El «mito» Trudeau se desvanece por sus presiones a la Fiscalía
Quería influir sobre el ministerio público para que no enjuiciara a una empresa de Quebec
Justin Trudeau, el mediático primer ministro de Canadá, se encaminaba hacia una reelección irremediable en la cita con las urnas que el país norteamericano tiene el próximo octubre. La bonanza económica y la caída del desempleo, impulsados por la marcha de la economía global, ponían todo a su favor para Trudeau, que llegó al poder con un mensaje de renovar la forma y el fondo en la política.
Un escándalo cocinado a fuego lento, sin embargo, se ha cruzado en su camino. Desde hace semanas, llueven los detalles sobre constantes presiones contra la que fuera su fiscal general , Jody Wilson-Raybould. El Gobierno de Trudeau presionó al ministerio público para que no llevara a juicio a una gran empresa con sede en Quebec, SNC-Lavalin, de la que dependen miles de puestos de trabajo. El pasado miércoles, Wilson-Raybould rompió su silencio de forma pública y compareció ante una comisión de la Cámara de los Comunes, donde dio detalles sobre las presiones, que salpican al propio primer ministro.
La polémica , la de mayor envergadura desde la llegada de Trudeau al poder en 2015, ya ha tenido un impacto en la intención de voto. El asunto lo destapó a comienzos de febrero el diario canadiense «The Globe and Mail», que publicó una información citando fuentes anónimas que denunciaban las presiones a la fiscal general. Desde entonces, cinco de las seis encuestas electorales muestran que el Partido Conservador, el gran rival del Partido Liberal de Trudeau, ha dado la vuelta en intención de voto y se impone por la mínima. El agregador de encuestas de la CBC, la televisión pública canadiense, da a la oposición un 35,8% del apoyo, frente al 33,9% del partido en el Gobierno. Un estudio del periódico «Toronto Star» asegura que el escándalo de presiones ha empeorado la percepción de Trudeau al 57% de los canadienses, mientras que el 59% asegura que el asunto tendrá influencia en su voto.
En su comparecencia, Wilson-Raybould aseguró que recibió «amenazas veladas» del Gobierno para que impidiera que SNC-Lavalin, acusada de firmar contratos ilegales con la Libia de Muammar el Gaddafi, fuera a juicio. El Ejecutivo de Trudeau buscaba que se permitiera a la empresa, un gigante de la construcción y de la ingeniería, alcanzar un acuerdo extrajudicial con la Fiscalía, ya que una sentencia en su contra supondría quedar fuera de contratos federales durante una década. Una tragedia para una empresa que solo en Canadá tiene 9.000 empleados.
Empleos en juego
Wilson-Rayboud relató que las presiones llegaron del primer ministro en persona. Trudeau le pidió «encontrar una solución» porque había muchos empleos en juego. La ex fiscal general -fue degradada a ministra de asuntos para veteranos, un cargo del que después dimitió- dijo sufrir una presión «consistente y sostenida en el tiempo» y que le amenazaron con consecuencias, aunque no llegó a calificar los actos de «ilegales».
Trudeau ha dicho que no se saltó la independencia judicial y que proteger los empleos es «lo que los canadienses esperan de su Gobierno».
Noticias relacionadas
