Maduro encarga a Diosdado Cabello y Cilia Flores descongestionar los centros de detención
Los designados deberán resolver en 60 días el hacinamiento de 39.000 detenidos en comisarías preventivas
Una «revolución judicial» viene en camino. Así lo ordenó ayer Nicolás Maduro en Consejo de Estado al designar a los diputados Diosdado Cabello y Cilia Flores , como presidente y vicepresidente respectivamente, de una comisión especial encargada de resolver en 60 días el hacinamiento en los centros de detención preventiva.
La comisión, en la que participará también la presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como secretaria ejecutiva, Lourdes Suárez Anderson, se ocupará solo de descongestionar los centros primarios y no de todo el sistema penitenciario que presenta una superpoblación de más de 200% según estudios internacionales.
«Se la ha dado un plazo de 60 días a esta comisión especial para que solucione de manera profunda y de raíz, con justicia y sin impunidad el hacinamiento en los centros de detención preventiva del país, regularice el paso a los centros penitenciarios del país de todo el personal que esté siendo juzgado por el sistema de justicia», dijo Maduro en una alocución que transmitió la cadena Venezolana de Televisión (VTV).
«Esta comisión va a tomar las riendas de una revolución del sistema de justicia», añadió el gobernante sobre el trabajo que realizarán, al reconocer que el país necesita un mejor sistema judicial.
El diputado Diosdado Cabello , primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), prometió que en un mes visitarán los centros de detención preventiva en el país y además van a eliminar el retardo procesal.
«Hemos establecido un lapso de un mes para visitar centros penitenciarios de detención preventiva, tomar decisiones judiciales en un mes. Que en un mes podamos tener desocupados los centros de detención preventiva», afirmó.
Descongestionar los centros preventivos
Cilia Flores, la mujer de Maduro, no declaró nada sobre sus planes de descongestionar los centros preventivos.
El pasado 10 de junio durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional chavista, los parlamentarios «rojos» reconocieron el retardo procesal, el hacinamiento y las mafias que existen dentro de las cárceles del país.
El diputado chavista Pedro Carreño, presidente de la comisión de Política Interior, dijo que en los centros de detención preventiva en el país hay 38.736 personas. La cifra se distribuye en 11.659 detenidos en delegaciones y subdelegaciones del CICPC (la policía científica) en todo el país; 5.947 en sedes de la Guardia Nacional Bolivariana y 21.130 en comandos de las policías nacionales, regionales y municipales.
Maduro reiteró este lunes que «en Venezuela hace falta en esta etapa, en la construcción del nuevo Estado una revolución profunda y acelerada del sistema de justicia, que estremezca, sacuda y transforme el sistema de justicia en el país».
Según la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas (ACNUDH) «en las prisiones y cárceles de la policía en Venezuela, usadas usualmente como centros permanentes de detención, existe hacinamiento generalizado y condiciones terribles de detención. Las malas condiciones, exacerbadas por los retrasos judiciales y el uso excesivo de la detención preventiva, generan reiterados hechos de violencia y motines».
Venezuela aún no ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura con lo cual sería posible un monitoreo independiente de los centros de detención por un mecanismo internacional de protección de derechos humanos.
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