El nuevo pacto migratorio de la Unión Europea apuesta por proteger las fronteras y las expulsiones

La Comisión Europea vuelve a intentar poner en marcha un mecanismo común para gestionar el problema que supone la llegada incesante de aspirantes al asilo y de emigrantes económicos procedentes de todo el mundo. La presidenta Ursula von der Leyen presentó este miércoles un nuevo plan basado en una solidaridad a la carta en la que los países podrán optar ya sea por acoger a los refugiados que tengan derecho a permanecer en la UE o bien por colaborar en las operaciones y los gastos para la repatriación rápida de aquellos que no cumplen las condiciones para quedarse. No está claro que esta fórmula sea aprobada por los países miembros y menos aún que se acabe cumpliendo, pero la nueva presidenta quiere dejar constancia al menos de que ha intentado plantear una nueva fórmula creativa y flexible que tal vez pueda cambiar la situación del problema.

De hecho, las primeras reacciones han sido bastante mitigadas. Sobre todo organizaciones no gubernamentales como Cáritas u Oxfam creen que la Comisión no está tratando de resolver el problema de los emigrantes , sino el ruido político que crean los sentimientos contra los migrantes que ha surgido en varios países europeos. Los grupos de extrema izquierda se quejan de que pone más el acento en la expulsión de los que han entrado clandestinamente que en acogerlos. Los socialistas lo consideran «positivo» pero insisten en que debe prevalecer el derecho de asilo puesto que «la solidaridad no se trata solo de apoyar a los Estados miembros, sino también de ayudar a las personas que necesitan protección desesperadamente». Algo parecido opinan los populares, que como ha declarado la jefa de la delegación española en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, el objetivo de esta propuesta es que «debe alcanzarse un equilibrio entre el necesario control de las fronteras, la gestión de la inmigración regular y el respeto a los derechos humanos, como siempre ha hecho la UE».

Si este plan llega a ser aprobado, la UE se dotaría de instrumentos efectivos para controlar las fronteras exteriores con una «evaluación previa» de los migrantes que cruzan de manera irregular o han sido desembarcados tras una operación de búsqueda y salvamento en el mar. Estas personas serán identificadas , pasarán controles de seguridad y sanitarios, se les tomarán las huellas dactilares y serán registrados en la base de datos Eurodac. De ese modo los funcionarios de la agencia Frontex podrán determinar rápidamente si pueden continuar el procedimiento normal de solicitud de asilo o si deben ser devueltos a sus países.

Cuando un país tenga que afrontar una situación extrema de llegada de candidatos al asilo o a la emigración, la Comisión gestionará un mecanismo de solidaridad que obligará al resto de países a optar entre acoger a una parte de los migrantes, participar en las devoluciones financiendo vuelos o en las operaciones diplomáticas para convencer a sus gobiernos de que los acojan o implicarse con un apoyo operativo, por ejemplo financiando la construcción de un campo de refugiados.

Los ministros del Interior se reunirán a primeros de octubre para dar su opinión sobre la iniciativa de la Comisión. Los expertos consideran que si obtiene un apoyo suficiente en esta primera ocasión, existen posibilidades de que sea aprobada, como desea el ejecutivo comunitario, antes de fin de año.