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El FBI no investigó un chivatazo de alguien cercano al asesino de Florida

Un conocido de Nick Cruz llamó a la agencia y advirtió de que el joven aseguraba que quería matar a mucha gente

CORRESPONSAL EN WASHINGTONActualizado:

El silencioso homenaje a sus héroes y la sonora exigencia de soluciones a las autoridades se entremezclaban este viernes en la soliviantada localidad de Parkland (Florida), que nunca olvidará el fatídico Día de San Valentín en que Nikolas Cruz decidió volcar toda su ira a tiros hasta segar la vida de 17 personas. La tarde anterior, el pistolero había confesado su autoría, antes de escuchar una acusación formal por el mismo número de asesinatos premeditados, a cargo de la juez Kim Mollica. En el campus del Marjory Stoneman Douglas High School, profesores, padres y compañeros de los malogrados estudiantes, y de sus compañeros supervivientes, imploraban medidas para que el incontrolado uso de las armas de fuego no siga haciendo estragos en la sociedad estadounidense. Pero fue el reconocimiento de errores policiales el que cambió parte del relato. En un comunicado oficial, el FBI asumió no haber seguido el protocolo de investigación a partir del 5 de enero, cuando «una persona cercana a Cruz llamó con preocupación a la línea de acceso público alertando de su deseo de matar a gente».

El «mea culpa» de la oficina federal, que llevó al gobernador de Florida, Rick Scott, a exigir la dimisión de su director, Christopher Wray, ponía el dedo en la llaga de un trabajo que no se había realizado «de manera correcta», según reconoció también el fiscal general, Jeff Sessions. La explicación del FBI asume que esta información «debería haber sido tratada como una potencial amenaza para la vida», lo que fundamenta, asimismo, en «el comportamiento errático y los violentos textos publicados por él en las redes sociales», que, según el autor de la llamada, formaban parte del día a día de la vida de Nikolas Cruz.

De la declaración realizada ante la Policía, se desprende además una «premeditada» forma de actuar en consonancia con alguien que habría pensado en culminar su trágica aspiración en repetidas ocasiones. El miércoles, poco antes de que terminasen las clases, Cruz llegó a las puertas de un instituto a bordo de un Uber. En su bolsa, además de la semiautomática AR-15 con la que se disponía a sembrar el infierno entre sus excompañeros, había reunido gases lacrimógenos y máscaras, a fin de forzar a los estudiantes a salir a los pasillos para tenerlos más a tiro. Una vez hubo accedido al recinto, no se complicó la vida. Se situó en un altillo del edificio y la emprendió a tiro limpio contra las aulas más cercanas. Llegó a impactar en cinco de ellas. Después de más de 150 disparos, el pistolero intentó mezclarse con normalidad entre la multitud de alumnos que corría despavorida por los pasillos. En su intento de ocultar el arma, se sirvió de revistas del instituto. Fue entonces cuando un empleado del centro le reconoció como el «estudiante problemático que era», y lanzó el aviso de «código rojo», con el que los colegios dan la alerta general. No en vano, hasta el fin de su relación con el instituto, Nikolas Cruz había sido expulsado en varias ocasiones.

Frente al cúmulo de graves acusaciones que los hechos imponen con su propio peso, su abogada lanzó su propia estrategia de defensa, con la intención primera de asegurar que el pistolero no había sido enteramente consciente de la dimensión de su fechoría hasta el mismo momento de la confesión. La letrada, Melissa McNeil, proclamó a continuación: «Ya se ha dado cuenta de lo que ha hecho. Está mentalmente destrozado». Y abrió la puerta al riesgo de que su cliente pueda cometer suicidio.

Problemas mentales

Aunque es el estado mental de Nikolas Cruz el que va a estar en tela de juicio los próximos meses. Hijo adoptivo de padres mayores, ya fallecidos hace algunos años, ha sido descrito como una persona taciturna, solitaria y con comportamientos violentos desde pequeño, que había recibido tratamiento clínico hasta hace un año. Precisamente, otra de las vías que intentará explotar la defensa, en la búsqueda de atenuantes, apunta a la posibilidad de que Cruz fuera «autista».

La ironía es que en medio de las condolencias, que el propio presidente Trump tenía previsto ofrecer en persona a los familiares de las víctimas, se abría paso tímidamente entre los congresistas la necesidad de restringir el acceso a las armas de personas desequilibradas mentalmente. De la misma forma, la Casa Blanca insistía en la posibilidad de reforzar las medidas de seguridad en los centros educativos estadounidenses, apuntada la víspera por Trump durante su comparecencia televisiva. Han sido las únicas concesiones del presidente a las demandas de los padres y alumnos, que exigían respuestas concretas de las autoridades.

Así lo expresaba entre lágrimas Lori Alhadeff, madre de Alyssa, de catorce años, superviviente de la tragedia: «Presidente Trump, necesitamos acción, necesitamos un cambio. Por favor, aleje esas armas de las manos de nuestros niños y sáquelas de las calles». Una exigencia a la que se sumaba David Hogg, otro de los testigos que podían contarlo, quien se preguntaba por qué los políticos no resolvían sus diferencias y adoptaban soluciones: «Si los partidos son capaces de llegar a acuerdos, se pueden salvar muchas vidas».