La tibieza del informe de Bachelet sobre los derechos humanos en Venezuela
La alta comisionada de las NN.UU. manifestó la negativa del Gobierno venezolano de disolver la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional
El Gobierno venezolano no ha evidenciado ninguna voluntad de atender la petición de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU de disolver la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional o de acometer otras acciones para prevenir ejecuciones extrajudiciales.
Así lo manifestó la alta comisionada Michelle Bachelet al presentar información actualizada sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, donde dijo que su organismo «ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES en algunas zonas del país».
A este respecto, hizo referencia a información recibida de la ONG Monitor de Víctimas Y que identifica 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas solo en julio en Caracas.
«Estos casos documentados revelan el mismo patrón identificado en mi informe de julio y demuestran la falta de mecanismos de protección efectiva para los testigos y familiares de las víctimas», denunció Bachelet.
Lamentó que el Gobierno, en lugar haberse decidido a disolver las FAES y prevenir que continúen las ejecuciones extrajudiciales, haya optado por reafirmar su apoyo a este cuerpo policial.
La ONU teme que el espacio democrático se reduzca aún más en Venezuela en caso de que se apruebe una ley que criminaliza las actividades de organizaciones de derechos humanos nacionales que reciben fondos del extranjero. «Si esta ley es aprobada y se aplica reducirá más el espacio democrático. También lamento los ataques del gobierno contra la independencia de las universidades», dijo la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos.
La Oficina de la alta comisionada en Ginebra ha recibido del Ministerio Público de Venezuela información general que indica que, entre agosto de 2017 y mayo de 2019, 104 miembros de las fuerzas de seguridad fueron condenados por violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, todavía aguarda los detalles sobre los tipos de violación, a qué institución pertenecían los responsables y el perfil de las víctimas.
Asimismo, Bachelet dijo que es preocupante el aumento de la presencia militar en el territorio del pueblo indígena pemón (estado de Bolívar, fronterizo con Guyana y Brasil), la violencia que ha sufrido y el caso de miembros de éste y otros pueblos indígenas asentados en el territorio de Venezuela, supuestamente asesinados por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana.
La comunidad de pemón ha sufrido además desplazamiento forzado con el fin de facilitar la extracción minera en su zona de residencia.
De otra parte, Bachelet dijo que sigue empeorando la crisis económica y social en el país, que ha obligado a 4,3 millones de venezolanos a abandonar el país y que se ha convertido en el caso de hiperinflación más grave experimentado en Latinoamérica.
Si en junio el salario mínimo mensual equivalía a 7 dólares hoy representa sólo 2 dólares, «lo que significa que una familia necesitaría el equivalente a 41 salarios mínimos para cubrir la canasta básica familiar».
En este ámbito, la alta comisionada reconoció el impacto que están teniendo las sanciones de Estados Unidos en el agravamiento de los derechos humanos en Venezuela.
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