Ha mejorado también su legislación electoral y ha puesto

en libertad a presos políticos.

Algunos analistas rusos no descartan que detrás de las actuales protestas en Bielorrusia esté la mano de Moscú, que buscaría desestabilizar a Lukashenko para hacerle más dócil. El ex consejero del Kremlin, Andréi Illariónov, va más allá y sugiere en una entrevista a la radio Eco de Moscú que tal vez exista un plan en la cúpula rusa para anexionarse Bielorrusia, un territorio en donde Putin tiene muchos más partidarios que en Ucrania, si se desata una revuelta como la del Maidán.