Miembros del Ejército colombiano son vistos en la zona donde se realizan trabajos de erradicación de cultivos de coca
Miembros del Ejército colombiano son vistos en la zona donde se realizan trabajos de erradicación de cultivos de coca - EFE

Polémica en Colombia por una nueva estrategia para combatir a la guerrilla y el narco

«The New York Times» acusa al gobierno de subestimar los riesgos de bajas civiles y el ejército responde que respeto al derecho internacional humanitario

Corresponsal en WashingtonActualizado:

La cúpula militar de Colombia lleva desde enero presionando a los rangos intermedios de las fuerzas armadas para que dupliquen el número de muertes, capturas y rendiciones en su ofensiva contra las milicias armadas, según refleja un documento cuya existencia reveló el diario «The New York Times» y que ha publicado en su integridad el rotativo colombiano «El Tiempo». Aunque el diario norteamericano afirma que semejante orden conllevaría necesariamente un aumento de las bajas civiles, el ministerio de Defensa colombiano afirma que no es más que un plan para actuar de forma más firme contra la guerrilla, el narco y otros grupos criminales y que de aplicarse ser hará será desde el respeto al derecho internacional humanitario.

El documento lleva por título «Planteamiento de Objetivos 2019» y fue distribuido por el comandante del Ejército colombiano, general Nicacio Martínez, a 509 generales y coroneles en una reunión celebrada en enero en la base militar aérea de Tolemaida como una revisión de la ofensiva contra la guerrilla. En el documento, con membrete del ministerio de Defensa, se pide a los generales que envíen «al señor Comandante del Ejército Nacional los objetivos operaciones trazados», y se dejan tres columnas: el objetivo como tal, los resultados operacionales del 2018 y las afectaciones (previsión) para el 2019. Se distingue a seis objetivos para las bajas en diversas guerrillas y grupos criminales: ELN, disidentes de las FARC, «pelusos», «puntilleros», «clan del Golfo» y narcotraficantes.

La nota del Times añade a estos datos la interpretación, atribuida a fuentes anónimas, de que estos objetivos pueden retrotraer a Colombia a los años de gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) en los que el ansia por obtener resultados contra la guerrilla acabó en los célebres «falsos positivos», asesinatos de civiles a los que ‹a posteriori› se hacía pasar por guerrilleros, narcotraficantes o militares. En aquellos años murieron, según las organizaciones humanitarias, unos 5.000 civiles, unos delitos por los que han sido procesados y condenados 1.776 militares.

«El gobierno debe dar explicaciones», según José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de la organización Human Rights Watch, con sede en Washington. «Estás prácticas sugieren que el actual Ejército y el ministerio de Defensa no han aprendido nada de uno de los capítulos más oscuros de la historia de Colombia—el de los ‹falsos positivos». Estos incentivos ponen en serio riesgo a la población civil».

El gobierno colombiano, sin embargo, niega tajantemente que haya habido ningún exceso y defiende su respeto a los derechos humanos. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, acusa al ‹Times› de mezclar opinión con información y de falta de rigor. «Serias amenazas, en términos de seguridad, persisten. Por esa razón es necesario trabajar con dedicación para garantizar la tranquilidad de los colombianos», dijo. Y según Rafael Guarín, consejero presidencial de Seguridad Nacional de Colombia, «conforme a la política de defensa y seguridad del gobierno del presidente Iván Duque, el respeto a los derechos humanos es presupuesto de la acción eficaz contra la criminalidad».

Como trasfondo a esta polémica está la agresiva política de Uribe contra la guerrilla y el acuerdo de paz alcanzado con las FARC por su sucesor, Juan Manuel Santos, en 2016. Ese pacto fue rechazado en un referendo pero Santos acabó imponiéndolo tras modificar algunos de sus puntos. El sucesor de Santos, Iván Duque, ganó las elecciones de 2018 con la promesa de invalidar varias partes de ese acuerdo, y en marzo anunció que recurrirá seis puntos de la legislación que regula la Jurisdicción Especial para la Paz, un órgano de justicia creado en los acuerdos con la guerrilla para juzgar los crímenes cometidos por los participantes en el conflicto armado.

Críticas de Trump

A pesar de la sintonía que existe entre la Casa Blanca y Duque por el papel protagonista de este último en la respuesta a la crisis humanitaria venezolana, en varias ocasiones Donald Trump ha expresado en público quejas por la falta de resultados en la lucha contra el tráfico de drogas —sobre todo cocaína— en Colombia, que acaba llegando de una forma u otra a EE.UU. A lo largo de los años, y en especial gracias al célebre ‹plan Colombia›, el gobierno estadounidense ha donado 10.000 millones de dólares (9.000 millones de euros) en concepto de ayudas al país sudamericano y ha llegado a enviar soldados para labores de formación y ayuda a sus socios colombianos.

En el documento revelado por ‹Tiempo› se pide a los los generales que identifiquen hasta cinco «objetivos intangibles en su área de operaciones asignada». Se trata, afirma el diario citando a las fuentes que le han entregado el informe, «metas como garantizar la realización y tranquilidad de las próximas elecciones regionales o aumentar la confianza de la población civil hacia las tropas». Además, se insta a los mandos militares a centrarse en un «objetivo militar a neutralizar», en referencia a los jefes de los grupos armados o narcotraficantes de cada zona.

Lo cierto es que el general Martínez atendió al periodista del ‹Times›, le dio detalles de la reunión, que no fue privada, y negó que haya autorizado ninguna de las operaciones que han propuesto los 50 generales y coroneles reunidos en Tolemaida. Según revela ‹Tiempo›, Martínez les dio a los mandos intermedios otro documento, la disposición 000002 de 2019, «por medio de la cual se diseñan e implementan las reglas de enfrentamiento relativas al uso de la fuerza en las operaciones militares que desarrolla el Ejército en el marco de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario».

El general Martínez publicó este fin de semana sus respuestas a un cuestionario de 15 puntos del ‹Times›, en las que afirma que el ejercicio «no es de predicción, es un ejercicio de evaluación y análisis operacional».