Nicaragua, suprema impunidad

Hacía tiempo que palabras como autoamnistía no se pronunciaban. El término se hizo fuerte, en los años 80, con esa especia de indulto previo que se dio a sí misma la última dictadura argentina (1976-83). La cuarta Junta Militar que presidió el general Reynaldo Bignone, creyó que el pasado no tendría futuro con un perdón general a todos los que participaron de aquel plan sistemático de secuestros, torturas y asesinatos de miles de personas que, en su mayoría, se convirtieron en detenidos desaparecidos. El expresidente de la transición, Raúl Alfonsin, les demostraría que estaban equivocados al sentarlos en el banquillo de los acusados en el histórico juicio a las Juntas (1985).

Ahora, parecería que el régimen de Daniel Ortega, versión Centroamérica de «Yo, el Supremo», se quiere también perdonar para evitar un futuro entre rejas. La ruta de la impunidad elegida por un Gobierno, convertido en banda criminal, es un proyecto de ley que, salvo error de memoria, no tiene precedente en la historia universal. En su primer artículo libera de toda culpa judicial a, «las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018». Dicho de otro modo, a los policías, militares, paramilitares y mercenarios responsables de las masacres del mes de abril del pasado año que dejaron no menos de 325 muertos, decenas de desaparecidos, sesenta mil exiliados y cientos de presos políticos (de verdad) que sufren todo tipo de suplicios físicos y psicológicos.

No satisfecho con esto Ortega y Rosario Murillo, dueños del circo negro en el que se ha convertido Nicaragua, se ocuparon de que la Asamblea Nacional incorporara el párrafo más insólito que una pudiera imaginar y es la «amplia amnistía» a aquellos «que no han sido investigados, que se encuentran en procesos de investigación o en procesos penales y en cumplimiento de ejecución de sentencias». Es decir, que se da carpetazo a las investigaciones en curso, que se prohíbe que haya otras y que los procesos judiciales y sus sentencias sobre «los hechos acaecidos» desde abril del año pasado (incluidas los delitos comunes de robo etc) son ya papel mojado y los culpables trasformados en inocentes.

El expresidente Carlos Menem, borró con la mano del indulto las sentencias del Tribunal (hasta de cadena perpetua) a los gerifaltes de la dictadura. La condena social les persiguió años pero hasta Rafael Videla volvió -y murió en prisión - tras anularse aquellos indultos. Daniel Ortega y Rosario Murillo podrán triunfar con su «autoamnistía» pero los delitos de lesa humanidad y así están tificados los del régimen nicaragüense, no prescriben. Más tarde o más temprano, ese siniestro matrimonio terminará dando cuentas a la justicia y como Videla, pasará sus últimos días en una celda. Su única aliada, previa a esa escena, sólo podrá ser la muerte y eso, no se desea ni al peor enemigo.