Penas de hasta 20 años en Cuba por ‘sedición’ por protestar el 11-J
Entre los veinte condenados por las manifestaciones en Holguín hay cinco menores de edad
El régimen cubano dio a conocer esta semana la primera sentencia, por el delito político de sedición, contra veinte manifestantes del pasado 11 de julio (11-J) de 2021 en la provincia de Holguín. Las penas oscilan entre los 5 y los 20 años de cárcel. Entre los sancionados se encuentran cinco menores de edad: uno de 16, y cuatro de 17 años.
En el fallo del Tribunal hubo una rebaja de las sentencias de hasta 13 años en relación con las peticiones fiscales. Según declaró el grupo de trabajo Justicia 11-J, esto se debe a la «fuerte presión nacional e internacional». No obstante, el grupo insiste en la absolución y liberación inmediata de todos los manifestantes como «la única solución verdaderamente justa» a la respuesta estatal a una protesta que únicamente dejó de ser pacífica después de las acciones de los grupos militares y paramilitares, ordenadas por el presidente Miguel Díaz-Canel.
Justicia 11-J denuncia igualmente que, poco después de hacerse pública la sentencia, al menos tres de los acusados, asegurados con medida cautelar de libertad bajo fianza , sin previa notificación, fueron trasladados hacia la prisión, violando así lo establecido en la sentencia de que debían debía permanecer con dicha medida cautelar hasta que se hiciese firme la sentencia, después de presentar recurso de apelación.
De un total de 1.395 personas detenidas en relación con las protestas de julio, 551 ya han sido enjuiciadas, en procesos sumarios u ordinarios. De ellas, solamente 157 han recibido sentencia. Justicia 11-J ha tenido acceso a 12 de esos documentos. «Según los casos que hemos podido documentar, en las próximas semanas deberían llegar a juicio 65 personas, incluidos dos menores de 18 años acusados de sedición», detalla el grupo de trabajo.
Hasta la fecha, Justicia 11-J registra un total de 169 personas acusadas de sedición, de ellas medio centenar tiene entre 16 y 20 años de edad. A finales de enero, la Fiscalía General de la República (FGR) de Cuba informó, por vez primera desde las masivas protestas antigubernamentales del 11-J, estar procesando a 790 personas «instruidas de cargo por actos vandálicos». Entre ellos, 115 tienen entre 16 y 20 años; y 55, entre los 16 y 18 años; 28 de ellos, asegurados con medida cautelar de prisión provisional.
Un «delito político»
La decisión de acusar por el delito de sedición se corresponde, según la FGR, con el «nivel de violencia demostrado en las conductas vandálicas que de manera tumultuaria causaron lesiones y pusieron en peligro la vida de ciudadanos, funcionarios y miembros de las fuerzas del orden, al agredirlos con el empleo de objetos cortantes, contundentes e incendiarios, con la perturbación grave del orden público y el deliberado propósito de subvertir el orden constitucional».
Sin embargo, para la socióloga y periodista cubana Marlene Azor se trata de una aseveración falsa pues, según los testimonios de los encausados, sus familiares y abogados defensores, «en ninguno de los juicios ya efectuados se ha podido probar el delito de sedición: un delito político».
Aunque la FGR asegura que en todos los casos se ha respetado el debido proceso, las constantes denuncias de organizaciones y grupos como Justicia 11-J, Cubalex y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos , indican lo contrario. Entre las violaciones cometidas por las autoridades cubanas se encuentran, según han denunciado estas ONG, las detenciones arbitrarias, las golpizas, amenazas y otras formas de torturas físicas y sicológicas en centros de detención, así como el acoso a los familiares de los presos políticos, el desarrollo de los procesos a «puertas cerradas», y falsas acusaciones y juicios.
En cambio, ningún agente del orden –boinas negras, policías e incluso brigadas de respuesta rápida y oficiales de la Seguridad del Estado vestidos de civil– que el 11-J golpearon y dispararon o tiraron piedras a los manifestantes ha sido procesado.
«El problema del sistema judicial cubano es quién interpreta la ley. Un sistema judicial secuestrado por un partido único y por la policía política viola la ley escrita y los derechos de todos los ciudadanos, de modo que es imposible impartir justicia en Cuba», afirma Azor.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) exigió este martes a la UE la aplicación de las sanciones individuales contra represores, tras primeras condenas por sedición en Cuba.
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