El Supremo de Venezuela en el exilio estudia juzgar a Nicolás Maduro por corrupción
La fiscal general destituida, Luisa Ortega Díaz, reclama en el antejuicio celebrado en Bogotá que se le siente en el banquillo y reclama una orden de captura internacional
Por primera vez en su historia se podría enjuiciar a un presidente de Venezuela en su ausencia y en el exilio. La fiscal destituida Luisa Ortega Díaz pretende «sentar» a Nicolás Maduro en el banquillo de los acusados para enjuiciarlo por corrupción, la congelación e inmovilización de sus cuentas y su captura internacional por medio de la Interpol .
Esto es solo el inicio de un largo proceso por corrupción y violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad contra el mandatario venezolano que apenas comenzó a ventilarse este martes en el Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio en Bogotá bajo la figura del antejuicio de mérito.
La querella fue solicitada por la fiscal general fue destituida en agosto del año pasado por la Asamblea Nacional Constituyente, una instancia que no ha sido reconocida por la oposición ni gran parte de la comunidad internacional.
Pero Nicolás Maduro no se presentó a la convocatoria que le cursó el TSJ ni envió a su defensor al Salón Boyacá del Congreso de Colombia donde se celebró el antejuicio de mérito en su contra. Al no presentarse, el TSJ concedió un defensor público como defensa del presidente que será juzgado, y que contará con un lapso de una hora para conocer la documentación necesaria sobre el caso.
Ortega Díaz afirmó que Maduro está siendo juzgado por investigaciones realizadas por el Ministerio Público donde se evidencia su responsabilidad en corrupción y legitimidad de capitales.
«En nombre del Estado venezolano estamos aquí para enjuiciar al presidente Maduro, ya que en la investigación preliminar surgieron serios elementos que comprometen su responsabilidad en corrupción y legitimidad de capitales», dijo la fiscal destituida al destapar el voluminoso expediente.
«Según lo admitido por trabajadores de Odebrecht , la constructora repartió 788 millones de dólares entre Brasil y once países de la región. Entre el 1% y 2% de los pagos de Odebrecht estaban destinados a pagos ilícitos», dijo Ortega Díaz con respecto a las denuncias realizadas con esta empresa brasilera.
De esos 788 millones de dólares, «Odebrecht cobró 407 por los pilotes en el lago de Maracaibo ¡Que obra tan cara!», expresó sarcásticamente.
Según lo investigado por el Ministerio Público a cargo de Ortega Díaz, «Nicolás Maduro estaría incurso en los delitos de corrupción y legitimación de capitales por caso de Odebrecht , porque toda la trama de corrupción se inicia a partir de un convenio marco firmado por Maduro».
Al menos trece obras nunca fueron culminadas por la empresa brasileña, a pesar de haber sido cancelada por una gran cantidad, y así lo informó Luisa Ortega Díaz, quien recordó que la construcción del Metro Guarenas-Caracas nunca fue terminada.
Además, consignó todos los puntos de venta, y acusó a los exministros Elías Jaua , Marcos Torres , Rafael Ramírez y Haiman El Troudi de haber avalado la corrupción en Venezuela con el mencionado caso.
También acusó al exministro González López y a Diosdado Cabello , el número dos, de suscribir contratos con la empresa, y a pesar de estar informados que dicho proceso era fraudulento, nunca lo denunciaron.
La fiscal afirmó que estos hechos de corrupción relacionados con Odebrecht no fueron investigados porque Cilia Flores , esposa de Maduro, era la presidenta de la Asamblea Nacional, a pesar de las denuncias.
«No se revisó este documento en la Asamblea Nacional porque la presidenta era Cilia Flores, es decir, todo quedó en familia. ¡Vaya familia!», dijo Ortega con un tono de sarcasmo.
Las reacciones
El jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad Democrática y dirigente de Voluntad Popular, diputado Juan Guaidó , la realización del antejuicio de mérito contra el dictador Nicolás Maduro desde suelo colombiano es una prueba fehaciente de que en Venezuela no hay Estado de Derecho ni instituciones sólidas que garanticen el cumplimiento de la Constitución Nacional. Asimismo, destacó que existen los suficientes elementos probatorios para que el legítimo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio lleve a cabo este proceso.
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