El Supremo británico obliga a que el Parlamento vote el Brexit

El Tribunal Supremo británico ha fallado a las nueve y media de la mañana de este martes que el Gobierno debe someter a un voto del Parlamento la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que iniciará la salida de la UE. En noviembre, el Alto Tribunal dio la razón a dos activistas, una gestora de fondos y un peluquero, que pidieron que la decisión fuese visada previamente por el voto de los diputados. El Ejecutivo recurrió aquella decisión ante el Supremo, pero ha sido derrotado.

Sin embargo, el Gobierno ha salvado la seria amenaza para su Brexit duro que suponía la demanda de Escocia de que la salida tuviese que ser visada obligatoriamente por el Parlamento escocés.

El Supremo ha fallado que el Gobierno puede activar el Artículo 50 sin necesidad de recibir luz verde de las cámaras de Gales, Irlanda del Norte y Escocia. El tribunal argumenta que el asunto en debate, la retirada del Reino Unido de la UE, no afecta a las competencias que tienen transferidas esos tres territorios y recuerda que solo al Gobierno y al Parlamento les competen las relaciones internacionales y con la UE.

El Ejecutivo ha encajado el fallo con tono más bien altivo. El Número 10 ha emitido de inmediato un comunicado: «El pueblo británico votó dejar la UE y el Gobierno desarrollará esa decisión, activando según lo previsto el Artículo 50 a finales de marzo. La sentencia de hoy no cambia eso». El Gobierno da además por descontado que el Parlamento no se opondrá al inicio de la desconexión: «Es importante recordar que el Parlamento apoyó el referéndum por un margen de seis a uno y además ha expresado ya su apoyo al calendario [de salida] presentado».

Los once jueces del Supremo tomaron la decisión por ocho votos a favor y tres en contra. Durante los dos últimos meses recibieron una gran presión de la prensa conservadora eurófoba, que los tachó de antipatriotas y los ridiculizó en sus portadas. Todo el debate jurídico lo iniciaron activistas que abogaban por que se respetasen los procedimientos de la democracia británica. Aunque la sentencia supone un desdoro político para May, no tendrá grandes efectos prácticos y se cree que no demorará su plan para activar el Artículo 50 antes de finales de marzo.

El argumento jurídico del tribunal se basa en que la salida de la UE supone «un cambio tan fundamental que según la constitución del Reino Unido requiere modificaciones que han de pasar por la legislación parlamentaria». El Gobierno argumentaba que la ley de unión a Europa de 1972 no impedía al Ejecutivo tomar la decisión de retirarse de los tratados europeos. Pero el Supremo replica que hay «una diferencia vital» entre retirarse de algunos acuerdos y dejar por completo la UE.

El fiscal general del Estado, Jeremy Wrigth, reconoce que «el Gobierno está decepcionado, pero cumplirá», como no podía ser de otra manera.

Gina Miller fue el rostro de la reclamación judicial. Se trata de una empresaria de 51 años, nacida en La Guyana, una atractiva mulata que hasta fue modelo brevemente de joven y hoy posee un fondo de inversiones y un alto nivel de vida. «No es una victoria para mí. Es una victoria para la democracia», ha declarado a las puertas de juzgado, en medio de una gran expectación. «Ha sido un proceso arduo», reconoció Miller, que lamentó «el nivel de abuso personal».

La activista sufrió un duro acoso en las redes sociales y por pare de la prensa más brexiter, que la venían a presentar como una rica extranjera que trataba de violentar la voluntad del pueblo británico. «Este caso iba de procedimiento legal, no de política», argumenta ella, «porque solo el Parlamento tiene la potestad de garantizar derechos al pueblo británico y solo el Parlamento puede retirárselos». Los jueces le han dado la razón a su argumentación, indiscutible en una democracia parlamentaria.

El Partido Laborista ha anunciado ya que no bloqueará la activación del Artículo 50. Jeremy Corbyn, su líder, valoró así la sentencia: «Hoy el Gobierno ha sido forzado por el Tribunal Supremo a aceptar la soberanía del Parlamento. Los laboristas respetamos el resultado del referéndum y la voluntad del pueblo británico y no frustraremos el proceso de invocación del Artículo 50». Sin embargo, anuncia enmiendas en el trámite parlamentario para «evitar que los conservadores usen el Brexit para convertir a Gran Bretaña en un paraíso fiscal en la costa de Europa». También exige un control por el Parlamento del desarrollo de las negociaciones y un voto final del Parlamento para dar su aprobación al acuerdo definitivo con la UE.

Por su parte el Partido Liberal Demócrata, el más europeísta, ha anunciado que votará contra la activación del Artículo 50, salvo que el Gobierno acepte convocar un nuevo referéndum sobre el acuerdo final que se alcance con Bruselas. Pero los liberales son hoy residuales, tras desplomarse en las urnas después de gobernar en coalición con David Cameron.

La decisión del Alto Tribunal de hace dos meses se consideró entonces un serio revés para la primera ministra, pero hoy el debate resulta casi más protocolario que otra cosa, al no obstaculizar los laboristas la activación del Artículo 50. De todas formas, se esperan votos rebeldes en la bancada de Corbyn, que se desmarcarán de su directriz de tolerar el Brexit. Diputados que representan a circunscripciones donde ganó muy claramente el Remain votarán en contra de activar el Artículo 50, para no perder simpatías en sus feudos. Pero serán una minoría que no frenará la marcha del proceso de salida.

Lo que se cree que hará ahora May es presentar de inmediato al Parlamento una ley muy sencilla y clara para activar el artículo 50, que le permita superar los trámites legales rápidamente, a fin de cumplir su promesa de iniciar el proceso de desconexión antes de finales de marzo. En diciembre, la Cámara de los Comunes ya aprobó una proposición no vinculante que dio por bueno el calendario del Gobierno.