El régimen de Ortega detiene e inhabilita a la precandidata a la Presidencia de Nicaragua

El Poder Judicial emitió un comunicado en el que oficializa la petición de la Fiscalía contra Cristiana Chamorro

La candidata Cristiana Chamorro, este martes en Managua EFE
Susana Gaviña

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Una jueza giró este miércoles una orden de allanamiento y detención en contra de la candidata a la Presidencia de Nicaragua Cristiana Chamorro Barrios , quien fue acusada en la víspera por la Fiscalía por los delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos.

La opositora ha quedado bajo arresto domiciliario , en medio de las especulaciones sobre su posible candidatura a las presidenciales del próximo 7 de noviembre. El hermano de la detenida y director de 'Confidencial', diario registrado por las autoridades en los últimos días, Carlos Chamorro, ha informado a través de su perfil de Twitter que «después de más de cinco horas de allanamiento policial» en la vivienda de la opositora, « los policías antimotines la dejan bajo arresto domiciliar, bajo aislamiento ».

«La solicitud de detención fue solicitada por el Ministerio Público en el escrito de acusación presentado este primero de junio en los juzgados capitalinos, en el cual también solicitó la tramitación compleja de la causa y la medida cautelar de prisión preventiva para la acusada», explicó la jueza Karen Chavarría Morales, titular del Noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua, en una nota de prensa divulgada por el Ejecutivo de Daniel Ortega. Asimismo, la Policía de Nicaragua allanó este miércoles la vivienda de Chamorro.

El equipo de prensa de Chamorro Barrios, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), confirmó a Efe que agentes policiales ingresaron a la vivienda de la aspirante presidencial por la oposición, ubicada al sur de Managua.

Inhabilitada para la carrera presidencial

Un día antes, y siete horas después de que Chamorro, hija de las expresidenta Violeta Chamorro (1990-1997), se inscribiera como precandidata a las elecciones que se celebrarán el próximo 7 de noviembre, la Fiscalía de Nicaragua emitía un comunicado en el que anunciaba que había solicitado la «inhabilitación para cargos públicos» de Chamorro « por no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso legal ».

Dicho proceso es la investigación abierta, hace dos semanas, contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro , que ha dirigido la candidata hasta su cierre el pasado mes de febrero, por un presunto delito de «lavado de dinero, bienes, activos y otros». En el mismo comunicado, la Fiscalía confirmaba que iba a presentar una acusación contra Chamorro por «los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos». Lo que ha llevado ahora a la orden de captura.

De esta manera, Daniel Ortega , que opta a su tercera reelección consecutiva, echa de la carrera presidencial a su rival más fuerte, según las encuestas. Para Chamorro, la investigación abierta por la Fiscalía e impulsada por el Ministerio de Gobernación, ha sido desde el principio una «farsa», cuyo fin era el de inhibirla como candidata. «No soy candidata oficial y pretenden inhibirme. Qué miedo le tienen al cambio. Unida, Nicaragua volverá a ser república», escribía este martes Chamorro en su cuenta de Twitter tras conocer la noticia. Un desenlace que ya esperaba, como declaró hace una semana al medio CNN en Español durante una entrevista: «Seguramente ya tienen la sentencia, desde el día que me llamaron a gobernación», afirmó.

Ortega, sin competencia

Esta maniobra de la Fiscalía, ilegal pues no se puede inhabilitar a nadie sin una sentencia firme , se suma a otros acciones del Gobierno sandinista para despejar el camino de Ortega, como la ilegalización de formaciones –es el caso del PRD–, la aprobación de leyes que bloquean la financiación de partidos o la de una nueva reforma electoral –reclamada por la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado mes de octubre–, que en lugar de favorecer la realización de unas elecciones transparentes y justas, tras las protestas de 2018 que dejaron 325 muertos, está facilitando una carrera electoral sin competencia para el régimen.

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