Ministro de Seguridad de El Salvador: «Los pandilleros no son niños, son terroristas»

Susana Gaviña

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18/05/2020
Actualizado 20/05/2020 a las 15:56h.

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El Salvador es, desde hace dos décadas, uno de los países –que no están en conflicto– más violentos del mundo. Una violencia ejercida por las pandillas, o maras, que se disputan el poder territorial con el Gobierno, y que viven de extorsionar a los ciudadanos. Después de meses de descenso de las cifras de homicidios, a finales del pasado mes de abril se quebró la tendencia con más de 80 asesinatos en apenas 4 días . Para entonces, el país estaba inmerso, como el resto del mundo, en la lucha contra el coronavirus. El presidente Nayib Bukele, que llegó a la presidencia el 1 de junio de 2019 con tres objetivos claros en su agenda: acabar con la corrupción, disminuir la violencia y renovar el país, decidió decretar el estado de emergencia en las cárceles, la segunda vez en su corto mandato. Impuso unas medidas extremas –autorizó la fuerza letal contra los pandilleros, selló sus celdas para que no pudieran comunicarse y mezcló a miembros de bandas rivales en ellas, algo que no sucedía desde 2002–. Unas medidas que han sido duramente criticadas tanto dentro como fuera de El Salvador por políticos y organizaciones de derechos humanos.

El resultado es un balance «de 28 asesinatos hasta el 16 de mayo », indica a ABC Rogelio Rivas, ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador , lo que «sitúa el promedio de homicidios diarios en 1,7». Pero el dato más importante es que durante cinco días de este mes no ha tenido lugar ningún asesinato , algo inédito en los últimos 30 años. «El sábado hubo solo uno», apunta este ingeniero civil, que rompe con la tradición militar de sus antecesores en el cargo. Reconoce que no tenía experiencia en seguridad pública, pero que aceptó el cargo «porque el presidente Bukele me dijo que necesitaba a alguien que fuera capaz de ejecutar su visión de la seguridad», necesaria para cambiar la vida y la imagen del país. «La violencia ha enlutado a muchas familias salvadoreñas, desmejoraba el clima de inversiones y las calificaciones del país en el exterior –apunta Rivas–. El Gobierno de EE.UU. nos había dado un nivel de alerta 3 para que sus ciudadanos no visitaran El Salvador por ser muy inseguro. Ahora tenemos categoría 2».

Su principal misión desde su nombramiento ha sido la de implementar el Plan Control Territorial, que comenzó a funcionar el 20 de junio del año pasado...

El objetivo de este plan no es más que recuperar los territorios que habían sido cedidos por falta de políticas públicas, y de visión de políticas anteriores por lo que habían sido cedidos a grupos criminales. En ellos dominaba la anarquía por la falta de los cuerpos de seguridad. Se inició con 22 municipios. Y en ese esfuerzo hay un acompañamiento de la fuerza armada cuyo uso fue declarado constitucional hace años para el acompañamiento en las labores de seguridad pública. Hicimos patrullas conjuntas, con agentes policiales y de las fuerzas armadas. Nuestro objetivo también era impactar en las extorsiones que ejercen los pandilleros sobre los comercios, que suponen importantes ingresos para ellos. Buscábamos cortar ese flujo financiero a las pandillas, que están consideradas como grupos terroristas. El resultado de este plan ha sido muy importante.

Las cifras de homicidios descendieron hasta marzo, pero a finales de abril hubo un repunte de asesinatos, ¿cuál fue el motivo?

Tanto las fuerzas armadas como la policía se pusieron en primera línea en apoyo del Ministerio de Salud para la contención de la pandemia, que era la fase 1. Después se nos atribuyó en la fase 2 la búsqueda de los nexos epidemiológicos lo que requirió un gran apoyo de los agentes, reduciendo el número de los elementos de seguridad en los territorios. Obviamente las pandillas notaron esa ausencia de seguridad pública e intentaron recuperar sus territorios con esa fuerza que ellos emplean. A esto se suma que coincidió con la liberación de un reo, miembro de la pandilla MS-13 (Mara Salvatrucha), que había sido condenado a 350 años de cárcel por haber cometido alrededor de 150 homicidios. Era un alto líder de la pandilla, que quedó en libertad por un tecnicismo de la justicia, que he pedido que se investigue. Salió de la cárcel con órdenes para ejecutar homicidios, algo que ya hemos cortado porque hemos bloqueado las comunicaciones dentro de los penales.

Otra versión que circula es que existía una tregua encubierta entre las pandillas y el Gobierno, y que utilizaron los asesinatos como medida de presión...

Es lo que está utilizando la oposición porque la Administración del presidente Funes (con varios casos abiertos por corrupción abiertos en el país), que vive asilado en Nicaragua, pactó una tregua. Fue la única forma que ellos encontraron para reducir los homicidios. Con el tiempo se demostró que era completamente ilegal sentarse a negociar con grupos terroristas. Al ser un logro de la seguridad pública del Gobierno de Bukele, la bajada de homicidios, la oposición está intentando desacreditar estos resultados. E intenta buscar un pelo en la sopa. Pero esa acusación se puede desmontar fácilmente, porque en el Plan Control Territorial hemos tomado medidas drásticas, la más reciente la de poner en la misma celda a pandilleros rivales. Que no haya penales exclusivos. Además durante estos meses han muerto un centenar de pandilleros en las calles. Si hubiera un pacto, esto no se hubiera producido. Esa es una estrategia de la oposición para desacreditar los resultados, porque no solo hemos impactado en el número de homicidios, también en el de desaparecidos. Hasta hoy, 17 de mayo, la tasa de promedio de homicidios diarios es de 1,8. Y desde enero hasta ahora se ha reducido en un 34% el número de desaparecidos, en total han sido 590 casos.

