La mayoría de los franceses, contra la reforma de la Constitución tras los atentados de París

El proyecto de reforma de la Constitución propuesto por el presidente François Hollande, para mejor combatir el terrorismo islámico, crea muchas divisiones políticas y es rechazado, en principio, por una opinión pública inquieta. El 73,3 % de los 47.757 votantes de un sondeo publicado por el semanario Le Point estiman que «no es necesario reformar la Constitución para luchar con más eficacia contra el terrorismo». El proyecto de reforma constitucional es apoyado por un 26,7% de los participantes en ese sondeo.

Solo se trata de un indicador provisional, claro está. Que no deja de ser significativo. De entrada, la opinión pública parece temer el riesgo de un interminable debate político, aplazando medidas de seguridad urgentes e inmediatas.

Tras la propuesta del presidente Hollande, en el Congreso reunido solemnemente en Versalles el lunes, solo el PS aprueba completamente la reforma constitucional.

Al centro y la derecha, la oposición es muy viva. Christian Jacob, presidente del grupo parlamentario conservador, en la Asamblea Nacional, ha declarado: «En la situación actual, nada justifica una reforma de la Constitución. La seguridad de los franceses necesita acciones inmediatas. Y el Gobierno de Hollande continúa encerrado en su política de gestos y «análisis», sin tomar las medidas necesarias y urgentes». Jean-Pierre Raffarin, ex primer ministro conservador moderado, añade: «Se trata de un proyecto previsiblemente inútil e ineficaz».

Para una gran mayoría de constitucionalistas, el proyecto es previsiblemente inútil. Guillaume Drago, profesor de Derecho Público en la Universidad Panthéon-Assas, comenta: «A estas alturas, pretender luchar contra el terrorismo modificando la Constitución quizá no sea la solución más urgente ni necesaria».

La izquierda, «aterrada»

A la extrema derecha, Marine Le Pen, se dice dispuesta a aplaudir todas las medidas constitucionales que permitan reforzar a las fuerzas de seguridad del Estado. Al mismo tiempo, se dice «vigilante» a la hora de «aplicar» unos proyectos «todavía muy lejanos». A la extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon se dice «aterrado» ante el giro «todo policial» del presidente Hollande.

Con esos antecedentes políticos, el proyecto presidencial parece estar amenazado, antes de llegar a ser realidad. Le Figaro se pregunta, a toda página: «¿Una reforma constitucional muerta antes de nacer?».

Hollande ordenó a su primer ministro, Manuel Valls, estudiar y proponer rápidamente una reforma constitucional, sometida a un proceso legislativo de urgencia. Nada impide a los servicios jurídicos del Ministerio de Justicia redactar un primer esbozo de reforma de la Constitución, con el fin dar más poderes al Estado y sus fuerzas de seguridad para combatir el terrorismo. Ese proyecto debería debatirse y podría aprobarse ante la Asamblea Nacional. Mucho más compleja y problemática aprobación ante el Senado.

Tras salvar ese rosario de obstáculos, la reforma anunciada debiera ser aprobada con un voto del Congreso Nacional (que reúne en una asamblea única al Senado y la Asamblea Nacional). A día de hoy, la división política parece sugerir la inexistencia de la mayoría necesaria para tal aprobación.

Hollande ha ordenado a su Gobierno «seguir adelante» con su proyecto de reforma. Valls ha anunciado que está dispuesto a escuchar las proposiciones de la oposición conservadora. Nicolas Sarkozy anuncia: «No nos oponemos, por principio. Si el Gobierno asume nuestras proposiciones concretas, estamos dispuestos a apoyarlo».