El Tribunal Supremo de EE.UU. tumba el sistema de pena de muerte de Florida

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha declarado inconstitucional el procedimiento para las sentencias de muerte establecido en el estado de Florida. La decisión, adoptada este martes por una mayoría de 8 a 1, considera que vulnera el derecho constitucional a un juicio con jurado, recogido en la Sexta Enmienda, al dejar poner en manos del juez la responsabilidad de aplicar la pena capital. “La Sexta Enmienda requiere que un jurado, no un juez, decida si un hecho merece imponer la sentencia de muerte”, señala la magistrada Sonia Sotomayor en el pronunciamiento en nombre del alto tribunal estadounidense.

En la actualidad, en Florida está previsto que el jurado tan solo exprese su recomendación sobre la sentencia, sin que tenga que especificar las razones de su postura.

El juez está obligado a tener en cuenta la recomendación del jurado, pero solo él tiene la obligación de exponer por escrito los motivos por los que un reo merece la pena capital.

La resolución del Supremo no entra a cuestionar la aplicación de la pena de muerte en sí misma, pero supone un varapalo para el sistema aplicado en Florida y deja en el aire cómo afectará los 400 reclusos de este estado que se encuentran en el corredor de la muerte a la espera de ser ejecutados.

El director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Robert Dunham, declaró a ABC que, si bien la resolución del Supremo no se pronuncia sobre la constitucionalidad de la pena de muerto como castigo, va en la línea de “acotar las circunstancias en las que esta condena se puede imponer”. “El Tribunal ha limitado progresivamente el ámbito de la pena capital indicando que no se puede aplicar contra personas que están discapacitadas intelectualmente, menores o en casos en los que no se ha matado a nadie”, así como “los procedimientos en los cuales los estados pueden usar para imponer la pena de muerte”.

La decisión del Tribunal Supremo se produce en respuesta al recurso de la defensa de Timothy Hurst, condenado a muerte por una jueza después de que el jurado recomendara la pena capital por una estrecha mayoría de 7 a 5. Hurst está acusado del asesinato con 60 puñaladas de una mujer en un restaurante de Pensacola. La recomendación del jurado no explicaba las circunstancias agravantes por las que se le debía imponer la pena capital. Además, los abogados alegaban además que Hurst sufre discapacidad intelectual.

El Tribunal Supremo basa su argumentación en la decisión tomada en 2002 en relación al procedimiento de la pena de muerte en Arizona, adoptada en relación a otro caso en ese estado. También entonces se tumbó el procedimiento por ser el juez quien determinaba los hechos merecedores de la pena. En Arizona ni siquiera se requería la recomendación del jurado, pero para el Tribunal, tampoco el hecho de que en Florida sí se exija esa recomendación no es relevante, ya que en ambos casos la pena máxima que habría obtenido el condenado con el pronunciamiento del jurado habría sido la cadena perpetua, mientras que finalmente fue el juez quien, basándose en sus propios razonamientos, elevó la condena a la pena de muerte.

Reforma de la ley

Los legisladores de Florida ya asumen que tendrán que adaptar su sistema condenatorio a la decisión del Supremo, pero sin cuestionar la pena de muerte. El parlamentario republicano en la Cámara estatal y jefe del comité de Justicia Criminal, Carlos Trujillo, avanzó este martes que presentará una proposición de ley para aplicar la resolución. “O hacemos eso o abolimos la pena de muerte. Esas son las dos opciones”, señaló en declaraciones recogidas por el diario Miami Herald.

El pasado año hubo en EE.UU. un total de 28 ejecuciones de condenados a muerte, el número más bajo desde 1998, según el último informe del Centro de Información sobre la Pena de Muerte. En el caso de Florida fueron dos, frente a las ocho del año anterior.