La mezcla de pandilleros se ha visto con mucha preocupación ante un posible estallido de violencia dentro de las cárceles, pues la MS-13 y Barrio 18 son pandillas rivales históricamente, ¿por qué decidieron ponerlas en la misma celda?

Era una manera de corta la comunicación, porque evidentemente no van a contar sus estrategias delante de una pandilla rival. Y había la suficiente experiencia para saber que dentro no iba a pasar nada porque tienen un pacto entre ellos, que son enemigos en las calles pero no necesariamente van a ser rivales. Cortamos las comunicaciones para evitar que dieran órdenes hacia el exterior.

Durante el último año, ha habido luces y sombras en la gestión del presidente Bukele. Por una parte, el gran descenso de homicidios, pero por otro el uso de métodos muy cuestionados, como la aprobación de la «fuerza letal» por parte de los agentes de seguridad contra los pandilleros...

Hay protocolos en los cuales te indican en qué momento debe utilizarse la fuerza letal. Evidentemente nosotros cumplimos esos protocolos. Durante el incremento de homicidios en el mes de abril solamente hubo una agresión ilegítima en la que falleció un pandillero. La policía al llegar a un lugar fue recibida con disparos y ella respondió con una fuerza proporcional. Los agentes aunque van bien preparados deben velar por su legítima defensa. Eso es lo que dijo Bukele. Lo que sucede es que el país no está acostumbrado a tener un presidente que mandara y que comandara. Por eso dio su autorización para neutralizar al terrorista. Estos grupos de pandilleros han sido declarados, por la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa, terroristas porque ejercen el terror en sus comunidades. España ha sido víctima del terrorismo y evidentemente este se combate con fuerza, con letalidad. Estos no son grupos de jóvenes o niños que simplemente están contra el sistema. Son grupos que tienen armamento de grueso calibre, como fusiles M-16, escopetas y pistolas, que son de uso militar o de la policía.

El hacinamiento de los pandilleros en las cárceles, que quedó patente en unas imágenes que se hicieron virales, ha sido denunciado por ONGs por el riesgo de propagación del Covid-19.

El hacinamiento es un problema histórico en el sistema penitenciario. Tenemos alrededor de 40.000 personas privadas de libertad (de ellas, 28.000 son pandilleros). Estamos realizando proyectos de ampliación y de mejoras dentro de los centros penales para reducir el hacinamiento. Y se está haciendo un esfuerzo muy importante implementando protocolos sanitarios aprobados por el Ministerio de Salud del país, para tener un mayor control.

¿Se ha detectado algún caso de contagio en las cárceles?

En los centros penales no, en las bartolinas (celdas provisionales en las instalaciones de la Policía Nacional Civil) se detectaron el sábado seis casos (horas después de esta entrevista habían ascendido a nueve). Lo que hemos hecho es dejar vacía una de las 28 cárceles que hay en el país. En ella daremos atención médica a los reos que puedan estar dando positivo, tanto en bartolinas como en los centros penales.

Aunque el número de contagios (1.338) y el de fallecimientos (27) por el Covid-19 no ha sido excesivamene alto en El Salvador, la pandemia sigue avanzando. Esto ha llevado al presidente Bukele a decretar la noche del sábado el estado de Emergencia sin pasar por el Congreso, lo que ha vuelto a provocar las críticas de la oposición e incluso de la Fiscalía General de la República...

Ningún gobierno del mundo estaba preparado para enfrentar una pandemia de este tipo. Es algo que se ha desbordado y El Salvador no iba a ser una excepción. Y por ello se han tenido que tomar medidas sobre la marcha. El sábado vencía el estado de emergencia por lo que había que garantizar jurídicamente la condición de la población. Amucha gente a lo mejor la iban a obligar a llegar a sus trabajos, y si no lo hacia la iban a despedir. Se nos iba a desbordar la gente en las calles, y la única forma de evitar el contagio es romper con la cadena de transmisión y con la distancia social. Por eso la Comisión Nacional de Protección Civil tomó esta decisión en lo que la Asamblea Legislativa se reúne este lunes y puede darle validez y vigencia al estado de emergencia que ya se había declarado (esta es una prórroga por un mes). Se ha hecho como medida de urgencia para evitar que el país colapse, y no ande gente de manera innecesaria en la calle sobre todo ahora que estamos en la parte más crítica en la que hay más contagios y el virus está en todo el país. Se trata de evitar que colapse el sistema sanitario.

Una última pregunta, ¿el presidente Bukele le comunicó su decisión de nombrarle ministro a través de Twitter, o lo hizo personalmente?

Buena pregunta... (se ríe) . No lo hizo por Twitter. Ya teníamos confianza [colaboró con Bukele durante su etapa como alcalde de San Salvador, y le acompañó durante su campaña presidencial], y me llamó a su despacho días antes de tomar el posesión de la presidencia.

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